Miremos a donde miremos, nos encontramos con podredumbre, mediocridad y mala fe. Las propias autoridades son las que presentan los peores ejemplos de mezquindad.
Gonzalo Marroquín Godoy
¡Qué atolladero!
Guatemala, este bello país en el que nacimos, vivimos y moriremos –al menos la mayoría de chapines– parece estar en medio de un pantano del que es difícil salir y no se puede avanzar. Muchas veces me pregunto si tener esa visión no es un poco pesimista y estoy dejando de ver las cosas buenas que supuestamente hacen los gobierno.
¡Para nada! La situación es más que complicada y es una lástima que no haya una visión más generalizada de lo que está sucediendo. Hoy me voy a referir a dos casos patéticos que muestran –una vez más– la forma en que se conduce el Estado, ese Estado que desde mi punto de vista está fallido y no nos lleva a otro lugar más que al despeñadero, ante la falta de acciones positivas.
Ambos son insólitos. Veamos:
El primero es la resolución de la para nada honorable Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, al igual que el presidente Alejandro Giammattei, salió en defensa de la fiscal general, Consuelo Porras, al mantenerle su derecho de antejuicio, a pesar de que Acción Ciudadana, planteó hechos claros para mostrar su oscura actuación al frente del Ministerio Público.
Los indicios son evidentes. No digo pruebas, porque para levantar la inmunidad a un funcionario, solo deben existir indicios para abrir la investigación. Se trata de la declaración de un abogado que solicitó ser colaborador eficaz, y denunció anomalías y filtraciones que se daban a lo interno del MP. ¿No es suficiente la palabra de alguien que incluso arriesgó su vida por hablar?
Pero claro, hay que recordar que la alianza oficialista –a la que muchos vinculan con el Pacto de Corruptos con razón–, la integran desde el presidente Giammattei y sus achichincles, pasando por las cortes (CSJ, CC y TSE), el propio MP, partidos políticos que votan en el Congreso alineados y las mafias.
Entonces protegerse entre sí era más que esperado, pero lo inaudito es que los magistrados de la CSJ, ignorando la legislación internacional, la Constitución y demás leyes nacionales sobre la materia, la emprendieron contra el diario elPeriódico, por haberse atrevido a publicar la declaración de Marco Aurelio Alveño Hernández, quien por cierto tuvo que salir del país, porque aquí le iban a hacer una cacería de brujas por haber denunciado a doña Consuelo y su estructura mafiosa en el MP.
Otra vez, como sucede con Juan Francisco Sandoval, el cazador –en este caso elPeriódico–, que publicó la vergonzosa forma en que trabaja el MP, es ahora perseguido. Pero si la justicia de Guatemala se le niega a un medio de prensa –o a cualquier persona–, está la Comisión Americana de Derechos Humanos, para enmendarle la plana a los inútiles y mal intencionados magistrados por este cobarde acoso judicial contra la libertad de expresión.
El otro caso –y me queda poco espacio para comentar–, es el de la negociación oscura, secreta y también mal intencionada, que llevan a cabo Giammattei y Joviel Acevedo, para concretar un nuevo pacto colectivo para el magisterio. Por cierto, dicho sea de paso, la ministra Claudia Ruiz no es más que la comparsa y observadora de esta negociación.
Además de la opacidad y secretismo, hay que tomar en cuenta que la negociación no se centra –al igual que los pactos anteriores– en la mejora de la educación, sino simplemente en aumentar salario a los maestros. Es justo que los maestros ganen mejor, pero es indispensable y justo también, que el enfoque sea en la mejora del paupérrimo nivel de la educación pública en Guatemala.
Acevedo ha transado con casi todos los gobiernos. Él, por supuesto, es el mayor beneficiado por el pacto y, por su medio, los gobiernos manipulan al gremio magisterial que, en vez de ser parte de los movimientos sociales, se convierte en un grupo de apoyo oficialista.
El mayor problema es la forma en que la justicia se manipula y se utiliza como mazo para golpear a los opositores –como ocurre en las dictaduras–. Por eso, la alianza oficialista, controla las cortes y la mayor parte de jueces. A los que no se alinean, como la jueza Erika Aifán, pues corren la misma suerte. No se aplican leyes… ¡se retuercen!
¿Y para los aliados? Gavetas abiertas y dinero a montones, como el que quiere Jovielito.
Para muestra un botón, dice el refrán popular, pero aquí muestro dos, aunque todos sabemos que hay muchísimos más.