El consejero para temas de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos del gabinete del presidente, Joe Biden, Juan González, reafirmó el mensaje del Departamento de Estado de que ha perdido la confianza de la fiscal general, María Consuelo Porras y que mientras se ha pausado la cooperación al Ministerio Público, revisan la asistencia a las actividades que dirige la titular de esa entidad.
“La destitución de FECI Juan Francisco Sandoval por @MPguatemala Porras se ajusta a un patrón de conducta que indica falta de compromiso con el Estado de Derecho…Como resultado, hemos perdido la confianza en la fiscal y su decisión, e intención, de luchar contra la corrupción”, escribió González en su cuenta de la red social Twitter.
La reacción del asesor de Biden se da luego de que la portavoz del Departamento de Estado, Jalina Porter indicara que “se ha perdido la confianza en la Fiscal General del MP, Consuelo Porras y en su decisión e intención de cooperar con los EE.UU. y luchar contra la corrupción”.
En otro mensaje, González aseguró que “como consecuencia de las acciones de la Fiscal General, el Gobierno de los Estados Unidos está suspendiendo temporalmente la cooperación programática con el Ministerio Público, mientras realiza una revisión de nuestra asistencia a las actividades que dirige la Fiscal General”.
El 23 de julio, el Ministerio Público de Guatemala dio a conocer que Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI fue removido de su cargo. La fiscal general Consuelo Porras tomó la decisión “ante los constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad del Ministerio Público ha sido objeto, así como el irrespeto que como mujer, funcionaria y profesional del derecho ha sido víctima desde el inicio de su gestión para menoscabar su trabajo, integridad y dignidad”.
No obstante, lo anterior no representa una razón legal para destituir a un fiscal de carrera, ya que la Ley Orgánica del MP dicta que la única vía de remoción de un fiscal es por motivos disciplinarios; para ello deberá decretarse el derecho de defensa y la proporcionalidad entre otros. Además, de ser cometido un acto grave se debe proceder a una suspensión hasta de 90 días sin goce de sueldo o destitución.
En ese comunicado no se mencionó que el exfiscal haya irrespetado los derechos de defensa, el principio de legalidad o se haya establecido la proporcionalidad entre una falta y la sanción de destitución.