| … el informe preliminar de la CIDH, después de su Visita In Loco a Guatemala, es bastante claro y contundente respecto del MP y el Congreso, llegando a decir la relatora Andrea Pochak que: «Lo que ocurre en Guatemala es paradigmático, y con esta crudeza, no lo hemos visto en otro país de la región. Guatemala ha sido el país más observado y visitado por la CIDH…» A pesar que la mayoría de señalamientos se refieren a los gobiernos de Jimmy y Giammattei, el actual no se salva de algunos |
La polarización se ha vuelto endémica en el país; presidencia y fiscalía general siguen captando la atención de los medios de comunicación en un forcejeo que termina por seguir debilitando la poca institucionalidad que todavía queda en Guatemala. En este sentido, siguen siendo válidos los escenarios prospectivos que he escrito en mis columnas anteriores.
En los sucesos de la semana recién pasada debe destacarse una ofensiva del Ejecutivo, con abierto apoyo del gobierno estadounidense, en la que se sigue cercando a la señora Consuelo Porras desde el plano internacional. El caso revelado por la SAT (B-410) tiene manufactura cooperativa del gobierno norteamericano, tal y como sucedía con el FBI y la CICIG, lo cual, significa en términos prácticos, una fuerte presión para el MP, ya que incluso, la SAT se erigió en querellante adhesivo en este caso. Así mismo, la visita del embajador Tobin Bradley, mostrando apoyo al ex fiscal Estuardo Campo, fue un claro mensaje sobre la posición de EEUU hacia la criminalización de operadores de justicia.
La acción más contundente fue la petición de abogadas y abogadas, jueces y fiscales de derechos humanos de América Latina y el Caribe, para que se expulse del MP a la actual fiscal, señalándola de haber convertido a la fiscalía en un instrumento de persecución política, poniendo en riesgo el Estado de derecho. En el mismo sentido, desde las cuentas oficiales de X (anterior twitter) se muestra una línea continua de funcionarios norteamericanos apoyando al actual gobierno de Bernardo Arévalo, entre lo que destaca, la pérdida de visa de tres magistrados suplentes de la CC por el caso de Jorge Mondal en el Bantrab.
Por su parte, el informe preliminar de la CIDH, después de su Visita In Loco[i] a Guatemala, es bastante claro y contundente respecto del MP y el Congreso, llegando a decir la relatora Andrea Pochak que: «Lo que ocurre en Guatemala es paradigmático, y con esta crudeza, no lo hemos visto en otro país de la región. Guatemala ha sido el país más observado y visitado por la CIDH…» A pesar que la mayoría de señalamientos se refieren a los gobiernos de Jimmy y Giammattei, el actual no se salva de algunos.
En sintonía con la polarización mencionada supra, en el sector justicia, el juez Fredy Orellana continúa asediando al TSE para que se cancele en definitiva al partido Movimiento Semilla, actualmente suspendido, sin tener los fundamentos ni legales ni morales para hacerlo.
Con respecto a la elección de magistrados, la dinámica del proceso ha bajado en intensidad, por lo que ahora la atención se concentra en la peligrosa premura con la que deben elegir, pues el deadline para presentar la lista al Congreso está muy cerca. Por cierto, en este proceso, se debe estar muy atento pues una de las triquiñuelas usadas es que se excluye a uno o más rufianes para despistar, mientras cuelan a otro de mayor peligro (verbigracia: el esposo de la fiscal).
En el Legislativo, los medios y algunos sectores de opinión empiezan a hablar, de nuevo, de una supuesta «alianza oficialista» que no es tal, pues la confunden con un pacto de espurios intereses que los diputados transaron con el gobierno para aprobar, otra vez, la ampliación presupuestaria de Q14 mil millones. Este enfoque erróneo concluye que, así como obtuvieron los votos necesarios para este caso, entonces igual conseguirán reformar la Ley del MP y destituir a la fiscal; incluso, aprobar otros temas de importancia como la Ley de Competencia, la Ley de Aguas y otras. Se sabe, con sobrada razón y experiencia, que cada asunto requiere de una negociación específica y siempre los intereses de los congresistas estarán por encima de las prioridades nacionales. Ahora se vieneel presupuesto 2025 y presenciaremos otra batalla donde no habrá alianzas sino pactos, con el INRI que hay muy poco tiempo para ejecutar tan millonaria cifra.
En el plano de la comunidad internacional y Estados Unidos, debemos hacer la separación metodológica entre lo que significa la comunidad de naciones y el poder de Estados Unidos, ya que no representan lo mismo, obviamente. La Unión Europea, la OEA y la CIDH fueron los primeros en fijar una postura de apoyo al actual gobierno y el tono de sus declaraciones ha sido claro y fuerte. Sin embargo, quien «aprieta las tuercas» es EEUU y cada vez más, han abandonado el tono usualmente diplomático, por una postura más decidida y contundente. Que esto suceda no es casual, pues la correlación de fuerzas entre republicanos y demócratas ha variado en favor de estos últimos, ya que las últimas encuestas colocan arriba a Kamala Harris.
Mientras tanto, el empresariado organizado se manifiesta por medio de sus dos expresiones públicas: FUNDESA y CACIF, pero el segmento elitario que marca la diferencia, es uno que opera desde las sombras, el más ultra conservador, el llamado G-8 que concentra el verdadero poder empresarial. La postura del sector económico se debate entre una posición políticamente correcta a nivel oficial, con acciones que alientan a los grupos más recalcitrantes del tinglado nacional y que hacen que la polarización obtenga matices más acérrimos.
En este escenario de polarización no podían faltar las notas tropicales, como el pésimo manejo de la situación del director de COPADHE, Oswaldo Samayoa, muy cercano al presidente.
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
[i] La Visita In Loco es una función de la CIDH, contemplada en el artículo 39 de su reglamento, que consiste en el traslado de algunos o todos los comisionados al país elegido y, allí, recopilar información de primera mano sobre la situación de los DDHH en el territorio y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.