El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado este jueves que el testamento del duque de Edimburgo debe permanecer en secreto para proteger la «dignidad» de su viuda, la reina Isabel II, debido a su función constitucional.
Tradicionalmente, desde hace más de un siglo, tras el fallecimiento de un miembro de alto rango de la familia real, se solicita el sellado de su testamento, es decir, que los testamentos no están abiertos a la inspección pública de la forma en que lo estaría normalmente una herencia.
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El actual presidente del Tribunal Superior, Andrew McFarlane, escuchó los argumentos legales de los abogados que representan la herencia de Felipe y del fiscal general –que representa el interés público en estos asuntos– en una audiencia privada celebrada en julio.
McFarlane ha ordenado, en una sentencia publicada este jueves, que el testamento del duque de Edimburgo permanezca sellado durante 90 años a partir de la concesión de la legalización y sólo podrá abrirse en privado incluso después de esa fecha.