Juan Manuel Rodríguez G.
Yace en su tumba: un violador y asesino que descuartizó a Jimmy Ryce, un pobre niño inocente, que no estaba al tanto de lo que sucedería cuando fue obligado a ir con él luego de bajar de su bus escolar en 1995. Este secuestrador, violador y asesino se llamaba Juan Carlos Chávez: escoria de la sociedad norteamericana que fue ejecutado en el 2014, aunque muchos años más tarde, pero al fin y al cabo, ejecutado. Hubo polémica por la nueva droga a utilizar; sin embargo, esta técnica dilatoria no detuvo la ejecución. El pueblo celebró al ver la justicia.
Algunos estados de EE. UU. siguen aplicando la pena de muerte a toda esta escoria de violadores de niños, secuestradores y descuartizadores. Ah no, pero en Guatemala hubiera habido conmoción: las ONG y los derechos humanos —de todos, menos los nuestros— hubieran dado el grito en el cielo de que se le están violando los derechos humanos al violador. Porque a veces, aparentemente, valen más los derechos de violadores y secuestradores que los de la misma víctima. ¡Cómo es posible!
Desde que se firmaron los famosos Acuerdos de Paz, en 1996, en nuestro país han sido ejecutadas cinco personas. El 15 de enero de 2014, en el Consejo Permanente de la OEA, se expuso el tema sobre la mesa: la pena de muerte en las Américas. El representante de México ante esta Organización, Emilio Rabasa, solicitó que se incluyera el tema en la agenda, pues desde una perspectiva de promoción y protección de los derechos humanos, debe figurar como un asunto prioritario. ¡No digo, pues! Y dale con los derechos humanos. ¿Será que el violador de niños estaba pensando en los derechos de su pobre víctima? ¿Por qué será que la vida es tan injusta, que abogamos por criminales pero no hacemos nada por salvar a las víctimas? Porque así es la estupidez humana. La CIDH publicó el informe de la pena de muerte en el sistema interamericano de derechos humanos: de restricciones a abolición. Los países expresaron su postura: muchos dijeron creer que se podría considerar la pena capital como resultado de un proceso democrático y en medidas extremas.
Antes de tomar posesión de su cargo, el ahora presidiario Otto Fernando Pérez Molina, en 2010 expresaba que la pena de muerte está vigente y lo que no ha habido es la capacidad ni el carácter para echarla a andar, así que, Otto Pérez Molina está dispuesto a aceptar esa responsabilidad. Como muchas cosas que dejó de hacer por estar entretenido en el tema de aduanas, esta vigencia de la pena de muerte se postergó y no se avanzó en nada. Jimmy Morales recientemente reafirmó su apoyo a la pena de muerte, proponiendo como medida una Consulta Popular. La postura de la CC difiere: ha declarado inconstitucional el artículo 132 del Código Penal.
Todas estas lacras de la sociedad nos representan costos de manutención. Se gasta más diariamente manteniendo a violadores, secuestradores y asesinos que lo que se destina para la alimentación de niños en escuelas. Este debería ser un recurso para prevenir incluso que el asesino siga operando desde la Cárcel y allí sí, de este modo, se prevengan más violaciones a la vida de inocentes. Cada semana salen noticias en la prensa donde se dan a conocer más casos de crímenes cometidos que fueron orquestados desde la cárcel. ¿Necesitamos más de esto?
Las opiniones en torno a este tema son variadas y, definitivamente, contrariadas. Muchos dicen que se ha demostrado, en países desarrollados, que la pena de muerte no solucionaba nada y no es el camino que han tomado. Sin embargo, comparar países de la Europa Nórdica con estos países del tercer mundo, es comparar peras con piñas.
El punto es, ¿por qué abogar por la vida de alguien que se dedica a abolir el derecho de vida de otros? Es prudente volver a abrir el debate sobre este tema que está claramente definido dentro del Código Penal, pero que ha levantado tanta polémica con el paso de los años.
Muchos dicen que se ha demostrado, en países desarrollados, que la pena de muerte no soluciona nada y no es el camino que han tomado.