La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, partidaria de la mano dura contra el tráfico de drogas, reveló este jueves que uno de sus hermanos estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos y que aportó dinero para ayudarlo en su proceso judicial.
Ramírez se vio forzada a dar detalles de un caso que nunca antes había trascendido públicamente, a raíz de una publicación del portal La Nueva Prensa.
El sitio de información destapó más temprano que el hermano de la funcionaria, Bernardo Ramírez Blanco, fue condenado en 1997 a casi cinco años de prisión por tráfico de heroína desde Aruba hacia Miami.
Según el portal, la actual vicepresidenta y su esposo pagaron una fianza de 150.000 dólares cuando Ramírez Blanco «tuvo la oportunidad» de salir «libre».
Sin embargo, Ramírez aseguró que pagaron una «garantía» para «asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo».
«Vivimos con mucho dolor su circunstancia, pero también lo acompañamos con el amor de hermanos, como lo hicieron mis padres, porque los lazos de la familia no desaparecen frente a la adversidad y la vergüenza», indicó en un comunicado.
Ramírez, de 65 años, aseguró que, tras dejar la prisión, su familiar se ha «dedicado a trabajar honestamente» y «lleva una vida decente y honrada».
Y consideró la publicación parte de una «estrategia sistemática» para desacreditarla, tras recientes informes periodísticos que la relacionan a ella y su esposo en negocios con un supuesto narcotraficante y paramilitar.
El presidente Iván Duque respaldó a la funcionaria en un mensaje en Twitter y consideró que el reportaje responde a intentos de «enlodar a una mujer digna y valerosa».
Por su parte, el líder opositor Gustavo Petro exigió la renuncia de la vicepresidenta por sus supuestas relaciones con narcos y por pagar por la «liberación» de un narcotraficante.
En casi dos décadas de actividad política, Ramírez ha abogado por mano dura contra el narcotráfico.
También fue una de las mayores críticas contra el acuerdo de paz de 2016 entre la exguerrilla FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, porque según ella suponía una claudicación frente al terrorismo y el narcotráfico.
El conflicto armado que ha desangrado durante medio siglo a Colombia se ha alimentado de recursos provenientes del tráfico de droga.
Colombia es el principal productor mundial de cocaína y Estados Unidos el mayor consumidor.