De acuerdo con la Fundación Avina, que desarrolló un contador que muestra el ritmo de vacunación y lidera una iniciativa regional para que la vacuna sea considerada un bien público, para que toda la población guatemalteca esté vacunada habrá que esperar 535 semanas, es decir, 10 años.
Esta herramienta de Avina, organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en América Latina, cuenta con datos de la Universidad John Hopkins y Our World in Data, pretende mostrar los diferentes ritmos de vacunación en el mundo, las desigualdades que eso conlleva y generar debate y conciencia al respecto.
“América Latina tiene el 8% de la población mundial y el 30% de los muertos se dan la región”, dice Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la Fundación Avina, apuntando a la “falta de transparencia” y la “cultura del privilegio” que caracterizan a la región. Por este motivo, insta de “manera urgente” a abordar los procesos de vacunación.
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Este índice recopila el número de personas infectadas y fallecidas por COVID-19, la cantidad de personas vacunadas hasta la fecha y las semanas que se va a tardar en terminar el proceso de vacunación de cada país. En el caso de la región muestra “un panorama bastante desolador”. “Es algo que no vamos a superar el 2021”, avanza el directivo.
Según los datos de este índice, Chile se pone a la cabeza, con 7 semanas de espera, seguido por República Dominicana (30), Uruguay (31), Argentina (51), México (92) y Colombia (96).
El resto de países superan el centenar de semanas, especialmente en Centroamérica, donde países como El Salvador y Guatemala figuran con 470 y 535 semanas, respectivamente. Sin embargo, a la cola se sitúan dos países sudamericanos: Paraguay y Venezuela.
Por ello, asegura que “hay que fortalecer los mecanismos de transparencia” y “reducir los niveles de acaparamiento”, a la vez que aboga por que la vacuna sea un bien público. “No hay mecanismos legales, pero hay un imperativo ético”, recalca. “No hay solución individual si no le damos una solución global”, debido a la circulación de personas e intercambios de bienes en el mundo. Por este motivo, “si no es por convención ética es por conveniencia económica”, concluye.
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Con información de DW