Nuevos casos de corrupción de alto impacto serán develados en 2017, y nuevos actores serán sentados en el banquillo de los acusados. Se espera que los poderes fácticos que se han empoderado nuevamente jueguen sus cartas para entorpecer y botar los casos de corrupción e impunidad que se han judicializado desde abril de 2015. Los doce meses siguientes serán una prueba de fuego para la sociedad y el sistema de justicia.
Los grupos oscuros y poderes fácticos se han reagrupado y fortalecido, y en el transcurso del próximo año empezarán a mostrar su poderío, pero aun con este cambio en la correlación de fuerzas, la lucha contra la corrupción e impunidad continuará en 2017.
De tal cuenta que los tribunales de justicia y el Congreso de República —y de ser necesario La Plaza— serán los escenarios en dónde se librará esta guerra. Desde ya el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) han anunciado que develarán y presentarán ante los tribunales nuevos casos de corrupción de alto impacto; aunque, han evitado dar mayores detalles.
La cruzada contra la impunidad y corrupción; sin embargo, va más allá de eso. La mayoría de casos llevados ante los tribunales a partir de 2015 no han llegado siquiera a etapa intermedia, eso, al igual que las sentencias condenatorias, son uno de los grandes retos para el próximo año. El litigio malicioso, por parte de la defensa de los acusados, y la carga de trabajo de los jueces, ha impedido que los procesos avancen con rapidez.
A pesar de ello, en el 2016 se han visto algunos avances. Los 17 acusados del caso IGSS PISA, entre ellos el expresidente del Seguro Social Juan de Dios Rodríguez y varios integrantes de la Junta Directiva, han sido enviados a juicio y se espera que en el transcurso del 2017 sean condenados.
Para enero se tiene programada la fase intermedia de La Línea donde se encuentra sindicados de defraudación aduanera, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La audiencia ha sido retrasada en varias ocasiones, por estrategias de la defensa, y falta ver si en esta ocasión los acusados, por fin, sabrán si van a juicio o no.
El próximo año la lucha continuará en un escenario en el que el Legislativo —especialmente el presidente y Junta Directiva que tomará posesión el próximo 14 de enero—, el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia (CSJ) no han dado muestras de estar comprometidos con la lucha contra la impunidad y corrupción; y más parece que responden a grupos oscuros que quieren recuperar territorio.
La rebaja de la condena al exalcalde de Chinautla Arnoldo Medrano —de nueve a seis años y la posibilidad de salir libre con fianza—, es solo un ejemplo de ello. Se suma, además, el bloqueo y la negativa de los diputados a aprobar las reformas constitucionales al sector justicia. En las primeras lecturas los parlamentarios eliminaron las permutas al antejuicio y el reconocimiento de las leyes indígenas; no obstante, el corazón de la propuesta no se ha tocado —el cambio de la forma de elección de las altas autoridades de justicia, la separación de funciones de la CSJ y la carrera judicial—, y su defensa será la lucha que se deberá llevar a cabo en 2017.
Nuevos golpes y logros
En el transcurso del año que está por terminar, la lucha contra la corrupción e impunidad no claudicó, sino, por lo contrario, se intensificó, como muestra tenemos que el hermano e hijo —Samuel y José, respectivamente— del gobernante Jimmy Morales resultaron involucrados en supuestos actos corrupción.
La desarticulación de La Línea en abril de 2015 fue la caja de pandora, debido a que con ese caso y con la ayuda de los colaboradores Juan Carlos Monzón y Estuardo González, se pudo abrir nuevas investigaciones de casos de corrupción ocurridos en el gobierno de Pérez Molina y Baldetti.
Uno de ellos, y quizá el más emblemático, es el de Cooptación del Estado, el cual fue revelado y judicializado el pasado 27 de julio, y en el cual el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a 53 sindicados, entre los cuales se encuentran el exbinomio presidencial, empresarios y contratistas del Estado; todos señalados de integrar una estructura criminal que capturó a instituciones del Estado para enriquecerse ilícitamente.
También se sentó en el banquillo de los acusados a la extitular del Registro de la Propiedad, Anabella de León, y se le ligó a proceso junto a otras 17 personas más, por los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Las pesquisas también determinaron el posible involucramiento del hermano e hijo del presidente Morales.
En 2016 también se llevó a tribunales el caso de corrupción en la adjudicación de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y donde también se encuentran involucrados Pérez Molina y Baldetti.
Así como se tuvieron nuevos casos, también se les dio seguimiento a algunos que estaban en proceso, los cuales han obtenido sentencias condenatorias, entre estos casos destaca el de la jueza Jisela Reinoso, quien fue castigada con 11 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, más una multa de Q439 mil 434.
A finales de octubre del presente año también se logró sentencia en contra del expresidente del Congreso, Gudy Rivera, quien fue condenado con 13 años y cuatro meses de prisión inconmutable, y una multa de Q50 mil, esto tras haber sido hallado culpable de tráfico de influencias y cohecho activo.
Otra de las victorias de la justicia fue la sentencia de Arnoldo Medrano, a nueve años de cárcel; y la condena a dos años y seis meses de prisión, por el delito de tráfico de influencias, del expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial, Édgar Barquín.
Entre avances y pendientes
Existen obstáculos que deberán ser superados en 2017 si se quiere mejorar y continuar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala (EG), explica que falta más contundencia de la Contraloría General de Cuentas para poder fiscalizar mejor a los gobiernos locales; asimismo, subraya la necesidad de contar con una ley servicio civil del Ejecutivo para evitar las plazas fantasmas en salud y educación.
Manuel Villacorta, analista independiente, indica que ,pese a las capturas que se han hecho efectivas, prevalece el sentimiento de que la corrupción sigue vigente. Por lo que indica que se debe de trabajar en la prevención; es decir, en un sistema que prevenga las prácticas corruptas.
En tanto que el analista político, Renzo Rosal, señala que todo el trabajo que se ha hecho para combatir la corrupción dará frutos cuando se puedan observar sentencias condenatorias firmes, asimismo se debe de profundizar en más casos, como es el Transurbano, Ministerio de Comunicaciones e incluso proyectos mineros.
Para Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC), la mejor forma de combatir la corrupción es prevenirla, no sancionarla, y para ello lo que hace falta son reformas más profundas, entre ellas la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ley que tuvo avances el presente año, pero que no son suficientes.
Pero también hay fortalezas que se deben aprovechar en esta cruzada que continuará en 2017. Iván Velásquez, jefe de la CICIG, resalta que la principal fortaleza en esta lucha es la ciudadanía, por lo que indica que confía en que el próximo año se revitalice porque es lo que va a permitir avanzar con gran decisión.
La fiscal general del MP, Thelma Aldana, ha anunciado que en 2017 se prevé la instalación de 12 de fiscalías en el interior del país. También tiene prevista la creación de agencias contra las extorsiones en varios departamentos donde hay mayor índice de criminalidad, de igual forma se crearan fiscalías de mujer y agencias del MP en los hospitales del país, y esto también incluye el fortalecimiento de la FECI y fiscalía contra la corrupción.
Amenazas
Se ven en el horizonte nubarrones que amenazan con impedir el avance de la lucha contra la corrupción e impunidad.
Al respecto, Rosal ve con preocupación la correlación de fuerzas adversas que se evidencia con la integración de la nueva junta directiva del Congreso y la nueva presidencia del Organismo Judicial y de la CSJ. Hay un riesgo gigantesco porque se buscará obstaculizar los procesos futuros y retrotraer al régimen de impunidad, enfatiza.
En esto coincide Flores, quien agrega que está en marcha una estrategia por parte de los abogados defensores para retrasar los procesos legales hasta que la correlación de fuerzas sea favorable a los imputados por casos de corrupción.
No obstante, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), se muestra decidido a dar la batalla para lograr que los casos que han sido judicializados terminen con penas de cárcel.
Esperamos que el próximo año sea muy fructífero y que obtengamos sentencias condenatorias, la fiscalía hará uso de medios de impugnación para verificar el cumplimiento de las normas, subrayó Sandoval.
En tanto que Iván Velásquez señaló: Confiamos que en 2017 podamos presentar investigaciones de tanta gravedad y profundidad como el de Cooptación del Estado, porque nuestro compromiso es derrotar los poderes ocultos. Hay hechos del pasado reciente y del pasado más lejano que tienen que ser objeto de investigación y que son motivo de verificación, es decir, en lo que estamos avanzando.
Reformas a la justicia
Tanto el MP como la CICIG están convencidos de que las reformas constitucionales al sector justicia son indispensables para la lucha contra la corrupción.
Aldana explica que está a la espera que el Congreso retome la discusión y que avance la aprobación de reformas; sin embargo, resalta que de anularse la propuesta de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales y la nueva forma de elección de los magistrados de la CSJ, se perdería el sentido de la propuesta, debido a que son la columna vertebral de las permutas constitucionales. Vemos buena intención, pero se tendría que esperar que giro toman las reformas, dice Aldana.
Rosal enfatiza por qué es importante que las cambios constitucionales sean aprobados por el Legislativo: Está claro que nuestra justicia es muy endeble, las reformas le atribuyen la suficiente consistencia para que ese tipo de justicia sea sostenible en el tiempo, el escenario es débil y puede que esto se vaya para atrás, por eso las reformas implican la posibilidad de lograr pasos cualitativos.
La corrupción
y el desarrollo
La corrupción es el mayor obstáculo al desarrollo económico y social en todo el mundo. Cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5 por ciento del producto interno bruto mundial. Así lo ha dado a conocer la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En tanto que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo.
En este sentido, la corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que, además, debilita a los gobiernos, y ello, a su vez, puede exacerbar el problema de las redes de delincuencia organizada y fomentar delitos como la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, la falsificación y el comercio de especies en peligro de extinción.
La corrupción provoca la pérdida de enormes cantidades de los limitados recursos públicos que deben destinarse a la sanidad, según la ONU.
Según cálculos recientes de la Organización Mundial de la Salud, hasta un 25 por ciento del gasto público en medicamentos puede perderse debido al fraude, el soborno y otras prácticas corruptas.
La trama corrupta no se detiene
De enero a noviembre del 2016 el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) recibió 255 denuncias, de las cuales 136 fueron notificadas por medio de la aplicación Dilo aquí Guate.
ALAC clasificó las denuncias por instituciones, de las cuales las más elevadas corresponden al Organismo Ejecutivo, con 39 por ciento, y gobiernos locales, con 28 por ciento. Las denuncias se enfocaron en malversación de fondos, tráfico de influencias, abuso de autoridad, uso indebido del cargo público y sobornos.
La mayor cantidad de denuncias de corrupción (42 por ciento) se recibieron en el departamento de Guatemala, mientras que el 58 por ciento correspondió al interior del país.
El 64 por ciento de las denuncias recibidas fueron anónimas, en tanto que con el 36 por ciento restante, los denunciantes se identificaron.