Ginebra, Suiza | AFP |
La ONU denunció el martes el «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva» así como «torturas» durante las protestas en Venezuela y acusó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de ser responsables de la muerte de al menos 73 manifestantes.
«Las entrevistas realizadas a distancia (…) sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes», declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, en un comunicado.
«Varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas», añade el texto.
Como las autoridades de Venezuela rechazaron el acceso al país de los investigadores de la ONU, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que realizara unas 135 entrevistas a distancia a víctimas y familiares, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y a un funcionario de la oficina de la Fiscal General.
«Hasta el 31 de julio, la Oficina de la Fiscal General había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis del equipo de derechos humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos armados’, serían responsables de otros 27 fallecimientos», precisa el comunicado, añadiendo que desconoce quién perpetró el resto de las muertes.
Según indicios verosímiles «las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura», alerta el Alto Comisionado, que denuncia el uso de «choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte –y en algunos casos con la violencia sexual- a ellos y a sus familiares».
Respecto al número de personas detenidas, ninguna cifra oficial ha sido publicada, pero «los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria», prosigue el texto. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas.
«Esas violaciones ocurren en plena ruptura del Estado de derecho en Venezuela, con ataques constantes del gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General», agregó Zeid. «La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que estamos registrando corresponde a los más altos niveles del gobierno», sentenció.
El Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas «a que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente».
Cancilleres de América evalúan condena a Venezuela por «ruptura» democrática
Lima, Perú | AFP |
Cancilleres y representantes de al menos 15 países de América evalúan este martes una posible condena a Venezuela, por «una nueva modalidad de golpe de Estado», tras la instalación de una Asamblea Constituyente que agravó la crisis de ese país.
El encuentro se realiza luego de que el Mercosur suspendiera a Caracas por «ruptura del orden democrático» tras la elección de la Constituyente convocada por Maduro.
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, crítico de su colega venezolano, convocó en Lima a representantes de Brasil, Argentina, Chile, México, Uruguay, Paraguay y algunos países de Centroamérica y Caribe, además de Canadá, para también tomar acciones.
Según informaron fuentes diplomáticas a la AFP, como primer punto de la agenda, Perú planteará la condena frente a «una nueva modalidad de golpe de Estado, pues se ha creado una entidad inconstitucional para suplantar las funciones de un poder legítimamente elegido, sumado a la destitución ilegal de la fiscal general».
La Constituyente, un «suprapoder» que se instaló en Venezuela en medio de un fuerte rechazo internacional y denuncias de «fraude», decidió que legislará hasta por dos años -más allá de la culminación del mandato de Maduro- para reescribir la Carta Magna de 1999 y al mismo tiempo tomar otras decisiones de efecto inmediato.
Para la oposición, que no participó en la conformación de sus miembros, esta entidad permitirá que Maduro se perpetúe en el gobierno.
– Grupo de seguimiento –
El propio canciller peruano, Ricardo Luna, dijo el último sábado que si hay coincidencias en que la Constituyente vulnera el orden democrático probablemente emitirán un comunicado en el cual «diríamos que hay que revertir y deshacer la Asamblea Constituyente y restituir el poder de la Asamblea» legislativa (Congreso).
Otro punto de la agenda será un posible pedido para la liberación de presos políticos e invocar a que el cronograma de elecciones presidenciales para 2018 se cumpla.
La ola de manifestaciones impulsadas por la oposición para exigir la realización de comicios generales y la salida del gobierno ha dejado 125 muertos en los últimos cuatro meses.
El gobierno venezolano afirma haber sofocado el domingo un ataque a un cuartel militar, en medio de versiones de rebelión y -según el gobierno de Maduro- alentado por la derecha.
Otro ítem del encuentro de cancilleres será la creación de un grupo permanente de seguimiento a la situación en Venezuela.
«Queremos constituir un grupo permanente para insistir en el camino de una negociación, porque todo conflicto en algún momento tiene que llegar a una negociación», dijo el lunes el canciller chileno, Heraldo Muñoz.
Según fuentes de la cancillería peruana, la convocatoria ha sido a «países que están preocupados con la situación de la democracia en Venezuela».