- Lluvia de acciones judiciales y el apoyo de estudiantes de otras universidades a la corriente opositora al fraude de Walter Mazariegos para reelegirse, mantienen en vilo el futuro de la USAC
Redacción Crónica
La sombra de la ilegitimidad persigue a Walter Mazariegos. Tras una semana de cierres forzados, exclusión sistemática de electores y advertencias internacionales, la batalla por la Rectoría de la Universidad de San Carlos se libra ahora en un complejo tablero legal que busca anular la cuestionada elección.
El malestar en la comunidad universitaria y la sociedad civil ha alcanzado un punto de ebullición. La elección de Walter Mazariegos como Rector de la Universidad de San Carlos (USAC) es calificada por diversos sectores como un «fraude orquestado». La maniobra clave fue la exclusión de 11 cuerpos electorales de oposición, a quienes se les impidió acreditarse o ingresar al recinto de votación, garantizando así una mayoría absoluta para el oficialismo universitario.
Para evitar la organización de la protesta estudiantil, el propio Mazariegos ordenó el cierre del campus central durante la semana electoral, suspendiendo clases y actividades bajo el argumento de «seguridad», una medida que fue vista como un intento desesperado por silenciar el descontento en su propio bastión.
La batalla legal: Una lluvia de amparos
El conflicto ha salido de los muros universitarios para instalarse en el Organismo Judicial. Actualmente, se libra una guerra de trincheras en tribunales y cortes:
- Recursos de Amparo: Diversos colectivos de estudiantes, docentes y profesionales han presentado una serie de amparos que buscan la repetición de las votaciones, pero esta vez con la participación de los 34 cuerpos electorales completos.
- Vicios de forma: La defensa legal de la oposición sostiene que la asamblea electoral fue nula al no permitir el quorum legítimo y violentar los estatutos de la universidad.
- Flta de finiquito: al momento de la elección, Mazariegos no contaba con el necesario requisito de tener finiquito extendido por la Contraloría General de Cuentas.
- El papel de la CC: Los ojos están puestos en la Corte de Constitucionalidad, que deberá decidir si valida una elección que carece de transparencia o si ordena resarcir el derecho de los electores excluidos.
Solidaridad interuniversitaria y presión internacional
Lo que empezó como un conflicto interno ha generado un efecto solidario sin precedentes. Estudiantes de universidades privadas (como la Landívar y la del Valle) se han sumado a las consignas de la «AEU», manifestando que la captura de la USAC afecta la institucionalidad de todo el país, dado que la universidad estatal tiene representación en juntas directivas clave del Estado.
El clima de tensión no ha pasado desapercibido para la comunidad internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió advertencias claras sobre el proceso y la Unión Europea (UE) censura el proceso eleccionario por los vicios evidentes.
«La falta de inclusión y la opacidad en la acreditación de electores debilita la confianza en las instituciones académicas y pone en riesgo la autonomía universitaria».
La OEA ha señalado que la criminalización de la protesta estudiantil y la exclusión de voces disidentes son prácticas que contravienen los principios democráticos que la USAC debería defender. Esto es lo que dijo la UE en X:
La semana cierra con un campus custodiado, el MP investigando «ataques contra el patrimonio cultural» para poder criminalizar las acciones de los universitarios y una Rectoría que, aunque legalmente ocupada, carece de reconocimiento social.
La pregunta entre universitarios y sociedad civil es: ¿Podrá Mazariegos gobernar una universidad que se niega a aceptarlo como su autoridad legítima? La moneda está en el aire, y el veredicto final vendrá de las cortes, o de la resistencia persistente de la comunidad sancarlista.
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