En medio de incertidumbre y diversas campañas a favor y en contra, esta semana vuelve el debate en torno a las reformas constitucionales enfocadas al sector justicia, pendientes de aprobación en el Congreso de la República y, si así sucede, deberán someterse a una consulta popular.
En la agenda parlamentaria se ha fijado para el miércoles que la discusión vuelva al pleno, luego de mantenerse detenidas por casi tres meses, en los que poco se ha avanzado en la búsqueda de consensos entre los diferentes sectores de la sociedad.
Aunque hay diferencias de opinión en torno a varios artículos –se habla de 60 enmiendas que serán presentadas por diputados y sectores–, tres parecen captar más la atención y generan mayor polémica:
- JUSTICIA INDÍGENA: Se busca el reconocimiento constitucional a un sistema que ya funciona entre las comunidades indígenas. Quienes se oponen, denuncian que se estarían creando dos sistemas de justicia paralelos. Este es el tema más polémico.
- CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL: Algunos lo miran como un poder dentro de otro, mientras que otros –además–, consideran que la forma de elegir a sus integrantes, devuelve a la clase política influencia en el sector.
- INVESTIGACIONES ANTES DE ANTEJUICIO A FUNCIONARIOS: Los diputados defienden su alto grado de impunidad y no han acewptado permitir constitucionalmente que el MP pueda investigar casos antes de que se semata a antejuicio el funcionario.
En las últimas semanas se han intensificado las mesas de trabajo. El año pasado, antes de que los presidentes de los tres organismos del Estado presentaran el proyecto ante el Congreso, se llevó a cabo un diálogo nacional, que sin embargo no alcanzó a dejar satisfechos a todos los sectores.
Las reformas a la Constitución deben pasar por un largo camino. Primero se someten a la CC para dictamen, luego el Congreso las aprueba y seguramente deberán volver a la CC por las modificaciones. con la aprobación de una mayoría calificada –105 votos–, se convoca a consulta popular, y si la mayoría las aprueba, cobran vigencia.
La propuesta actual surgió del seno del MP y la CICIG, y son ampliamente respaldadas también por el Procurador de los Derechos Humanos. El Presidente de la República, que en principio expresó su apoyo, ha tenido poco rol en impulsarlas, lo mismo que la Corte Suprema de Justicia.