La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite una acción presentada por la Asamblea Social y Popular (ASP) en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por trasladar la solicitud de antejuicio contra los magistrados Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, al Congreso de la República.
El amparo solicitado por la organización fue en función de que la CSJ incumplió con la orden del máximo Tribunal de no promover el antejuicio contra Porras, actual presidenta de la CC y magistrada titular reelecta por el Consejo Superior Universitario (CSU), y contra de Mata.
En el expediente 1314-2021, la CC señala que “para resolver si procede o no el amparo provisional, que la autoridad denunciada remita el antecedente del o en su defecto informe circunstanciado, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas”.
El recurso de ASP fue interpuesto el pasado 9 de marzo, cuando la organización participó en una manifestación en donde rechazaron la designación de magistrados a la CC, así también, exigieron independencia en las cortes del país.
Antejuicio
La acción interpuesta en contra de Porras y de Mata Vela proviene de la Asociación de Dignatarios, quien desde 2019 tiene un convenio con el Congreso de la República para financiar esa institución.
La solicitud de antejuicio se da a raíz de que el entonces presidente Jimmy Morales y su ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, solicitaran en mayo de 2018, el retiro del embajador sueco Anders Kompass, uno de las naciones donantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La Fundación Myrna Mack y el abogado Alfonso Carrillo, solicitaron frenar la decisión del Ejecutivo, para el retiro del diplomático suizo.
La CC otorgó el amparo a favor de la Fundación y el abogado por lo que la Asociación de Dignatarios señaló que los magistrados habrían incurrido en prevaricato, resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución y abuso de autoridad, por colocarse atribuciones de política exterior.
Es de mencionar que el año pasado, el Congreso de la República dictaminó un aporte de Q5 millones para esa Asociación, en medio de la crisis que afrontaba el país por la pandemia del COVID-19.