- Las autoridades del Consejo Superior Universitario (CSU) pretenden dar posesión para un segundo período como rector de la USAC a Walter Mazariegos este miércoles 1 de julio.
- Hasta hoy, tres magistrados de la CC han sido un muro de protección para que se pueda oficializar el fraude del 8 de abril, expuesto ampliamente por los opositores, a los que no se les permitió participar.
Redacción de Crónica
Hasta hoy, de poco han servido las flagrantes pruebas de fraude y la falta de finiquito que manda la ley. La CC ha servido de muro de impunidad con 3 votos… ¿Habrá resoluciones de último minuto?. Habrá intervención del Gobierno o el Legislativo?
Redacción Crónica
El reloj de arena se ha vaciado. A solo 24 horas de que se cumpla el plazo constitucional y estatutario, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) se asoma al abismo de una crisis de legitimidad institucional sin precedentes históricos. Mañana, miércoles 1 de julio de 2026, está marcada la fecha límite para que tome posesión el rector del período 2026-2030. Sin embargo, lo que debería ser un acto de alta trascendencia académica y apego al derecho, se ha transformado en el epicentro de un pulso feroz entre la legalidad fiscal y un blindaje judicial que destila el más puro aroma de la impunidad en el país.
El actual rector, Walter Mazariegos Biolis, pretende asumir este segundo mandato arrastrando una estela de irregularidades insostenibles para cualquier funcionario público guatemalteco. A pesar de las pruebas fehacientes del fraude de origen y un expediente que acumula múltiples denuncias, el impedimento más rotundo y de carácter eminentemente legal proviene de las entrañas de la fiscalización del Estado: Mazariegos no cuenta con la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, popularmente conocida como «finiquito».
La propia Contraloría General de Cuentas (CGC) ha sido tajante al confirmar que el rector bloqueó su solvencia debido a tres denuncias penales activas promovidas por el propio órgano fiscalizador tras detectar severos malos manejos financieros e irregularidades administrativas dentro del campus.
Según el artículo 4 de la Ley de Probidad y Responsabilidades, la carencia de este documento es un freno legal absoluto e inmediato para asumir cualquier cargo público de alta dirección. El andamiaje del Estado, respaldado incluso en los últimos meses por la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el grupo opositor Usac-DIRE (Dignidad y Resistencia), solicitó formalmente a los tribunales otorgar los amparos que frenarían en seco la toma de posesión ante esta flagrante ilegalidad. Pero la justicia en Guatemala se mueve con hilos de sombra.
El ex rector de la USAC y actual presidente del colegio de Ingenieros Agrónomos, Efrían Medina, declaró a Crónica que si la impunidad persiste, no queda más camino que la intervención de la casa de estudios por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo o por la vía legislativa.
La trinca para el blindaje de la CC
A pesar del peso técnico de la Contraloría, la balanza de la justicia constitucional se inclinó a favor de la impunidad política. En una serie de resoluciones express que evidencian la captura por tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), muestran hasta este martes 30 de junio que ha funcionado el muro para defender a Mazariegos.
Esos magistrados son Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera, cuyos votos han tumbado amparos previos otorgados por jueces independientes que tomaron en cuenta las pruebas de fraude presentadas por diversos grupos de oposición al rector, los que pretendían hacer valer la justicia y la propia la ley de probidad. Estos magistrados han blindado la reelección del rector bajo argumentos que muchos analistas tachan de acrobacias jurídicas.
Esta protección selectiva no solo violenta la autonomía universitaria, sino que atropella de forma directa el ordenamiento constitucional en materia de fiscalización de fondos públicos. Al amparar a un funcionario sin finiquito vigente, los tres magistrados de la CC envían un mensaje devastador para la institucionalidad del país: las reglas de transparencia aplican para todos, menos para quienes operan dentro de los círculos del pacto de impunidad tradicional.
La tensión escaló a tal nivel que, en las últimas horas de este lunes, las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar la protección perimetral de los magistrados constitucionales tras masivas protestas ciudadanas y bloqueos viales que rechazan frontalmente la validación del fraude.
La Universidad Capturada y las Próximas 24 Horas
La paradoja es mayúscula. La Carolina, la única universidad estatal, nacida para ser el faro del pensamiento crítico y la cuna de los juristas que defienden la ley, se apresta a iniciar un período bajo el mando de una figura en abierto desacato administrativo y fiscal. El Consejo Superior Universitario (CSU), controlado en su mayoría por estructuras afines a la rectoría mediante reformas reglamentarias hechas a la medida, ha preparado el escenario para forzar la juramentación, ignorando deliberadamente que están validando una anomalía legal que arrastrará a la institución a un aislamiento académico e internacional aún más profundo.
Las próximas 24 horas definirán el carácter de la República. El dilema en la USAC no es un asunto meramente académico o exclusivo de la comunidad universitaria: es el espejo de una Guatemala fracturada. Si Mazariegos asume mañana el cargo sin el finiquito de la Contraloría, se habrá consumado un hito nefasto: la confirmación jurídica de que en Guatemala el derecho constitucional de participación y las cortes ya no sirven para garantizar la justicia, sino para legalizar el fraude en la máxima casa de estudios.