- La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) tras prolongado silencio, hace llamado a nuevas autoridades para que actúen alejados “de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión”.
- Señalan que “deben hacerse auténticos esfuerzos para construir un mejor sistema de justicia en Guatemala», en alusión a la forma en que se han coludido las instituciones del sector.
Redacción Crónica
Después de meses de crisis política, confrontación institucional y creciente tensión alrededor de la justicia y la democracia guatemalteca, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) decidió finalmente pronunciarse públicamente sobre el momento que vive el país, y lo hizo con un mensaje cargado de llamados a la independencia, advertencias sobre la manipulación de la justicia y exhortaciones directas a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).
El documento, firmado por el presidente de la CEG, monseñor Bernabé de Jesús Sagastume Lemus, y el secretario general, monseñor Eddy René Calvillo Díaz, fue emitido este 13 de mayo al concluir la reunión plenaria de los obispos. El mensaje tiene un significado político e institucional especial porque representa la primera intervención pública de la jerarquía católica sobre la crisis guatemalteca en medio de uno de los períodos más convulsos y polarizados de los últimos años.
La postura episcopal contrasta con el papel mucho más activo que históricamente tuvo la Iglesia católica guatemalteca durante otras etapas críticas del país. Durante décadas anteriores, especialmente en momentos de confrontación política o deterioro institucional, los obispos solían pronunciarse con mayor frecuencia y fuerza sobre asuntos nacionales. Esta vez, sin embargo, el silencio había predominado durante buena parte del primer semestre, pese a la creciente tensión alrededor de la elección de magistrados, el futuro del Ministerio Público y las denuncias de instrumentalización de la justicia.
En el mensaje, los obispos hacen una referencia directa a las recientes elecciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad y del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García Luna. A las nuevas autoridades les piden actuar “con honestidad, sabiduría y responsabilidad” y ejercer sus funciones alejados “de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión”.
La frase no pasó inadvertida porque refleja una de las mayores preocupaciones que domina actualmente el ambiente político y judicial del país: la percepción de que las instituciones han sido capturadas o condicionadas por grupos de poder, intereses políticos o redes de influencia que han debilitado la credibilidad institucional.
“Es imperativo, para el bien de nuestra nación, que ejerzan sus funciones alejados de intereses sectoriales o dejándose influenciar por grupos de presión y se esfuercen por restablecer la confianza en las instituciones que representan”, señala uno de los párrafos más contundentes del documento.
Pero el pronunciamiento va todavía más lejos. Los obispos hacen una crítica abierta al uso de la justicia como herramienta de persecución o venganza política, un tema extremadamente sensible en Guatemala tras años de denuncias nacionales e internacionales sobre criminalización de operadores de justicia, periodistas y líderes sociales.
“Deben hacerse auténticos esfuerzos para construir un mejor sistema de justicia en Guatemala, que sea preservado de la manipulación y la inaceptable utilización de los procesos judiciales para buscar venganza contra los adversarios”, afirma la CEG. El texto agrega que esta situación ha provocado “el exilio o encarcelamiento de algunos operadores de justicia, periodistas y líderes de los pueblos originarios”.
La mención resulta particularmente relevante porque ocurre en momentos en que el país sigue dividido alrededor de la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y los constantes cuestionamientos sobre independencia judicial.
La Conferencia Episcopal también hace un llamado a las nuevas autoridades para que desempeñen su trabajo “de forma profesional y consciente”, buscando recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, profundamente deteriorada durante los últimos años.
Otro de los aspectos más llamativos del mensaje es la advertencia sobre el riesgo de que algunos órganos del Estado sean utilizados para provocar “desestabilidad en la armonía social y la democracia de nuestro país”. Los obispos señalan que las instituciones “justas y creíbles” deben convertirse en pilares de estabilidad y no en factores de división o confrontación.
“Es urgente que haya un trabajo coherente con sus funciones, sin exceder las capacidades que la Constitución les asigna, ni hacer de su labor un tropiezo en el funcionamiento de otras instituciones del Estado”, subraya el documento.
Aunque el mensaje mantiene el tono moderado y pastoral característico de la Iglesia, el trasfondo político es evidente. La Conferencia Episcopal parece estar enviando una advertencia institucional en un momento en que Guatemala atraviesa una etapa decisiva: relevo en el Ministerio Público, nueva integración de la Corte de Constitucionalidad, recientes elecciones en el TSE y fuertes disputas alrededor de la independencia judicial y la estabilidad democrática.
El documento concluye invocando a Nuestra Señora de Fátima y pidiendo oración por el papa León XIV y por Guatemala, pero deja planteado un mensaje central: la estabilidad del país dependerá en gran medida de que las nuevas autoridades judiciales y electorales actúen con independencia, prudencia y apego constitucional en una etapa marcada por la desconfianza y la polarización.