El escándalo por la compra de pruebas para detectar COVID-19 que resultaron ser falsas continúa, luego que el vicepresidente Guillermo Castillo solicitara al presidente Alejandro Giammattei destituir a los funcionarios públicos que aún siguen en sus cargos y han sido señalados de estar involucrados en el fraude.
“Es un crimen de estado”, dijo Castillo sobre este posible acto de corrupción por la compra de 30.000 pruebas por casi 1 millón de dólares que resultaron ser falsas. Asimismo, diputados opositores pidieron públicamente que se declaré nula y lesiva la compra.
Orlando Blanco, integrante de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citó este martes a la Ministra de Salud, Amelia Flores, por este caso y escuchó los pormenores de la denuncia. La funcionaria explicó que el presidente Giammattei tenía conocimiento de la denuncia desde diciembre del año pasado y que pidió que se investigara.
El domingo The Associated Press tuvo acceso a la denuncia presentada por Flores, que advertía sobre la compra de las pruebas de laboratorio para detección de coronavirus SARS-COV2 para el área de biología molecular y reactivos por un valor de 7.3 millones de quetzales.
Según la denuncia, la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima vendió al Ministerio de Salud las pruebas que dijo adquirió de Atila Biosystems INC. con sede en Estados Unidos. La empresa estadounidense aclaró el lunes que no vendió a Kron las pruebas que dicha empresa registró como parte de la venta.
El comisionado presidencial contra la corrupción, Oscar Dávila, quien también fue citado por diputados, dijo que tuvo conocimiento del caso desde el 26 de enero pero que no presentó denuncia ante el Ministerio Público porque estaba investigando administrativamente el hecho y que presentará una nueva denuncia la próxima semana.
Dávila aseguro que según registros de la Superintendencia de Administración Tributaria a Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima no le aparecen registros de importación de ningún tipo de productos, por lo que también investigan este hecho.
Flores dijo que las pruebas no se usaron en personas. Posteriormente la viceministra Lucrecia Ramírez aclaró que para determinar que eran falsas sí se usaron en pacientes y como no daban los resultados esperados (ni positivo, ni negativo), a estos pacientes se les corrieron nuevas pruebas que sí funcionaban para determinar si estaban o no contagiados y en ese momento empezó la sospecha de las pruebas compradas.
Atila Biosystems INC. dijo en un comunicado el lunes que concluyen que “el presunto fraude perpetrado fue una fabricación local, y que trabajará activamente para apoyar al Gobierno de Guatemala a garantizar que se haga justicia”.
Flores, pidió que se investigue por posibles delitos de estafa, perjurio, falsificación de documentos privados, conspiración y fraude a Juan Pablo Arocha Urbina y a Luis Alfredo Arocha Bermúdez, representantes de la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima, y a Ronaldo Estrada Rivera, exfuncionario de salud y actual viceministro de Cultura y Deportes, por haber firmado el contrato de compra.
Estrada negó los cargos en declaraciones a una radio local el martes y dijo que también la ministra Flores tenía responsabilidad. Explicó que puso a disposición su cargo, pero que contaba con el apoyo de su jefe actual, el ministro de Cultura, Felipe Aguilar.
Las pruebas que vecen en septiembre de 2021 fueron entregadas en los hospitales de los departamentos de Chimaltenango y Huehuetenango entre el 17 y 25 de noviembre de 2020. El viernes pasado la fiscalía contra la corrupción, que conoce la causa, recolectó pruebas en ambos hospitales como evidencia de la denuncia.
Entre las deficiencias que encontró el Ministerio de Salud en las pruebas que fueron entregadas en Huehuetenango están que el reactivo no es funcional para la realización de las pruebas PCR, así como la falta de adecuada identificación del manual de procedimientos.
En el caso de Chimaltenango, a donde llegaron 14,200 pruebas de la empresa denunciada, al momento de montar las pruebas no se obtuvieron replicación de los controles ni los reactivos coincidieron.
La misma empresa le vendió en junio de 2020 al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 10,000 pruebas para detectar COVID por casi 400 mil dólares. El Seguro Social dijo que las pruebas empleadas en pacientes de la seguridad social están verificadas y son auténticas.
Hasta el martes Guatemala registraba 172,072 contagios registrados, de los cuales 6,315 han derivado en la muerte.