- El caso montado por el MP muestra la intención de persecución política; no se persigue ningún caso de corrupción por parte de las fiscalías.
Hace dos meses, el 29 de julio fue detenido el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, para convertirse en un preso político, por un caso montado por el MP, acusado de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, mientras la corrupción en general se desboca en el país, sin que las fiscalías abran siquiera investigaciones.
Zamora permanece en Mariscal Zavala bajo estrictas medidas de seguridad y restricciones a su libertad más allá que cualquier otro detenido mientras en las redes sociales la alianza oficialista mantiene una constante campaña de desprestigio en contra del periodista, reconocido nacional e internacionalmente por su lucha anticorrupción y a favor de la democracia.
Ha trascendido, por medio de fuentes internas del MP, que el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, ha buscado nuevas fuentes de investigación, en busca de poder sustentar el caso ante el juez Freddy Orellana, quien ordenó la captura de Zamora, a pesar de que la fiscalía presentó pruebas débiles e incluso ilegales, como grabaciones telefónicas no autorizadas por juez competente.
La Fundaterror y varios allegados a la alianza oficialista, o señalados por casos de corrupción, mantienen una campaña de desprestigio en contra de Zamora, quien sostiene que todo es una trama del presidente Alejandro Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras, para limitar su derecho de expresión.
Organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Centro de Defensa para los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), la barra de abogados de Estados Unidos y otros, se han pronunciado en contra del proceso judicial que se sigue contra Zamora y exigen su libertad.
Zamora guarda prisión preventiva al igual que la auxiliar fiscal Samari Gómez y la ex directora financiera de elPeriódico Flora Silva. Los tres fueron señalados por el Ministerio Público (MP) de hechos relacionados con supuesto lavado de dinero, filtración de información y chantaje.
Aunque recientemente el periodista solicitó que le fuera concedido el arresto domiciliario, la Sala Tercera de Apelaciones le negó las medidas sustitutivas y ordenó que continuara en la misma situación.
Un grupo de abogados internacionales organizado por el Vance Center for International Justice pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abogar por la inmediata liberación del periodista, quien se encuentra detenido desde el pasado 29 de julio.
La Barra de Abogados de la Ciudad de Nueva York explicó en un comunicado que solicitaron la inmediata liberación de Zamora debido a que consideran que su encarcelamiento es una persecución política y un ataque a la libertad de prensa de los periodistas de elPeriódico y de la prensa de Guatemala y extranjera.
“La detención de Zamora se produjo tras la publicación por parte de elPeriódico de varias denuncias de supuesta corrupción del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei. Zamora ha recibido numerosos premios internacionales y otros reconocimientos por su lucha periodística contra la corrupción oficial en Guatemala”, afirmaron.
Además, resaltaron que las acciones emprendidas por las autoridades guatemaltecas están orientadas a intimidar el trabajo periodístico, tal y como han reconocido la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión.
Persisten dudas
Los abogados de la defensa han evidenciado inconsistencias en la pesquisa que dirige Cinthia Monterroso, quien enfrenta múltiples denuncias por el mal manejo de casos de corrupción. Hace un año, la exjueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán solicitó que fuera investigada penalmente.
Según la acusación, el periodista supuestamente recibió alrededor de Q300 mil y no los ingresó de manera regular al sistema bancario, por lo que solicitó ayuda a Ronald García Navarijo. Sin embargo, Zamora Marroquín se ha defendido señalando que el monto fue un préstamo para poder cumplir con sus obligaciones empresariales.
Durante la audiencia de primera declaración se cuestionó la falta de precintos en los billetes, el horario en el que se tomó la declaración del “testigo” y las presuntas irregularidades en el operativo de la entrega del dinero.
Además, se ha señalado que el ente investigador habría cometido “errores” al momento de practicar la “operación encubierta” en la entrega del dinero.
Se evidenció que Ronald García Navarijo no podía participar en las diligencias, porque es un procesado por lavado de dinero y no un funcionario policial.
El denunciante, García Navarijo, actualmente está procesado por lavado de dinero y tiene pendiente audiencia de primera declaración por un segundo señalamiento de corrupción. A diferencia de Zamora, fue beneficiado con la libertad condicional.