- Presiones contra la exjefa de la FECI en Quetzaltenango continúan durante el proceso
Pese a que no hay reserva judicial en el caso, el juez de Quetzaltenango, mantiene a puertas cerradas las audiencias del caso de la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, convertida en una de las víctimas de la persecución que el Ministerio Público desató en contra de operadores de justicia y periodistas que luchan contra la corrupción en Guatemala.
En la última audiencia, la semana pasada, la abogada defensora de la exfiscal Laparra solicitó el ingreso de la prensa, pero el juez Sergio Mena no accedió, aduciendo que existe riesgo de contagio por la pandemia por covid-19.
El Procurador de los Derechos Humanos, (PDH), Jordán Rodas, ha dado seguimiento a todas las irregularidades del caso, pero su pronta salida del cargo y que esta dependencia pase a manos del oficialismo, hacen que se vaya a perder un foco de defensa de los derechos que constantemente se violentan en contra de Laparra.
Claudia González, defensora de la perseguida exfiscal, indicó que se le ha pedido al juez que permita el ingreso de periodistas «aunque sea de manera escalada y «para que la opinión pública pueda recibir de manera imparcial la información».
En fuentes de tribunales de Quetzaltenango se dice que el juez Mena no permite el ingreso a la prensa «para que el caso no tenga repercusiones a nivel nacional e internacional», y solamente se conoce lo sucedido en las audiencias por medio de las declaraciones posteriores de las partes.
Como en otros casos que sigue el MP, los jueces aceptan de inmediato que la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror) participe como querellante adhesivo.
Lo que se ha podido ver es que las declaraciones de Laparra o su abogada son tergiversadas por los representantes de Fundaterror, que las distorsionan y manipulan, por lo que la exfiscal prefiere no hablar del caso.
Fuentes cercanas al caso indican que Laparra es sometida no recibe buen trato en el presidio, como parte de una estrategia para minar su fuerza mental y debilitar su estado de ánimo, en un proceso con el que se pretende mantenerla en cárcel por varios meses, como mínimo.
Bajo el argumento de que cualquier persona puede querellarse en casos de violaciones de derechos humanos y de administración de justicia, el juzgado confirmó como querellantes a la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y a Omar Barrios Osorio. No se verificó que el nombre de Barrios consta en el expediente ni se analizó la escritura constitutiva de la FCT, según la defensa.