- El fiscal especial que investigó a Donald Trump por intentar revertir los resultados electorales de 2020 asegura que su equipo «defendió el Estado de derecho». La acusación fue archivada por el Departamento de Justicia.
Voz de América
Associated Press (AP)
WASHINGTON — El fiscal especial Jack Smith afirmó en un esperado informe publicado el martes que su equipo “defendió el Estado de derecho” mientras investigaba los esfuerzos del presidente electo Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020.
Además, aseguró que respalda completamente su decisión de presentar cargos penales que, según indicó, habrían resultado en una condena si los votantes no lo hubiesen vuelto a llevar a la Casa Blanca.
“El hilo conductor de todos los esfuerzos delictivos del sr. Trump fue el engaño -afirmaciones falsas y conscientes de fraude electoral- y la evidencia muestra que el sr. Trump utilizó estas mentiras como un arma para derrotar una función del gobierno federal fundamental para el proceso democrático de Estados Unidos”, afirmó el documento.
El reporte, que se hizo público unos días antes de que Trump regrese a la Casa Blanca el 20 de enero, centra de nuevo la atención en su frenético pero fallido esfuerzo por aferrarse al poder en 2020.
Con la acusación archivada gracias a la victoria electoral del republicano, se espera que el documento sea la última crónica del Departamento de Justicia sobre un oscuro capítulo en la historia estadounidense que amenazó con alterar la transferencia pacífica del poder, que durante siglos ha sido un pilar de la democracia, y complementa las acusaciones y los informes ya publicados.
Trump se dice inocente
Trump respondió en la madrugada del martes con una publicación en su plataforma Truth Social en la que aseveró que era “totalmente inocente” y describió a Smith “un fiscal inepto que no pudo llevar su caso a juicio antes de la elección”. ”¡Los votantes han hablado!”, agregó.
Trump fue acusado en agosto de 2023 de trabajar para anular la elección, pero el caso se retrasó por apelaciones y al final quedó significativamente limitado por una Corte Suprema de mayoría conservadora que sostuvo por primera vez que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad frente a la persecución penal por actos oficiales.
Aunque Smith trató de salvar la acusación, el equipo la desestimó por completo en noviembre debido a la política de larga data del Departamento de Justicia que sostiene que los presidentes en funciones no pueden enfrentar procesos penales federales.
“La opinión del Departamento de que la Constitución prohíbe la continuación de la acusación y el enjuiciamiento de un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la fuerza de la prueba del Gobierno o los méritos de la acusación, que la oficina respalda plenamente”, relata el informe.
“De hecho, si no fuera por la elección del sr. Trump y su inminente regreso a la presidencia, la Oficina evaluó que la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena en un juicio”.
Una parte queda en secreto
El Departamento de Justicia transmitió el reporte al Congreso a primera hora del martes luego de que un juez se negó a bloquear su publicación. Un volumen separado del informe, centrado en la acumulación de documentos clasificados por Trump en Mar-a-Lago, acciones que formaron la base de una acusación separada contra Trump, permanecerá en secreto por ahora.
Aunque la mayoría de los detalles de los esfuerzos de Trump para revertir el resultado de los comicios ya son bien conocidos, el documento incluye por primera vez una evaluación detallada de Smith sobre su investigación, así como la defensa del fiscal especial contra las críticas de Trump y de sus aliados sobre la politización de la pesquisa o de que trabajó en colaboración con la Casa Blanca, una idea que calificó como “irrisoria”.
“Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendió el Estado de derecho importa”, escribió Smith en una carta al fiscal general, Merrick Garland, adjunta al reporte.
“Creo que el ejemplo que nuestro equipo dio para que otros luchen por la justicia sin tener en cuenta los costos personales importa”.
Los desafíos con Trump
El fiscal especial expuso también los desafíos que enfrentó en su investigación, incluida la reivindicación de Trump de un privilegio ejecutivo para tratar de impedir que los testigos proporcionasen evidencias, lo que obligó a los fiscales a entrar en batallas judiciales secretas antes de que se presentaran los cargos.
Otro “desafío significativo” fue la “capacidad y disposición (de Trump) para usar su influencia y a sus seguidores en redes sociales para atacar a testigos, tribunales, fiscales”, lo que llevó a la fiscalía a solicitar una orden de restricción para proteger a los posibles testigos del acoso, escribió Smith.
“El recurso del sr. Trump a la intimidación y al acoso durante la investigación no fue nuevo, como demostraron sus acciones durante las conspiraciones imputadas”, añadió el fiscal especial.
“Un componente fundamental de la conducta del sr. Trump subyacente a los cargos en el Caso Electoral fue su patrón de usar redes sociales —en ese momento Twitter— para atacar públicamente y tratar de influir en funcionarios estatales y federales, jueces y trabajadores electorales que se negaron a apoyar afirmaciones falsas de que la elección había sido robada o que de otro modo resistieron la complicidad en la trama del sr. Trump”, agregó.
Smith explicó por primera vez el proceso de razonamiento detrás de las decisiones de enjuiciamiento de su equipo, apuntando que su oficina decidió no acusar al exmandatario de incitación en parte debido a preocupaciones de libertad de expresión, o de insurrección, porque en aquel momento era el presidente en funciones y había dudas sobre la posibilidad de llevar a juicio ese delito, del que no había constancia de que hubiese sido procesado antes.