- El periodista José Rubén Zamora, perseguido y encarcelado por órdenes de juez a solicitud del MP, acusa a todos los implicados en sus casos de variuos delitos. El MP debe investigar ahora lo ocurrido.
Redacción Crónica
El periodista José Rubén Zamora Marroquín presentó este miércoles una amplia denuncia penal contra el expresidente Alejandro Giammattei, la exfiscal general María Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y fiscales de la FECI, jueces y otros actores que, según sostiene, participaron en una “instrumentalización criminal” del sistema de justicia para perseguirlo política y judicialmente.
La denuncia incluye
La acción fue presentada formalmente en una ventanilla de atención al público del Ministerio Público (MP), sin que existiera una reunión directa con el nuevo fiscal general Gabriel Estuardo García Luna.
A su salida de la sede central del MP, Zamora declaró a medios de comunicación que el expediente presentado “es muy sólido y serio”, y afirmó que contiene abundante documentación, cronologías, actuaciones judiciales y elementos que, a su juicio, evidencian abusos de autoridad, fabricación de casos y manipulación institucional.
- Alejandro Giammattei;
- María Consuelo Porras;
- el exjefe de la FECI, José Rafael Curruchiche;
- las fiscales Cinthia Edelmira Monterroso y Leonor Morales Laso;
- los jueces Fredy Orellana Letona y Jimi Bremer;
- Ronald García Navarijo;
- Raúl Falla Ovalle;
- y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo.
Según el documento, todos ellos habrían participado, con distintos niveles de responsabilidad, en actuaciones que Zamora considera coordinadas para construir procesos penales en su contra y ampliar posteriormente las investigaciones hacia abogados, periodistas, familiares y colaboradores cercanos.
Los delitos señalados
El escrito presentado ante el MP menciona posibles delitos como:
- abuso de autoridad;
- incumplimiento de deberes;
- tráfico de influencias;
- denegación de justicia;
- obstaculización de la acción penal;
- simulación de delito;
- y posibles figuras más graves como asociación ilícita o conspiración.
Zamora sostiene que existió un patrón de actuación institucional destinado a utilizar selectivamente el sistema de justicia, ocultar evidencia favorable, excluir pruebas de descargo y fabricar hipótesis acusatorias sin investigaciones objetivas.
Varios organismos internacionales –como la CIDH, la OEA–, así como organizaciones que defienden la libertad de prensa –APG, SIP, CPJ y varios más– denunciaron las anomalías y la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió tambiuén una resolución señalando algunas de las anomalías.
Uno de los puntos centrales de la denuncia gira alrededor del origen del caso por lavado de dinero iniciado en julio de 2022. Según el periodista, la denuncia presentada por Ronald García Navarijo fue tramitada de forma anómala directamente en la FECI, en horarios y condiciones extraordinarias, con participación de abogados vinculados a la Fundación contra el Terrorismo.
El documento también cuestiona que la FECI, dirigida entonces por Curruchiche, habría omitido diligencias básicas de investigación que podían corroborar o descartar las acusaciones, incluyendo operaciones controladas, vigilancia electrónica, rastreo financiero y otros mecanismos ordinarios de persecución penal.
La acusación contra jueces y fiscales
La denuncia dedica amplios apartados a las actuaciones judiciales realizadas por Fredy Orellana y Jimi Bremer. Zamora sostiene que ambos jueces permitieron exclusión de pruebas de descargo y validaron actuaciones irregulares promovidas por la FECI.
En el caso de las fiscales Cinthia Monterroso y Leonor Morales, el documento señala supuestas actuaciones coordinadas dentro de procesos considerados de criminalización contra periodistas, operadores de justicia y actores políticos. Leonor Morales adquirió notoriedad durante casos relacionados con Movimiento Semilla y procesos posteriores a las elecciones de 2023.
La denuncia también menciona la destrucción o retiro de precintos bancarios de fajos de dinero vinculados al caso, situación que, según Zamora, afectó la trazabilidad financiera y la posibilidad de establecer con precisión el origen de los fondos investigados.
El trasfondo político
El caso Zamora se convirtió desde 2022 en uno de los principales símbolos internacionales del deterioro democrático y de la crisis de independencia judicial en Guatemala. Diversos organismos internacionales, asociaciones de prensa, gobiernos occidentales y entidades de derechos humanos denunciaron que su captura y procesamiento estaban vinculados con las investigaciones periodísticas publicadas por elPeriódico sobre corrupción en el gobierno de Alejandro Giammattei y redes de poder político-económico.
Durante la gestión de Consuelo Porras, el MP fue acusado repetidamente de utilizar la FECI para perseguir periodistas, exfiscales, jueces y opositores. Rafael Curruchiche, recientemente destituido por Gabriel García Luna, fue sancionado internacionalmente y señalado por organismos extranjeros de obstruir investigaciones anticorrupción y socavar procesos democráticos.
La presentación de esta denuncia ocurre apenas días después de la llegada de García Luna al Ministerio Público y en medio de expectativas sobre una posible revisión de casos considerados políticamente motivados durante la administración anterior. El nuevo fiscal general anunció recientemente la liquidación de la FECI y la creación de mecanismos para revisar expedientes relacionados con exiliados y procesos cuestionados.
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