Expresión que suele decirse cuando hay una metida de pata, o cuando se hace algo que no se debió haber hecho…«
Crispino Picón Rojas
Era el año 2023 en los últimos días de febrero, sí ese mes que todos llamamos loco, cuando se le ocurrió al fiscal Rafael Curruchiche la brillante idea de arremeter contra más periodistas derivado del caso contra José Rubén Zamora, a quien a puro tubo han mantenido durante más de tres años en el tambo, sin poder probarle ninguna de las acusaciones en su contra.
Pues bien, por aquellos días, Corrupchiche –como se le conoce a lo interior del MP, en dónde se burlan mucho de él– se juntó con Jimi Bremer –por cierto, ¿por qué, siendo abogado, nunca cambió su nombre para escribirlo bien? –, uno de los jueces pactados para atender casos especiales y dar resoluciones a la medida de fiscalía Contra la Impunidad (FECI). El tema: dar otro golpe a la prensa independiente y enviar un mensaje a todos los periodistas para que se ahuevaran de escribir sobre este y otros casos paradigmáticos.
Por supuesto, no se trataba de discutir con él si había o no delitos, simple y llanamente era para ordenarle que procediera con criminalizar a ocho periodistas del desaparecido diario elPeriódico, porque así se enviaría un mensaje a todo el gremio periodístico. Que sepan esos periodiqueros que quien se mete con nosotros la paga, le dijo el fiscal al juez. Dicho y hecho.
Tras una de las muchas audiencias manipulada por Bremer, intercambiaron ojitos con Corrupchiche, quien se encontraba en la sala, y entonces la útil fiscal Cinthia Monterroso le entregó un voluminoso archivo de publicaciones de los periodistas, a quienes acusó de conspiración para obstruir la justicia, por criticar a jueces y fiscales.
En aquel momento pareció que Bremer y su familia hubieran sido agravados. Se indignó tanto, que se le olvidó lo poco que aprendió en su dudoso doctorado de derechos constitucional y emitió su resolución para que se investigara a los periodistas implicados en delitos graves.
Así fue como la FECI pudo armar el caso en contra de la directora de elPeriódico, Julia Corado, Denis Aguilar, Gerson Ortiz, Édgar Gutiérrez -actual embajador de Guatemala en México–, Alexander Valdez, Ronnie Alexander Ríos, Cristian Vélix, y Gonzalo Marroquín Godoy, director de Crónica y expresidente de la SIP.
Pero poco duró la felicidad al fiscal. Aunque el proceso ha sido largo, en cada instancia le ha caído una gran penqueada a la FECI.
Primero fue la jueza Aurora Gutiérrez, quien prácticamente le dio al pobre juez Bremer una cátedra de derecho constitucional, al recordarle que la labor periodística está protegida por el artículo 35 de la Constitución de la República y la Ley de Libre Expresión del Pensamiento, de carácter constitucional, la que establece el mecanismo para procesar a periodistas.
El artículo 35 de la Constitución, que Bremer evidentementeno leyó en su doctorado, dice entre muchas cosas más que las publicaciones que denuncien o critiquen a funcionarios públicos por actos realizados en el ejercicio de sus cargos no constituyen delito ni falta. En todo caso, establece que cualquier proceso contra periodistas o medios, debe ser conocido por un tribunal de imprenta, y no por la vía penal.
¿Incurrió Bremer en el delito de prevaricato? ¡Por supuesto que sí!, pero nadie en el OJ toca a los amigos del MP, como se les conoce a los jueces coludidos con las fiscalías.
Pero la cosa no quedó ahí. La FECI, como siempre, apeló la resolución de la jueza independiente, y entonces es una Sala de Apelaciones la que conoce el caso. Y ¿Qué creen?, ratificó el fallo, porque no quedaba otra. Nueva apelación, pues a puro tubo querían amedrentar a la prensa en general. Dos amparos se disparó Corrupchiche: uno ante la CC y otro ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El primero ya lo perdió, porque la CC no podía ir contra la propia Constitución, porque era más que evidente.
El otro sigue pendiente y pronto se hablará de él y se conocerá en vista pública.
Lo que parecía un casito, se ha convertido en toda una batalla legal entre las fuerzas antidemocráticas que pretenden amordazar a la prensa y los periodistas comprometidos con la búsqueda de la verdad, con la información y el servicio a la sociedad.
¡Híjuela! Gran chorreada de la FECI y el útil –para ellos– juez Bremer. En cada paso de este proceso quedan las huellas de fiscales y jueces coludidos para silenciar a los guatemaltecos.
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