- El 20 de marzo deben asumir los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral; el 14 de abril se renueva la Corte de Constitucionalidad; y el 17 de mayo asume nuevo fiscal general. Todas esas instituciones están ahora en partidas disputadas, pero cada una parece caminando dentro de un auténtico laberinto. ¿Hay salida para todas? No es fácil la respuesta.
Análisis de Crónica
Guatemala no atraviesa un simple relevo institucional. En este momento se libra una disputa frontal por el control del sistema de justicia. Y cuando la justicia se convierte en terreno de batalla, la democracia deja de ser una garantía y pasa a ser una incógnita.
Hoy coinciden tres procesos decisivos: la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la designación del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, y la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
Tres escenarios distintos, pero a la vez interconectados por un sistema de elecciones que da muestras de agotamiento. Un mismo objetivo en juego: quién tendrá la capacidad de influir en el poder constitucional, la persecución penal y los próximos dos procesos electorales a nivel nacional (2027 y 2031)
No es una exageración retórica. Es un momento crucial, con mucho en juego para la democracia misma.
Un sistema ya tensionado
Guatemala llega a este punto con antecedentes claros. Desde 2021, más de 45 exfiscales, jueces y operadores de justicia han salido al exilio, así como cerca de una decena de periodistas y varios operadores de derechos humanos, mientras se ha encarcelado a periodistas como José Rubén Zamora y a los dirigentes indígenas Luis Pacheco, Héctor Chaclán y Esteban Toxai, todos ejemplo de la criminalización que la justicia hace de aquellos que están en contra de la corrupción y a favor de la democracia.
El periodista Zamora, fundador del desaparecido elPeriódico, permaneció más de tres años en prisión preventiva en procesos señalados por la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH y por organismos europeos como ejemplo de persecución judicial y criminalización sin bases de prueba.
El Ministerio Público, bajo la conducción de Consuelo Porras Argueta, ha sido señalado por Estados Unidos —a través de la Lista Engel— y por la Unión Europea como actor que socava la democracia y el Estado de Derecho.
Por si fuera poco, en su afán por demostrar que hubo un fraude inexistente, el MP debilitó a un TSE que pronto debe cambiar de autoridades, con una brecha por cubrir muy grande antes de los comicios de 2027.
Este es el contexto en el que se disputan ahora tres elecciones clave.
Primer tablero: el Tribunal Supremo Electoral
El primer golpe se dio en la Comisión de Postulación para magistrados del TSE, encabezada por el cuestionado rector de la USAC, Walter Mazariego. Esta pequeña postuladora, dominada por lo que se llama fuerzas oscuras antidemocráticas, entregó al Congreso de la República una nómina de 20 aspirantes grises o mediocres para elegir cinco titulares y cinco suplentes.
La elección por los diputados, que se debe realizar en los primeros días de marzo, deja poco margen para corregir el pobre trabajo de los miembros de la postuladora, que excluyó a buenos candidatos para escoger una lista que, incluso, ha sido vetada por la embajada de Estados Unidos, por considerar que se corre el riesgo de abrir la puerta al crimen organizado.
Observadores como Guatemala Visible y analistas han señalado que entre los 20 propuestos, no hay ninguno que tenga una trayectoria digna para llegar a un cargo tan importancia y de tanta responsabilidad.
Un TSE débil no es un problema administrativo. Es un problema democrático. Un árbitro electoral sin fortaleza abre la puerta a conflictos futuros.
Aunque no se descartan impugnaciones y resoluciones judiciales de último momento, pareciera que el primer tablero fue ganado por las fuerzas antidemocráticas.
Segundo tablero: la candidatura de Consuelo Porras
Este tablero no ha estado exento de controversias desde que la partida principió.
La decisión de Consuelo Porras de postularse nuevamente como fiscal general sorprendió por lo evidente: el presidente Bernardo Arévalo ha tenido incontables comentarios sobre su papel y vinculación con la corrupción y es imposible pensar que podría nombrarla. De hecho, el mandatario calificó de “burla al pueblo” que presentara su papelería en la Comisión de Postulación para fiscal general.
¿Por qué entonces inscribirse?
El proceso de postulación está a cargo de una Comisión integrada por representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y las facultades de Derecho del país. La Comisión modificó recientemente su tabla de gradación tras cuestionamientos públicos, porque se hizo evidente que intentaban manipular el proceso para favorecer a ciertos aspirantes y quitar del camino a otros.
En círculos de analistas se habla de que la participación de Porras puede ser solamente una cortina de humo o, quizás, la preparación para alguna impugnación que entrampe el nombramiento de su sucesor(a).
El interés oculto puede ser el de plantear una serie de acciones judiciales y amparos para judicializar el proceso completo. El fin podría ser que la fiscal Porras pueda así prolongar su control a lo interno del MP.
Porras debe dejar el cargo el 17 de mayo por mandato constitucional, pero mantener cuadros estratégicos dentro del MP significaría retener alto grado de poder e influencia, aún fuera de su oficina de Gerona.
En todo caso, la Comisión de Postulación debe enviar al presidente Arévalo una lista, de la que él escogerá, en Consejo de ministros, al nuevo fiscal general. El problema es que, si la lista llega con candidatos grises, poco se puede esperar, aunque peor que lo que hay es imposible que surja de esta elección de segundo grado.
Tercer tablero: la Corte de Constitucionalidad
La integración de la CC es el núcleo del conflicto.
Cinco magistrados, designados por cinco instituciones diferentes, decidirán el equilibrio constitucional del país. Tres votos bastan para dominar la interpretación final de la Constitución y resolver en última instancia prácticamente todos los conflictos jurídicos trascendentales del país.
En el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), fue el primero en designar a la abogada Astrid Lemus (titular) y Fernando Bermejo (suplente), quienes ganaron la magistratura por medio de una votación que el MP y las fuerzas antidemocráticas intentaron torpedear desde un inicio. Ambos representan una línea independiente y tienen reconocida honorabilidad en el gremio de abogados.
La CC, como parte de la cooptación de la justicia, impidió que en esa elección votaran, como lo han hecho los últimos cuarenta años, los profesionales de carreras afines adscritos a dicho colegio, pensando que así podrían hacer que su candidato, Estuardo Gálvez, resultara ganador.
Ahora, el MP busca cualquier asidero para declarar que hubo fraude en el proceso, lo mismo que vanamente ha intentado por tres años en el caso de las elecciones generales.
En la USAC bajo la batuta y con los amaños del rector Mazariegos, la designación fue para una abogada fiel a la línea oficial de la casa de estudios, Julia Rivera Aguilar (titular) y José Luis Aguirre. Sin embargo, la designada magistrada presentó papelería con anomalías y esta elección también podría ser objetada.
En teoría, si se confirman estas dos nominaciones, la lucha por el control de la CC estaría entonces en un empate (1-1) en cuanto a votos favorables para las fuerzas democráticas y las antidemocráticas.
Faltan entonces la Corte Suprema de Justicia (CSJ) –presidida ahora por Claudia Paredes–, quien deberá nombrar otro magistrado a la corte celestial.. Aquí vuelve a sonar una candidatura de Consuelo Porras, en su desesperación por continuar con una importante cuota de poder e inmunidad.
Sea Porras o cualquier otro abogado, no cabe esperar más que otro voto para las fuerzas antidemocráticas que han mantenido atada a la justicia durante los últimos tiempos.
La lista de candidatos más calificados –profesionalmente y en honorabilidad– la tiene en sus manos el presidente Arévalo, por lo que se podría suponer que, si de un partido de fútbol se trata, se estaría empatando a dos para cada bando.
Queda entonces al Congreso decidir lo que será la futura CC. El problema es que no son fáciles de medir las fuerzas entre las bancadas, pues cuando hay grandes intereses en juego, el movimiento de diputados hacia uno u otro lado es significativo.
El Legislativo es pues, el fiel de la balanza en este crucial y determinante tablero. Las fuerzas antidemocráticas –que han perdido terreno en el pleno– podrían perder esta partida, pero no se puede cantar victoria hasta que se produzca el jaque mate.
Esta es la batalla que decidirá en gran medida que tanto se recupera del sector justicia, pues hay que recordar que la CC termina siendo el árbitro supremo de amparos, impugnaciones electorales y controversias entre poderes. Controlarla es controlar la última palabra.
En conclusión
Desde que está vigente la Constitución (1985) y los años subsiguientes, nunca se habían producido de manera simultánea tres elecciones de segundo grado en instituciones clave para la democracia. Esto quiere decir que está en juego gran parte de la institucionalidad del país y, sobre todo, la independencia del sector justicia.
Todo indica que la primera partida –o batalla, como quiera llamársele–, la de nuevo TSE, se ha perdido y cuando el Congreso realice la elección entre la lista de grises u oscuros candidatos que envió la comisión de postulación, no habrá más que aumentar la vigilancia de la ciudadanía, porque de los partidos políticos, poco puede esperarse.
Sobre la elección de fiscal general, hay que esperar esa lista de los seis finalistas para saber si hay alguien rescatable, que pueda terminar con las persecuciones políticas, la criminalización y el abuso de poder para favorecer la corrupción y mantener la impunidad selectiva.
Aquí, cualquier escenario puede significar una mejoría sobre lo existente.
Finalmente, el futuro de la la joya de la corona, la CC, está en este momento como una moneda en el aire: si cae cara con la designación del Congreso, todo se irá por la borda, pero si es escudo, las cosas pueden verdaderamente cambiar, aunque no sea todo lo fácil que se deseara.
El laberinto
Impugnaciones, amparos, denuncias de fraude, judicialización constante. Cada tablero influye en el otro.
Una CC inclinada puede alterar la elección del fiscal general.
Un MP alineado puede perseguir a quienes cuestionen el TSE.
Un TSE débil puede producir crisis electorales que luego terminarán en la CC.
Es un sistema circular. Un laberinto institucional en el que cada salida conduce a otro conflicto.
Guatemala no vive una transición tranquila. Vive un punto de inflexión.
Tres elecciones.
Un solo poder en disputa: la justicia.
Y cuando la justicia está en juego, la democracia entera queda suspendida sobre una balanza que aún no termina de inclinarse.