La irresponsabilidad de los prestadores del servicio de transporte extraurbano, la debilidad de los controles y deficiente coordinación entre las diferentes instituciones vinculadas a la supervisión del tránsito en carreteras, ponen en constante riesgo a los pasajeros.
Sergio Del Águila
La Dirección General de Transporte (DGT) es el ente encargado de controlar y sancionar al transporte público extraurbano, que irrespete las normas de tránsito y ponga con ello en peligro a las personas que a diario usan este servicio.
Para ello cuenta con 20 inspectores, y cada uno en promedio debe vigilar a 910 autobuses del total que circulan por los 182 mil 435 kilómetros de carreteras asfaltadas y 4 millones 564 mil 143 de terracería que tiene la nación.
Cuando la DGT logra comprobar alguna falta y reincidencia del irrespeto a las leyes de tránsito, no se cancela la licencia a la empresa de transporte que presta el servicio —a pesar de que está contemplado en la ley— y las multas que se imponen nadie las paga.
Hasta el momento, la DGT ha sido incapaz de cobrar Q21 millones de multas impuestas en los últimos cinco años a unidades de transporte que circulan, temeraria e irresponsablemente, en el territorio nacional.
La lista de infracciones que a diario cometen los transportistas extraurbanos es larga. Estas incluyen conducir a excesiva velocidad, bajo los efectos del alcohol o sin la licencia respectiva; sobrecargar las unidades de transporte y no respetar las señales de tránsito.
A ellas se suman el maltrato a pasajeros y agresiones físicas, cobros excesivos, ruidos estridentes y falta de higiene. Tampoco existe control sobre el mantenimiento que se le da a las unidades de trasporte colectivo y, por eso, por lo general, los repuestos se compran en hueseras para ahorrar costos, aunque las piezas usadas pongan en riesgo la vida de los pasajeros.
Como era de esperarse…
Tan solo en los primeros tres meses y medio del año en curso la irresponsabilidad de los dueños y pilotos de autobuses extraurbanos ha provocado accidentes, principalmente en la ruta a occidente, que han dejado 40 fallecidos y 225 heridos. Esta es una historia de nunca acabar pues se repite año con año.
Pese a que existen otras entidades estatales vinculadas al control del transporte colectivo, estas casi nunca unen esfuerzos y trabajan en conjunto.
Los altos índices de accidentabilidad —se dan, entre otras cosas— porque los controles conjuntos se ejecutan solo en las épocas altas de movilidad de pasajeros como Semana Santa, el 1 de Noviembre y fiestas de fin de año, señala Edgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
Y así lo reconocen Edwin Robles Valle, jefe de la DGT; Dalia Santos, vocera de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DTPNC) y Erick De León, titular de la Dirección de Protección Vial (Provial).
Tampoco se coordina con las policías municipales de tránsito del país. Los operativos, por lo general, solo se llevan a cabo en la zona central del país, mientras que en los lugares de partida del interior remoto no existen controles, expone Guerra.
Viejo parque vehicular
Otra causa de accidentes es la antigüedad de los autobuses. Esto como consecuencia de que existen automotores que tienen hasta 25 años de antigüedad y estos son adquiridos en subastas en Estados Unidos donde ya son obsoletos. Les modifican la caja de velocidades, catarina y motor con partes de tráileres que tengan mucha más potencia, convirtiendo a los automotores en verdaderos bólidos que transitan por carreteras, afirma Guerra.
Mientras que el director de la DGT comenta que existen incluso vacíos legales para sancionar a los transportistas extraurbanos. En este sentido, comenta que existen faltas no contempladas —en la ley y reglamento— como competir y pelear pasaje en carreras.
Al ser consultado el funcionario, sobre el descontrol que existe en el sistema de transporte colectivo extraurbano, adujo que una de las grandes limitantes es el presupuesto de esta dependencia, que no supera los Q10 mi-
llones y no se ha modificado en los últimos cuatro años en las asignaciones que recibe del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV).
A su juicio, una medida que podría ayudar a tener más control sobre los transportistas es la unificación de Provial y la DGT—ambas son dependencias del CIV—, ya que la primera solo ayuda, no sanciona, no controla, solo persuade, y sería mejor que fuera una sola dirección que atienda todo lo relacionado con el control eficaz del servicio de transporte público terrestre.
Poco dinero y personal
Para el director de la DGT, el presupuesto no alcanza y la mayoría se va en funcionamiento. Los 20 inspectores con que se cuenta son insuficientes, pues es impensable que puedan controlar las 18 mil 200 unidades extraurbanas autorizadas, y lo que impide que se tengan controles en los terminales de partida en los departamentos.
Por otra parte, Guerra, de la PDH, denuncia que los transportistas no cumplen con la obligatoriedad de contar con el seguro, porque significa un costo adicional que no quieren cubrir.
En algunos casos se ha tenido la información de que los propietarios solo adquieren seguros para los meses de febrero marzo y abril, luego quedan desprotegidos y los vuelven a comprar para octubre noviembre y diciembre, asegura el defensor de los usuarios de la PDH.