- Los diputados ganaran más de Q45 mil mensuales y tendrán derecho a indemnización.
- Jornada parlamentaria en la que se vio una gran movilización de votos a favor del oficialismo.
El Congreso de la República vivió una sesión acalorada el martes, cuando 127 diputados votaron a favor de modificar la Ley del Crimen Organizado, utilizada por el Ministerio Público para perseguir a miembros del oficialista Movimiento Semilla, cuya bancada –aún no reconocida por suspensión–, celebró la victoria, en una sesión en la que además los diputados se recetaron un aumento salarial sustancioso.
Desde el pasado fin de semana se sabía de los esfuerzos del oficialismo por conseguir los votos para reformar la ley y permitir que el Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo, sea nuevamente reconocido como partido político, en medio de la persecución que lleva a cabo contra esa organización el Ministerio Público (MP), con resoluciones emitidas por el juez Fredy Orellana, a quien se señala de colusión con el ente fiscal.
La sesión estuvo marcada por un debate tenso, en el cual varios legisladores defendieron la necesidad de fortalecer herramientas legales para combatir estructuras criminales. Sin embargo, otros señalaron que la redacción de la ley abre peligrosamente la puerta a abusos, incluyendo la persecución política. En la reforma se excluyó a los partidos políticos como grupos a ser perseguidos con dicha ley.
Con 128 votos a favor, la reforma le permitirá al partido del Gobierno recuperar los derechos que establece la ley como agrupación política dentro del Congreso, incluyendo la posibilidad de presidir el Parlamento.
Los 23 diputados del partido oficial fueron obligados a funcionar como un grupo independiente en el Congreso, sin los privilegios de presidir comisiones, integrar la Junta Directiva o contratar asesores como bloque legislativos, por una decisión calificada en su momento como «arbitraria » por el juez Orellana, uno de los juzgadores más señalados por sus acciones calificadas de ser «corruptas y antidemocráticas» por el gobierno de Estados Unidos, que lo incluyó en la Lista Engel.
«Esta reforma nos permitirá recuperar nuestros derechos como bancada», dijo el líder del grupo parlamentario del Movimiento Semilla, Samuel Pérez Álvarez.
El juez Orellana ordenó este en enero de este año la suspensión del Movimiento Semilla por un supuesto caso de firmas falsas para su conformación, aunque la acción fue calificada como persecución judicial de parte del MP y la oposición tras el triunfo en las elecciones presidenciales de 2023 del actual gobernante, Bernardo Arévalo de León. La reforma contempla que las organizaciones políticas pueden ser investigadas y eventualmente suspendidas por el Tribunal Suprema Electoral (TSE).
La reforma de ley entrará en vigencia tras su publicación en el diario oficial tras ser avalada por el presidente guatemalteco, lo que espera suceda en los próximos días.
Varios miembros de Semilla han han sufrido una persecución judicial e incluso algunos han sido encarcelados y procesados por parte del MP desde que ganaron sorpresivamente las elecciones presidenciales en 2023.
Diputados ganarán más
En la misma sesión, el pleno del Congreso aprobó su presupuesto para el ejercicio 2025, el cual incluye un aumento salarial significativo para los diputados, que ahora recibirán un sueldo equivalente al de magistrados de Sala.
Aunque no se estableció específicamente el monto del aumento, se dijo que los diputados ganarán ahora lo que gana un magistrado de sala, una cantidad que asciende a Q46 mil aproximadamente, es decir un incremento considerable por devengar ahora un salario de aproximadamente Q29 mil mensuales.
Además, en el acuerdo aprobado por los legisladores, se aprobó que también gocen de indemnización y prestaciones al término de sus cuatro años de labores.
Además, el presupuesto aprobado por el Legislativo asciende a Q1,464 millones, un incremento sustancial respecto al del año anterior, precisamente por el incremento salarial de los diputados.
La medida ha generado críticas por parte de sectores sociales y partidos de oposición, quienes consideran el aumento como injustificado en un contexto de necesidades sociales no resueltas. También han señalado la falta de transparencia en la aprobación del presupuesto, destacando posibles impactos negativos en la ejecución pública y el descontento generalizado ante el uso de recursos en el Congreso.