El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa expone una realidad y habla de los peligros de la prensa
La Declaración de Chapultepec destaca que a mayor libertad de prensa, libre flujo informativo e intercambio de opiniones, mayor es la democracia de un país. En América, la organización que vela por el respeto a la libertad de expresión es la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, pero representantes en todo el continente.
La democracia en Latinoamérica sufre. Entre las causas, se puede hablar de los ataques contra la libertad de expresión, que debe ser plena para garantizar el libre flujo de información en beneficio de los pueblos. Ricardo Trotti expone la visión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que opera en todo el hemisferio.
Trotti es el director Ejecutivo de la entidad, a donde llegan todas las denuncias de atentados contra la libertad de prensa. Sobre este importante tema y con una visión global, habló con Crónica.Su papel en la región le presenta como un experto en la materia. Aquí lo más importante de la entrevista.
¿Cómo se encuentra –en términos generales– la región en materia de Libertad de Prensa?: El panorama de libertad de prensa está en retroceso y es suficiente con solo mostrar la agresión contra periodistas, que tanto se registra desde el crimen organizado y la corrupción, como por parte directa de gobiernos despóticos.
En este semestre, como parte del crimen organizado, en su mayoría, hemos registrado nueve asesinatos (seis en México, uno en Brasil, Colombia y Haití).
También hemos visto cómo gobiernos despóticos se ensañaron contra los periodistas, muchos de los cuales permanecen presos como no ocurría desde hace años, muchos periodistas están encarcelados actualmente: un periodista bloguero en Brasil, dos periodistas independientes en Cuba, Lázaro Yuri Valle Roca y Esteban Rodríguez, un youtuber, Yoandi Montiel, y dos periodistas Mary Karla Ares y Camisa Acosta, todavía están bajo régimen de arresto domiciliario. En Nicaragua siguen presos un ejecutivo de medios, Juan Lorenzo Holmann y un periodista, Miguel Mendoza, así como dos integrantes del directorio de La Prensa, Cristiana Chamorro y su hermano Joaquín Chamorro, ella en arresto domiciliario por ser precandidata a presidenta y él porque dijo que sería precandidato. En Cuba y en Nicaragua, además, hubo 20 y 37 arrestos arbitrarios, respectivamente.
¿Se puede relacionar esto con el deterioro que muestra la democracia en la región, según el índice que actualiza cada año la unidad de inteligencia de The Economist?: El sustento de la democracia y de una república está basado en la independencia, elecciones libres y alternancia de los poderes públicos. Si bien preocupa que haya países donde la democracia hace décadas que no existe, como en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, existe preocupación por países que siguen en la cornisa, donde el Poder Ejecutivo continúa tratando de pegar zarpazos a la justicia y compromete la independencia judicial, como sucede principalmente en Guatemala, El Salvador, Brasil y Argentina.
¿Cuáles son los principales peligros que enfrenta la prensa en el Hemisferio?: Además de la violencia, como la que se produjo en estos tiempos durante protestas sociales, desde EE.UU. a Cuba, de Chile a Colombia, o de Guatemala a Haití y Brasil, los periodistas son blanco de la estigmatización y de los insultos por parte de los actores políticos, así sean gobierno u oposición. Los gobiernos han desarrollado armas estratégicas de estigmatización a través de bot o net centers con las que se hace propaganda y ejerce violencia en contra de periodistas y opositores o ciudadanos críticos, algo que sofisticadamente no solo sucede en gobiernos propagandísticos como Cuba o Venezuela, sino también en países como Guatemala, El Salvador, entre otros.
Otro tema son la violencia física y digital y las restricciones al acceso a la Información pública, situación que se vio agravada durante la pandemia, en países tales como Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad & Tobago.
La declaración de Chapultepec en su preámbulo establece una relación directa entre democracia y libertad de prensa, ¿considera que es así?: Sin dudas que están relacionadas. El Índice de Chapultepec de la SIP, una medición que se hace en forma anual en 22 países americanos, muestra esa estrecha relación. Lo podemos ver en países como Uruguay y Chile, con gobiernos que respetan a los demás poderes del Estado, que no se entrometen en la independencia de los poderes del Estado, respetan a la oposición y a la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. En la categoría de baja restricción, también se ubican países como Jamaica, República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Honduras. Mientras tanto, en la categoría de parcial restricción se ubican Argentina, Bolivia, México y Guatemala. En la categoría de “Alta restricción” están El Salvador y Brasil y le siguen en ese orden descendente las dictaduras Cuba, Venezuela y Nicaragua.
¿Cuál debe ser la función de la prensa en este siglo XXI y en las actuales democracias? ¿Será una de sus tareas denunciar la corrupción y la impunidad cuando la hay?: Siempre deberá ser la de descubrir y desafiar. Creo que los Pandora Papers muestran el camino, así como lo hicieron otras grandes revelaciones del periodismo investigativo. Descubrir e iluminar es la máxima misión del periodismo, especialmente investigar aquellos temas oscuros y complejos que diferentes sectores no quieren que salgan a la luz. También el periodismo tiene la obligación de desafiar al público, de plantear temas en la agenda pública que pueden ser molestos o controversiales.
El periodismo tiene el deber de crear conversación y agenda pública, debe marcar el paso con los grandes temas y no dejar que la agenda solo la tracen desde la propaganda del poder
¿Qué opinión le merece que en varios países de la región –Guatemala incluido–, se utilice al sistema legal para acosar a la prensa independiente?: En muchos países, lamentablemente, el propio Estado es el que se ensaña contra los medios y periodistas. El Poder Ejecutivo suele utilizar las leyes y también a los poderes Judicial para encerrar al periodismo. Lo vemos en Nicaragua y Venezuela donde los poderes políticos, en connivencia con el Ejecutivo, han cerrado decenas de medios, entre ellos La Prensa y El Nacional, respectivamente.
En esa apariencia de legalidad, porque lo hacen mediante leyes que crearon a gusto y semejanza autoritaria y con poderles judiciales totalmente secuestrados, continúan cercando a la prensa. En otros países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, existe un acoso judicial que tiene características de ser una industria de demandas, las que suelen usarse –a través de castigos penales e indemnizaciones millonarias– para que los medios y periodistas se inhiban y callen.
En algunos países, por ejemplo Nicaragua, en solo un par de meses se produjeron 57 citatorios judiciales. En El Salvador dos periodistas extranjeros fueron expulsados por no cumplir con reglas legales de inmigración. Más de 50 periodistas fueron obligados al destierro por parte de los gobiernos de Nicaragua y Cuba.
¿Cuál es alcance del daño que se hace cuando se limita el libre flujo informativo en un país?: Se deteriora la democracia, sufren las instituciones, pero, en especial, se deteriora el derecho del público a estar debidamente informado y a tomar decisiones informadas.
¿Se ve diferencia en la actitud en contra de la prensa en un gobierno según su ideología, o es igual con gobiernos autoritarios de derecha y de izquierda?: Los dos buscan lo mismo, solo basta mirar la historia más reciente y la actualidad. La actitud era la misma en el gobierno de Donald Trump, que en el del Miguel Díaz Canel; en el de Nicolás Maduro, que el de Jair Bolsonaro o en el de Nayib Bukele que el de Daniel Ortega.
¿Cuál es la fuerza de la SIP para oponerse a las violaciones a la libertad de expresión y de prensa?: La fuerza es la denuncia, no permitir que los temas sobre violaciones a la libertad de prensa y de expresión decaigan en la atención de la agenda pública internacional, ya sea en la ciudadanía en general, en las organizaciones civiles y en las organizaciones supranacionales, como la OEA, la CIDH, la UNESCO, la ONU.