- La Fundación contra el Terrorismo ha sido un aliados estratégico de los grupos que mantienen controlado el sistema de justicia; el periodista José Rubén Zamora lo ha denunciado ante las autoridades por su actuar fuera de sus estatutos.
Redacción Crónica
El periodista José Rubén Zamora ha lanzado un desafío directo a la estructura administrativa del Ministerio de Gobernación. Tras la resolución del REPEJU que evitó cancelar la personalidad jurídica de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), Zamora presentó un recurso de revocatoria, denunciando que la decisión no fue un acto de justicia, sino un ejercicio de «formalismo cuestionable» para garantizar la impunidad.
El señalamiento: Una funcionaria bajo la lupa
El núcleo de la recusación de Zamora apunta a la subregistradora María Eugenia Contreras Mejía. El periodista no se guarda nada y fundamenta su tacha en los antecedentes de la funcionaria. Recuerda que, en 2023, siendo magistrada suplente, fue señalada por dilatar el caso Hogar Seguro al ausentarse de audiencias clave por motivos de viaje.
Para Zamora, esta «resolución carente de juridicidad» en el REPEJU no es un error administrativo aislado, sino un patrón de conducta. «No estamos ante un error, sino ante una forma de obstaculizar el acceso a la justicia», sentenció el periodista, subrayando que la funcionaria emitió un juicio de valor que simula fundamentación pero que en realidad evade el fondo: si la FCT ha utilizado su figura jurídica para intimidar y abusar del sistema judicial.
Los argumentos de la revocatoria
En el recurso presentado para que sea conocido por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, Zamora desarticula los pilares de la resolución del REPEJU:
- El escudo de la retroactividad: Zamora aclara que no pide juzgar el pasado, sino detener «conductas actuales» que contravienen la ley vigente. «El argumento de retroactividad no puede convertirse en un escudo para la impunidad», argumenta.
- Dilación deliberada: Denuncia que la solicitud fue retenida por días sin seguir el procedimiento, buscando un tecnicismo para desecharla justo antes del descanso de Semana Santa.
- Abuso de la personalidad jurídica: La tesis de Zamora es clara: cuando una organización actúa fuera de sus fines y se usa para la persecución, el Estado tiene la obligación de intervenir.
Perfil bajo la lupa: ¿Quién es María Eugenia Contreras Mejía?
Detrás de la resolución que mantiene con vida jurídica a la Fundación contra el Terrorismo se encuentra una figura que no es ajena a la controversia en el sistema de justicia guatemalteco. La hoy subregistradora del REPEJU, María Eugenia Contreras Mejía, carga con un historial de actuaciones que han sido cuestionadas por su impacto en procesos de alta sensibilidad social.
1. El antecedente «Hogar Seguro»: En 2023, mientras se desempeñaba como magistrada suplente, su nombre saltó a los titulares no por su agilidad jurídica, sino por lo contrario. Fue señalada por dilatar el proceso penal del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción —la tragedia donde murieron 41 niñas bajo custodia del Estado—. En un momento crítico del proceso, Contreras Mejía se ausentó de una audiencia clave alegando motivos de viaje, lo que provocó un nuevo retraso en la búsqueda de justicia para las víctimas.
2. El salto al REPEJU: Su transición desde las magistraturas suplentes hacia un puesto administrativo clave en el Ministerio de Gobernación ha sido vista por analistas como un movimiento estratégico. Desde su actual posición, tiene el poder de decidir sobre la existencia legal de todas las ONG y fundaciones del país, incluyendo aquellas señaladas de instrumentalizar el sistema judicial para la persecución política.
3. El «yo jurídico» frente a Zamora: En su reciente resolución contra la solicitud de José Rubén Zamora, la funcionaria ha sido señalada de emitir un «juicio de valor» en lugar de una fundamentación jurídica. Al refugiarse en el tecnicismo de la «no retroactividad», evitó entrar a conocer la evidencia de las acciones actuales de la FCT. Para Zamora y su defensa, Contreras Mejía ha vuelto a aplicar la misma receta que en el pasado: utilizar el procedimiento para asfixiar el fondo de la justicia.
La última palabra la tiene el Ministro
Zamora ha manifestado públicamente su confianza en el criterio y el respeto a la ley que ha mostrado Marco Antonio Villeda Sandoval, el actual Ministro de Gobernación. Al elevar el caso a una revocatoria, la responsabilidad de decidir si la FCT sigue vigente o no, sale del nivel administrativo del Registro y entra en el despacho ministerial.
«Si la ley existe pero no se aplica, deja de ser Estado de Derecho», concluye Zamora. Ahora, el país observa si el Ejecutivo se atreverá a tocar a una organización que, según la denuncia, ha instrumentalizado la justicia para perseguir a voces críticas.
Sin respuesta
Por Crispino Picón Rojas
- ¿Será que la subregistradora Contreras Mejía confunde la «seguridad jurídica» con la «seguridad de los perseguidores»?
- ¿Desde cuándo el REPEJU tiene atribuciones para emitir juicios de valor en lugar de aplicar la normativa sobre la cancelación de entidades que violan sus fines?
- ¿Logrará el recurso de revocatoria despertar al Ministerio de Gobernación del letargo administrativo en el que se refugió el Registro?
- ¿Pesará más el derecho a la justicia de Zamora o los hilos invisibles que aún parecen mover ciertas oficinas del Mingob?