Juan Manuel Rodríguez
Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad es, y siempre ha sido, las personas con discapacidad o capacidades diferentes. Por lo mismo, resulta imperante que, de una vez por todas, el Congreso apoye los esfuerzos de tantas Fundaciones y Asociaciones que dedican su gestión al apoyo de este sensible grupo.
En este momento, se tiene una gran oportunidad para dar el apoyo a este sector, a través de la Ley Marco sobre Personas con Discapacidad, que se ha trabajado como la Iniciativa de Ley 5125. Sin embargo, el Congreso ha ¡retirado! de la agenda legislativa la discusión en tercera lectura de dicha ley, dándole la espalda al desarrollo que como sociedad deberíamos exigir, velando y otorgando las garantías y derechos que deben tener las personas con discapacidad. Y esto, aún con el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala en agosto de 2016, ante el Comité de Expertos de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Aparecen personajes macabros como Linares Beltranena que en una incontrolable demostración de ignorancia alega que “las personas con discapacidad solo constituyen un gasto para el país”. ¿Cómo podemos llamar representante del pueblo a una persona que emite una declaración tan estúpida?
Retomar la discusión es importante por muchas razones, algunas bastante obvias que, aun así, no han sido suficiente para que esta iniciativa de Ley sea prioridad. Al haberse retirado de la agenda, se está violando la Constitución de la República de Guatemala, obviando los derechos elementales de las personas con discapacidad, tales como: inclusión y por el derecho a la justicia, el acceso a la información pública, la formación ciudadana y, sobre todo, la igualdad frente a los demás.
Así mismo, se ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma que se constituyó en Ley bajo el Decreto 59-2008. Aun así, la iniciativa 5125 fue de nuevo engavetada, restándole importancia a un compromiso que se tiene ante la sociedad y el mundo. Parece que está en el olvido el cumplimiento de la agenda internacional propuesta por la ONU de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la cual Guatemala es parte.
Debemos, como sociedad, apoyar que se retome la discusión de esta ley. Quizá nosotros no somos personas con discapacidad, pero ¡no por ello deja de ser nuestra responsabilidad! ¡Guatemaltecos somos todos! Porque los guatemaltecos en condición de discapacidad suman más de dos millones y al retirar la iniciativa de la agenda, “se sigue condenando a un futuro sin goce pleno de derechos, marginación y discriminación, en especial a los grupos más vulnerables: niñez, mujeres y población indígena en condición de discapacidad, que no puede aspirar a una sociedad más justa, sin barreras físicas y actitudinales.”
Aunque se ha tenido el apoyo de Congresistas como Christian Boussinot, como ciudadanos exigimos el apoyo del pleno para que pueda retomarse esta iniciativa. En un comunicado de los Miembros de Plataforma Nacional de Organizaciones, muy certeramente exponen: “Somos un sector importante de la población que cuenta con voz y voto, no solo durante los procesos electorales cuando sí somos del interés de los parlamentarios, sino todos los días. Somos hombres, mujeres y niños con derechos y deberes, que también necesitamos y merecemos políticas públicas, equidad, igualdad y respuestas reales frente a la necesidad de llevar una vida digna.”