La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, informó que se ha hecho un nuevo llamado al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, para que reanime los mecanismos de negociación directa entre Guyana y Venezuela, tal como lo ofreció en su última comunicación de fecha 28 de enero de 2021.
«La República de Venezuela reafirma su compromiso y buena fe para alcanzar una solución política y pacífica que garantice la paz de nuestra región y renueva la invitación a la República Cooperativa de Guyana para transitar el camino de las negociaciones directas», declaró Rodríguez, según recoge la prensa venezolana.
Además, Rodríguez reprochó la «instigación y la ambición de las transnacionales energéticas sobre este vasto territorio» y subrayó que Venezuela considera vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966 para alcanzar un acuerdo práctico y mutuamente satisfactorio para las partes.
Disputa territorial
El Esequibo es un territorio de 159,542 kilómetros que posee importantes recursos naturales –petroleros, gasísticos, mineros, hidráulicos y forestales– y un gran potencial turístico. Está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899 que Venezuela considera nulo porque las negociaciones secretas, que se conocieron años después, revelan vicios del consentimiento.
La disputa ha vuelto a tomar relevancia a nivel internacional a partir de 2016, cuando la estadounidense Exxon Mobil comenzó ese año una exploración petrolera, pese a las denuncias de Venezuela, cuya soberanía, ha denunciado, se está viendo nuevamente amenazada desde el mes de septiembre cuando Washington y Guyana anunciaron que desplegarían patrullas marítimas en la zona con el pretexto de luchar contra el narcotráfico.
Venezuela ha aprobado un decreto para establecer un nuevo «territorio para el desarrollo de la fachada atlántica» del país en Esequibo, como «parte de la batería de acciones legales, diplomáticas, políticas y de Estado para defender» los «sagrados derechos de 200 años» de Venezuela
El texto lo anunciaron semanas después de que el Gobierno de Venezuela rechazara la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de declararse competente sobre este contencioso.