Se vencerán cientos de miles de dosis y se perderán más de Q50 millones
Guatemala es un país pobre que se desangra a causa de la corrupción y la incapacidad de las autoridades gubernativas. A finales de febrero, cerca de un millón de vacunas Sputnik vencerán y la recomendación de las autoridades internacionales es que no se apliquen después de esa fecha, lo que significa que se perderá una cifra superior a los Q50 millones, en el mejor de los casos.
El ministro de Salud, Francisco coma reconoce que a esta fecha hay en bodega poco más de un millón de dósis de Sputnik, aunque confía que antes de su vencimiento se logre aplicar «entre 30 y 40 por ciento de ellas», una visión muy optimista, tomando en cuenta el rechazo de la población hacia la vacuna rusa, una de las pocas que no ha sido reconocida por la OMS.
La compra de las vacunas Sputnik se llevó a cabo sin un programa de vacunación en abril del año pasado y las entregas al ministerio de Salud se hizo sin un programa establecido, de acuerdo a las necesidades que se fueran teniendo de este inmunógeno.
La negociación con un intermediario ruso se llevó a cabo en secreto por parte de la ministra de Salud, en ese entonces, Amelia Flores, hasta que una publicación del diario elPeriódico, hizo pública la negociación, en la que se incurrió en una serie de anomalías e ilegalidades, además de comprar la vacuna más cuestionada en ese momento.
Las autoridades del Gobierno esperan que el manto de impunidad que funciona en Guatemala con complicidad del Ministerio Público (MP), magistrados de las cortes y jueces y magistrados, afines todos con la llamada «alianza oficialista».
Contrato oscuro y nefasto para el país
A pesar de que la Ley de Vacunación –que facilitó la compra de vacunas en el país– establece claramente que toda compra se debe hacer de forma directa con el fabricante, en este caso un Fondo de Inversión de Rusia, la compra se hizo por medio de un intermediario ruso, el cual retrasó durante meses la entrega de las vacunas y luego se aceleró la misma, lo que impidió que se hiciera bajo un plan previamente establecido para su aplicación.
Guatemala pagó por adelantado Q614.5 millones por las primeras ocho millones de dósis, pero el contrato incluye ocho millones más. el ministerio de Salud, antes y ahora, se ha negado a explicar si hay obligación en la compra de los otros ocho millones de vacunas que contempla el contrato suscrito con el vendedor ruso.
La prensa independiente publicó todas las ilegalidades en que se incurrió en aquella negociación. La fiscal general, Consuelo Porras, dijo que «se hará una investigación»¨, pero nunca se abrió el caso, como suele ocurrid con el Ministerio Público a su cargo.
Tampoco la Contraloría de cuentas emitió opinión sobre todo lo actuado, a pesar de hacerse público la forma oscura en que se llevó a cabo toda la negociación.
La pérdida de más de Q50 millones no contempla los costos de transporte, porque sobre eso nunca se informó, aunque se sabe que los mismos corren por cuenta del comprador, en este caso, el ministerio de Salud.
Preguntas sin respuesta
La exministra Flores siempre defendió la compra anómala de las vacunas Sputnik, y antes de dejar el cargo aseguró que el contrato «se ha renegociado», pero hasta la fecha se ignora si es cierto o no, porque las autoridades esquivan dar respuestas concretas, aduciendo –falsamente– que el acuerdo firmado obliga a la secretividad.
Entre las muchas dudas que se han planteado, está por qué se acordó una compra si tener siquiera un programa para las entregas de las vacunas. Luego, se preguntan por qué no se explicó en su oportunidad las ventajas de la vacuna a la población, ya que se ha visto claramente que hay un rechazo hacia la vacuna rusa.
En efecto, en todos los puestos de vacunación se prefiere la aplicación de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca que la rusa, sobre la que no hay estudios sobre su eficiencia y sigue sin ser aprobada por la OMS a nivel mundial.
finalmente la pregunta ahora es: ¿quién se hará responsable de las pérdidas que se darán, las cuáles pueden ser entre Q50 y y Q75 millones, lo que haría de este negocio uno de los más dañinos para el erario público..
La ministra Flores reconoció en varias entrevistas durante su gestión, que ella y el presidente Alejandro Giammattei fueron quienes autorizaron y llevaron a cabo las negociaciones y compra final.
Varios analistas consideran que la fiscal general, Consuelo Porras, no abrirá ninguna investigación sobre este negocio turbio y que se tratará de hacer que pase inadvertido ante la población, como si fuera normal perder tal cantidad de dinero.