- Congreso se empantana, la CSJ apuesta por continuidad y Consuelo Porras queda fuera del juego; ejecutivo a la expectativa con buenos candidatos
Redacción Crónica
La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad (CC) se ha convertido en un un auténtico campo de batalla en el que no es fácil anticipar que fuerza saldrá con mayor cuota de poder, aunque lo que sí está claro es que el Congreso de la República y su elección de magistrados es la clave principal en estos momentos.
La disputa abierta por el control del tribunal que, en la práctica, funciona como árbitro final de las grandes decisiones políticas del país, se ha convertid en una intensa lucha entre fuerzas democráticas que buscan que la justicia recupere su independencia, y quienes desean mantener un «sistema» que ha propiciado corrupción e impunidad para sectores, lógicamente, antidemocráticos.
El episodio más visible ocurrió en el Congreso, donde la elección del magistrado titular y suplente que corresponde al Legislativo ni siquiera pudo comenzar. La Junta Directiva canceló la plenaria al no poder integrarse formalmente por la ausencia de varios secretarios, lo que impidió abrir la sesión pese a que más de 135 diputados se encontraban en el hemiciclo.
El foco de esta batalla se centró en la intención de un grupo para reelegir al magistrado Roberto Molina Barreto, cuestionado incluso por el presidente Bernardo Arévalo, quien le calificó junto a Consuelo Porras como «personas no éticas» que intentan retener inmunidad y poder en los procesos eleccionarios de instituciones del sector justicia.
El desorden posterior —gritos, reclamos y acusaciones entre bancadas— dejó claro que detrás del aparente problema administrativo existe una realidad política mucho más profunda: no hay todavía un acuerdo suficiente para definir quién representará al Congreso en la llamada “corte celestial”.
Queda en el ambiente la duda sobre los rumores que se dieron sobre un supuesto «apoyo» de la embvajda a Molina Barreto, luego del mensaje del encargado de negocios de la sede diplomática, John Barrett, quien salió a desmentir tan situación en su cuenta de X:
La Corte de Constitucionalidad no es un tribunal cualquiera. Sus resoluciones pueden marcar el rumbo de elecciones, reformas, procesos judiciales y crisis institucionales. Por eso, cada designación es en realidad una pieza dentro de un tablero mayor donde confluyen intereses políticos, jurídicos y económicos.
Mientras el Congreso mostraba sus divisiones, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión que apunta en la dirección opuesta: apostar por la continuidad del sistema. Los magistrados reeligieron por unanimidad a Dina Josefina Ochoa Escribá como magistrada titular ante la CC y designaron a Claudia Paniagua como suplente.
El mensaje es claro. En medio de un proceso de integración marcado por tensiones políticas, el Organismo Judicial optó por una fórmula conocida que garantiza estabilidad dentro del tribunal constitucional. Los analista ven que con la elección del CANG, la USAC y la CSG, la fuerzas se inclinan por un voto a fvor de los grupos calificados de «antidemocráticos. El Congreso y el Ejecutivo faltan en sus nombramientos para tener a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Pero quizá el movimiento más significativo del día fue el que no ocurrió.
La fiscal general María Consuelo Porras buscaba un asiento en la Corte de Constitucionalidad, una magistratura que le habría otorgado no solo influencia en el tribunal, sino también un blindaje político y jurídico por los próximos cinco años. Sin embargo, su candidatura no logró respaldo suficiente en los procesos de designación que intentó.
El doble fracaso revela algo más que una derrota personal: muestra que antiguos aliados dentro del sistema que ha dominado el aparato de justicia durante años ya no están dispuestos a apostar por su continuidad en otro espacio de poder.
En política, a veces el dato más importante no es quién gana, sino quién deja de ser indispensable.
La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad todavía no está completa. Faltan designaciones clave, entre ellas la del Congreso y la del Consejo Superior Universitario. Sin embargo, lo ocurrido en las últimas horas permite anticipar que el proceso no será una simple formalidad institucional.
Cada nombramiento redefine alianzas, redistribuye poder y anticipa el escenario político de los próximos años.
Por ahora, el tablero comienza a ordenarse: el Congreso sigue empantanado, la Corte Suprema apuesta por continuidad y una de las figuras más controvertidas del sistema de justicia queda fuera del tribunal al que buscaba llegar.
La llamada “corte celestial” vuelve a demostrar por qué, en Guatemala, la integración de la Corte de Constitucionalidad nunca es solo un asunto jurídico.
Es, sobre todo, un asunto de poder.