Barricadas, multitudinarias manifestaciones, incendios, saqueos y violentos enfrentamientos en varias ciudades marcaron una jornada de paro general convocado este martes en Chile por un centenar de organizaciones sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se desplomó 3.1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783.82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1.57% en medio de los temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis social.
A primera hora, las barricadas incendiadas impidieron el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. Luego, una gran marcha pacífica convocó a 80 mil personas -según cálculos del gobierno- por la céntrica avenida Alameda, pero por la tarde volvieron a estallar violentos incidentes en los alrededores de la Plaza Italia y el centro de Santiago.
Cuando en varios puntos de Chile ardían barricas y seguían los saqueos, Piñera entregó un mensaje en el palacio presidencial para anunciar que permitirá que policías retirados se reintegren a la institución, para apoyar las labores de resguardo del orden público.
Piñera evitó, sin embargo, volver a decretar el estado de emergencia -y con ello, sacar nuevamente a los militares a las calles- y reiteró su propuesta de un gran acuerdo por una nueva Constitución pero sin acoger un llamado a realizar una Asamblea Constituyente, como piden la oposición y organizaciones sociales.
«La grave situación que vive nuestro país desde hace ya cuatro semanas exige, y con urgencia, dejar de lado todas las pequeñeces, y actuar con la grandeza y el patriotismo que las circunstancias nos exigen», afirmó el mandatario, sin hacer otros anuncios sustanciales.
Durante esta jornada, a un costado de la Plaza Italia, manifestantes encapuchados incendiaron un restaurante y saquearon un hotel, con cuyo mobiliario encendieron una gran fogata. En sus cercanías se emplaza la embajada de Argentina en Chile, a la que manifestantes también intentaron entrar, según relató el embajador José Bordón.
Saqueos a tiendas y violentos choques con la policía se generaron en varios otros puntos del centro de Santiago, especialmente fuertes en los alrededores de la casa de gobierno. Una iglesia del turístico barrio Lastarria -patrimonio de la ciudad- resultó también incendiada.
En la ciudad de Concepción (sur), manifestantes incendiaron la sede de la gobernación regional y se enfrentaron con la policía, mientras varias tiendas fueron saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico puerto de Valparaíso, en el centro del país, donde igualmente se registraron violentos enfrentamientos con la policía. En la vecina localidad de San Antonio, fue atacado un recinto militar.
«Medidas parche»
«El descontento es por muchos temas (…) Todo lo que ha ofrecido el presidente es insuficiente, una burla», dijo Karen Delgado, una oficinista de 29 años, en medio de la marcha.
«Le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente», agregó.
El llamado a huelga general se produjo más de tres semanas después de que estallaran las primeras protestas sociales. Fue convocada por la llamada «Mesa Social», que reúne a más de un centenar de organizaciones sociales de empleados fiscales, profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, dio un «ultimátum» al gobierno y afirmó que llamarían a un paro indefinido en caso de que no acepte convocar a una Asamblea Constituyente.
«Esta movilización de hoy, lo que busca es ser un ultimátum para el gobierno, sobre nuestra propuesta que es clara y precisa: No queremos un Congreso Constituyente, nuestra apuesta es construir una nueva constitución vía asamblea constituyente», afirmó Figueroa, al hacer un balance de la movilización de este martes.
Giro presidencial
La pulseada llega luego de que Piñera se abriera el fin de semana a iniciar un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con un Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen, y un plebiscito ratificatorio.
En una declaración pública la tarde de este martes, 14 partidos de oposición exigieron la realización de una Asamblea Constituyente.
«La propuesta de un Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda popular por participación y deliberación», dijeron en el texto el Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, además de agrupaciones de la izquierda radical.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se reunió con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha realizado para acallar las protestas sociales. Además cerró un pacto para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones sociales.