El vicepresidente Guillermo Castillo lamentó la muerte del juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Petén, Waldo Josué Alvizures Ruano, quien fue asesinado la tarde de este 21 de octubre dentro de un restaurante.
Castillo indicó sentirse consternado ante la noticia, ya que aseguró ser su amigo. “Yo lo conocía, era un buen amigo y muy consternados manifestamos condolencias al sistema judicial y a la familia del señor juez, no agrada escuchar este tipo de noticias”, manifestó.
Asimismo, solicitó al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación iniciar con las investigaciones del caso para esclarecer el asesinato del jurista.
Los hechos
El altercado donde perdió la vida el juez Alvizures ocurrió dentro del restaurante Arrecife, ubicado en la aldea Santa Elena, del municipio de Flores, Petén.
Según con declaraciones de testigos, el profesional del derecho se encontraba almorzando en el recinto antes mencionado, cuando sujetos ingresaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones sin intercambiar palabras.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios que acudieron al llamado de emergencia, el juez penalista se encontraba sin signos vitales al momento de llegar al lugar. Asimismo, aseguraron que Alvizures se encontraba acompañado de otra persona, quien resultó ilesa del atentado.
AGJI también lamenta los hechos
La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), a través de un comunicado, lamentó el asesinato del juez, el cual, a su consideración, evidencia las condiciones vulnerables para los funcionarios judiciales y expone de manera clara las debilidades en las que día a día se trabaja dentro de la administración de justicia.
“Este crimen afecta a todo el sistema de justicia, principalmente al Estado Democrático, provocando una enorme indignación por el ensañamiento por el que fue ejecutado el señor juez. No es posible que el derramamiento de sangre en nuestro país continúe sin ningún límite, denunciamos, a nivel nacional e internacional los extremos de violencia a los que se ve sometida la población guatemalteca”, indica el documento.
Además, exigen a la Corte Suprema de Justicia y demás autoridades del poder judicial la aplicación de protocolos de seguridad para magistrados, jueces y auxiliares judiciales, a la fiscal general, Consuelo Porras, que desarrolle de manera efectiva todas las diligencias de investigación que esclarezcan los hechos, individualizando a los responsables y sometiéndolos a la justicia.