El rector de la USAC, Walter Mazariegos, juega en tres tableros diferentes –la elección del TSE, la CC, el MP– y pretende influir en el futuro del Estado de Derecho, al buscar inclinar el fiel de la balanza a favor de los grupos oscurantistas que han mantenido cooptada la justicia en el país.
Análisis de Crónica
Cuando Walter Mazariegos juró como rector en 2022, una parte importante del país entendió que no se trataba solamente de la disputa por el control de la USAC. Aquella elección —cercada, denunciada como fraudulenta y rechazada por sectores académicos, estudiantiles y por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos— fue en realidad la primera pieza de un engranaje mayor: la búsqueda de capturar instituciones claves del Estado.
Tres años después, todos los caminos conducen al mismo punto.
Mazariegos tendrá en sus manos la presidencia de la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y también la designación del magistrado titular y suplente que le corresponde a la USAC en la Corte de Constitucionalidad (CC).
Y, como si fuera poco, su decano de Derecho y hombre de confianza, Henry Arriaga, será una figura clave también en la postuladora para fiscal general.
Por primera vez en la historia reciente, cuatro procesos estratégicos para la vida democrática coinciden en un mismo ciclo anual:
- Elección de magistrados del TSE.
- Elección de magistrados de la CC.
- Elección de fiscal general.
- Elección del Contralor General de Cuentas.
Y en todos ellos, directa o indirectamente, aparece la sombra política del mismo actor: Walter Mazariegos.
Origen del poder: rectorado oscuro
El triunfo de Mazariegos como rector, el 14 de mayo de 2022, quedó marcado como uno de los episodios más polémicos y oscuros en la larga historia de la USAC.
El proceso estuvo plagado de denuncias por impedir el ingreso de planillas rivales, alterar la conformación del cuerpo electoral y manipular el acceso a las instalaciones. Estados Unidos lo señaló como resultado de un proceso fraudulento, e incluyó al rector en la Lista Engel por desvirtuar procesos democráticos. A quienes sanciona el Departamento de Justicia de ese país, se les califica como personajes corruptos y antidemocráticos.
En paralelo, se multiplicaron las denuncias en el Ministerio Público (MP) en represalias contra profesores, estudiantes y trabajadores que se opusieron al resultado. La USAC quedó sumida en un conflicto prolongado que paralizó su vida académica durante más de un año y las anomalías continúan hasta la fecha, porque Mazariegos no ha permitido la renovación del Consejo Superior Universitario (CSU).
Pero el verdadero impacto de aquel episodio no estaba dentro de la universidad, sino fuera.
La rectoría es una pieza central del sistema político guatemalteco: participa en comisiones de postulación, toma decisiones sobre listas de aspirantes a la CC, tiene influencia en el CANG y en el aparato legal, y ejerce un peso real en los equilibrios del Estado.
Quien controla la USAC, controla una puerta estratégica del poder institucional.
El primer tablero: la lucha por TSE
La ley establece que la comisión para elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral está integrada únicamente por cinco delegados:
- Rector de la USAC (presidente). Mazariegos.
- Decano de Derecho de la USAC. Arriaga.
- Representante del Colegio de Abogados (CANG), electo en Asamblea General.
- Rector designado por las universidades privadas.
- Decano de Derecho de universidades privadas.
Es una postuladora mínima, compacta y diseñada para ser operativa. Pero esa misma compactación la hace extremadamente vulnerable y, en el caso de la forma de integración actual, se puede anticipar que las fuerzas antidemocráticas cuentan ya con dos de los cinco votos necesarios para impulsar candidaturas. Esos votos son los de Mazariegos y Arriaga.
Es decir que el rector parte con el 40% del poder de decisión en un organismo que definirá el árbitro electoral de 2027, todo un peligro para la democracia guatemalteca
El siguiente paso es clave:
Ahora la atención se centra en quién será el delegado del CANG y quienes serán representantes de las universidades privadas: un rector y un decano, nombrados por todas las universidades que operan en el país.
Los tres deberán ser electos en diciembre, aunque hasta la fecha el Colegio de Abogados no ha anunciado la convocatoria, pese a que la ley le exige hacerlo antes de finalizar el año. Ese retraso —deliberado o no— ya enciende alarmas entre observadores nacionales e internacionales: el CANG se ha convertido en bisagra del poder institucional.
Si la Asamblea General del CANG elige a un aliado de las redes que respaldan a Mazariegos, el control del TSE quedaría prácticamente amarrado.
El rector de universidades privadas también será determinante. La elección aún no se ha realizado, y los bloques internos —divididos entre sectores conservadores, empresariales y un ala más académica— mantienen negociaciones discretas. La ecuación es simple: Mazariegos tiene 2 de 5 votos; solo necesita uno más para dominar la comisión.
El impacto real: las elecciones de 2027
Los magistrados que resulten nombrados por el Congreso a partir de la nómina de la postuladora administrarán las elecciones generales de 2027, un proceso que podría definir el futuro de la democracia o consolidar nuevos retrocesos.
Un TSE capturado por un bloque político permitiría filtrar o excluir candidaturas, favorecer medidas administrativas a determinados partidos, decidir criterios para cancelación de candidatura y manipular la estructura administrativa para el proceso electoral.
Por eso, la presencia de Mazariegos no es un asunto académico, ni de poca monta: es una variable que podría condicionar —o distorsionar— el proceso electoral más importante de la próxima década.
Su segundo tablero: la CC
La Constitución establece que la Corte de Constitucionalidad se integra por cinco magistrados titulares, cada uno designado por:
- El Congreso de la República.
- El presidente y vicepresidenta en Consejo de Ministros.
- La Corte Suprema de Justicia.
- El Colegio de Abogados.
- La USAC a través del Consejo Superior Universitario.
Es en la quinta casilla donde vuelve a aparecer el rector.
La USAC debe nombrar un magistrado titular y un suplente por medio del CSU y Mazariegos tiene mayoría consolidada mediante el control de elecciones internas, postergaciones de comicios facultativos y mecanismos administrativos que sujetan al cuerpo universitario.
Por ello, se da como un hecho que el magistrado designado será afín al bloque que controla actualmente el sistema de justicia.
En círculos políticos se maneja la hipótesis, no confirmada pero persistente, de que Consuelo Porras podría buscar refugio e inmunidad en la CC. Si no fuera ella, sería alguien de su misma corriente.
Para la estructura de poder que hoy domina el Ministerio Público, la CC es el último blindaje.
Que la USAC ponga un voto en ese sentido sería un espaldarazo decisivo para mantener esa arquitectura de protección, la misma que hasta el día de hoy ha impedido el buen funcionamiento del Estado de Derecho y el respeto a las leyes y Constitución de manera igualitaria.
La falta de independencia del sistema de justicia tiene que ver –en gran medida– con la cooptación de las cortes y el MP a manos de fuerzas oscurantistas afines.
Tercer tablero: elección del fiscal general
El decano de Derecho de la USAC, Henry Arriaga —cercano aliado de Mazariegos y coprotagonista del control interno universitario— será también pieza clave en la postuladora que deberá entregar la nómina final de candidatos a fiscal general al presidente Bernardo Arévalo.
Con Arriaga en la mesa, la USAC vuelve a tener influencia directa sobre otro de los pilares del Estado, el Ministerio Público, una institución que ha mantenido una actitud a favor de la corrupción y la impunidad desde 2019, cuando se forzó la salida de la CICIG del país.
La figura central ha sido Consuelo Porras, quien ha enfocado a la fiscalía a perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, líderes indígenas, además de amedrentar a diputados, empresarios y todo tipo de personas que pretendan defender la legalidad y la Constitución de manera auténtica.
Si el bloque de Mazariegos logra influir en la nómina, el presidente Arévalo se verá obligado a elegir entre perfiles permeados por esa alineación ideológica, reduciendo drásticamente su margen de maniobra para recomponer la institucionalidad.
Puede ser que el mandatario reciba una lista con nombres grises, para disfrazar a quien pueda resultar fiscal general.
La USAC maquinaria de poder y control
La USAC participa constitucionalmente en:
- Elección del TSE.
- Elección de la CC.
- Elección del fiscal general.
- Elección del Contralor General de Cuentas.
- Representación en Junta Monetaria y el IGSS.
- Representación en varias instituciones de Estado.
Ningún actor institucional en Guatemala —ni partido político, ni órgano del Estado— tiene tanta presencia simultánea en espacios estratégicos.
Por eso, el grupo que controla la USAC controla una de las llaves principales del Estado de Guatemala.
Mazariegos lo sabe.
Ha mantenido el poder y control del CSU mediante reelecciones internas arbitrarias, procesos cuestionados, control administrativo y la fidelidad de cuerpos académicos que dependen laboralmente de la administración central.
Y en 2026, además, la USAC celebrará elecciones para rector.
Aunque no está claro si Mazariegos intentará la reelección directa, su grupo intentará mantenerse en el poder. No pueden permitirse perder una maquinaria institucional en un año donde controlan tres de los cuatro procesos electorales más sensibles de la historia reciente.
La mirada internacional: observación permanente
Dado que 2026 será el año con más procesos electorales institucionales en décadas, varias misiones internacionales han anunciado que observarán:
Paneles de expertos, delegaciones de la OEA y de la Unión Europea han confirmado presencia.
El interés no es protocolario, pues existe un temor generalizado en la comunidad internacional de una captura simultánea del TSE, la CC y el MP, que dejarían al país sumidos en un caos institucional como el que hemos visto durante los últimos años.
En juego el futuro del Estado de Derecho
Si las comisiones de postulación terminan dominadas por redes asociadas a Mazariegos, Guatemala podría enfrentarse a:
- Un TSE con parcialidad.
- Una CC alineada a intereses de impunidad.
- Un MP escogido para proteger a grupos enquistados.
- Una Contraloría sin independencia.
Pero si el CANG actúa con independencia, si los rectores privados se desligan de presiones políticas y si las misiones internacionales intervienen con fuerza, pueden surgir contrapesos internos que limiten el alcance del rector.
Lo cierto es que el futuro electoral, judicial y constitucional del país pasa directamente por la USAC y, específicamente, por el rectorado de Walter Mazariegos, un hombre pequeño que ya ha demostrado que puede causar gran daño. Este no será un año más. Es, probablemente, el año más decisivo para el rescate —o el desmantelamiento— del Estado de Derecho desde 1985.
En el centro del tablero está él: el rector que quiere decidirlo todo.