- Tras fracasar en su intento por llegar a la Corte de Constitucionalidad por medio de la USAC, la fiscal general se aferra a la última oportunidad: esta vez por medio de la Corte Suprema de Justicia.
En los pasillos del Ministerio Público (MP), el ambiente se ha tornado espeso. La seguridad de hierro y la imagen de control absoluto que suele proyectar la Fiscal General, María Consuelo Porras, parecen mostrar fisuras. Fuentes internas confirman que la jefa del MP atraviesa días de profunda inquietud. La razón: el tiempo se agota y el blindaje que hoy la protege tiene fecha de caducidad.
En un movimiento estratégico, pero cargado de urgencia, Porras ha presentado su papelería como aspirante a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC) a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo hizo «sin bulla», intentando evitar el desgaste mediático, pero el mensaje es claro: la Fiscal General está en busca de un salvavidas jurídico que le garantice otros cinco años de inmunidad y poder.
El fantasma del fracaso en la USAC
Esta no es la primera vez que Porras busca refugio en la máxima corte del país. Hace apenas una semanas, intentó la misma vía a través del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC). En aquel momento, la apuesta parecía segura; se creía que su aliado y hasta protegido, el rector Walter Mazariegos, operaría a su favor.
Sin embargo, el resultado fue una humillación política: la Fiscal General no obtuvo ni un solo voto a favor. El desaire del CSU marcó el inicio de una etapa de aislamiento para Porras, evidenciando que incluso sus aliados más cercanos comienzan a verla como un activo tóxico del que prefieren marcar distancia.
Mayo de 2026: El abismo de la inmunidad
La urgencia de Consuelo Porras no es gratuita. Si no logra ser designada por la CSJ para integrar la CC, en mayo de 2026 perdería la placa, el cargo y, lo más importante, el antejuicio que la mantiene a salvo de las múltiples denuncias en su contra.
Pasar de la jefatura del MP a una magistratura en la CC no es solo un ascenso jerárquico; es la única forma de transmutar su actual inmunidad por una nueva, evitando así enfrentar a una justicia que ella misma ha tensado al máximo. Sin ese «salvavidas», Porras quedaría a merced de los tribunales en un contexto político donde su principal adversario ocupa la Presidencia.
El choque con Arévalo y la «misión imposible»
La relación con el presidente Bernardo Arévalo ha sido de choque frontal. Desde los intentos por anular los resultados electorales de 2023 hasta la negativa de Porras de asistir a las citaciones del Ejecutivo, la confrontación ha sido total.
LEE ADEMÁS:
En un gesto que muchos analistas califican de distractor o incluso como una estrategia con fines oscuros, Porras también presentó papelería para postularse a un tercer mandato consecutivo como Fiscal General. No obstante, dentro y fuera del MP se sabe que esto es una «misión imposible». Aunque lograra colarse en la lista de seis finalistas que la Comisión de Postulación envíe al Ejecutivo, es de conocimiento público que Arévalo jamás estamparía su firma para nombrarla de nuevo. Sólo quedaría la vía de una impugnación, que tampoco parece tarea sencilla.
Una historia marcada por sanciones
El historial de Porras pesa en su contra. Sancionada por más de 40 países, incluida en la Lista Engel de Estados Unidos como «actriz corrupta y antidemocrática» y sancionada por la Unión Europea, su figura representa el epicentro de la crisis institucional que ha vivido Guatemala en los últimos años.
Hoy, la CSJ tiene en sus manos la decisión de darle el oxígeno que necesita o dejar que su ciclo político termine con su mandato en el MP. Para Consuelo Porras, la magistratura en la CC no es una aspiración académica o profesional; es, literalmente, su última línea de defensa antes de que el invierno judicial la alcance.