- Finalmente el Ministerio Público (MP) reconoce que no había indicios para perseguir a uno de los jueces más emblemáticos de la justicia guatemalteca
- El togado tuvo que salir al exilio y sobrevivir en condiciones adversas que afectaron a su familia, su salud, economía y tsruncaron una brillante carrera profesional.
Uno de los jueces independientes más destacados en la historia reciente de la justicia guatemalteca tuvo que salir al exilio, perseguido injustamente por el Ministerio Público (MP), que finalmente tuvo que reconocer que no hay materia y ha pedido el cierre del caso.
Como ha sucedido con muchos de los casos montados por el MP y la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), la investigación contra el juez Gálvez se inició para removerlo del cargo que desempeñaba como Juez de Mayor riesgo «B», un tribunal que conoció los casos más importantes destapados en la fugaz etapa de la guerra contra la corrupción en Guatemala.
Gálvez estuvo a cargo de múltiples casos que marcaron un antes y después en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala: entre ellos La Línea –que involucró al expresidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti– Cooptación del Estado, Diario Militar, Sepur Zarco, y otros calificados como de «Alto Impacto».
En cada uno de ellos se mostró como un juzgador que aplicaba estrictamente la ley, pero siempre justificaba ampliamente sus fallos y resoluciones, lo que le valió el reconocimiento de la sociedad guatemalteca, medios, el gremio de abogados y jueces, así como de la comunidad internacional.
No por coincidencia, sino por la forma en que ha sido cooptado el sistema de justicia en Guatemala, todos los que actuaron en contra del juez Gálvez, –la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche, jueces, cortes y los dirigentes de la FCT (Fundaterror)– han sido señalados y/o sancionados por varios países que los califican de «corruptos y antidemocráticos».
Persecución política: cómo ocurrió y quiénes estaban detrás
Desde mayo de 2022, la Fundación Contra el Terrorismo , liderada por Ricardo Méndez Ruiz, lanzó campañas públicas contra Gálvez, exigiendo en declaraciones públicas y redes sociales que lo verían “preso o exiliado”. Luego, el MP –bajo el mando de la fiscal general Consuelo Porras– abrió procesos penales y pidió retiro de inmunidad, respaldado por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, sin sustento probatorio real.
Este fue un modelo ya visto con otros jueces, fiscales y periodistas críticos ante la corrupción, muchos de los cuáles tuvieron que salir al exilio o se encuentran en prisión, como es el caso del periodista José Rubén Zamora, en prisión desde hace tres años, sin que hasta el momento se haya probado ninguna acusación en su contra.
El entonces juez G´lvez tuvo que salir el ex
Hostigamiento, amenazas y exilio forzado
Los ataques y hostigamiento contra el juez Gálvez incluyeron denuncias maliciosas (28 solo entre mayo y noviembre de 2022), seguimiento físico, vigilancia y hasta fotografías tomadas mientras almorzaba con su hijo como estrategia de intimidación.
Aun con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el Estado de Guatemala no las cumplió durante la administración del presidente Alejandro Giammattei. Ante este marco hostil, Gálvez solicitó asilo y renunció en noviembre de 2022 desde el exilio .
¿Por qué el MP tuvo que dejar la persecución?
- Ausencia de soporte legal sólido: Los procesos del MP carecían de pruebas técnicas sólidas. Las acusaciones partían de narrativas impuestas por la FCT sin respaldo jurídico; no hubo evidencias objetivas que justificaran penas ni responsabilidades .
- Exposición internacional y presión de organismos: La CIDH y otros organismos de derechos humanos denunciaron la instrumentalización del MP y la vulneración a la independencia judicial como parte de una estrategia política contra operadores de justicia independientes .
- Causas internas y desgaste del MP ante otras instituciones, en donde se consideró que la persecución contra Gálvez erosionaba la «causa», sobre todo, por el daño físico, emocional ,profesional y económico que causaba –sin sustento– la persecución contra un juez digno.
Según ha trascendido, la salud del juez Miguel Ángel Gálvez sufrió desgaste emocional y económico. Desde el exilio enfrentó precariedad, problemas de salud y la pérdida de su posición profesional y prestigio.
El gremio legal nacional e internacional reconoce sus cualidades: ha sido visto como símbolo de independencia judicial, y su trabajo en casos de genocidio y corrupción nacional ha sido considerado un ejemplo en la región .
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Panorama general y lectura política
La persecución contra Miguel Ángel Gálvez fue emblemática del colapso institucional guatemalteco entre 2021 y 2022: un sistema judicial capturado por intereses políticos que criminalizaron a jueces vinculados con la anticorrupción. La alianza entre la Fiscalía General de Consuelo Porras, la FCT y el silencio cómplice de otras cortes creó una máquina de exclusión selectiva que afectó también a jueces como Érika Aifán, fiscales como Juan Francisco Sandoval o exmagistradas como Gloria Porras .
Sin embargo, la exposición pública, la atención de organismos internacionales y el soporte social difundido por medios independientes terminaron por aislar esa estrategia persecutoria, dejando al MP sin capacidad real para sostener casos frágiles frente a la opinión nacional e internacional.
Al solicitar el MP que se cierre el caso contra el juez Gálvez, no se trata del reconocimiento de un error, sino de una reacción ante las presiones por la salud del exjugador, en momentos en que se debilita, pulatinamente, la fiscalía general.
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