Uruguay entró en un compás de espera tras el balotaje del domingo, que dejó al candidato opositor de centroderecha Luis Lacalle Pou al frente del escrutinio, pendiente de un recuento de votos que confirme una exigua diferencia sobre el oficialista Daniel Martínez (izquierda).
Terminado el escrutinio primario, Lacalle Pou, de 46 años, líder del Partido Nacional, obtenía 48.71% de los votos, y Martínez 47.51%, en unos comicios que se definen por mayoría simple.
Pero la diferencia de apenas 30,000 votos es inferior a la de los votos «observados», cuando los electores sufragan en circuitos que no les corresponden o no figuran en el padrón, en este caso unas 35,000 papeletas, por lo que hay que esperar a que la Corte Electoral realice el escrutinio secundario (el recuento voto a voto), que esta vez será clave para definir al nuevo presidente.
La ley establece que en esos casos se podrá votar en forma «observada», para que luego la Corte deberá cotejar la existencia del elector y reinscribirlo en el padrón antes de validar el sufragio, por lo que este recuento demanda más tiempo.
El escenario es adverso para Martínez. Escrutado el 100% de los circuitos, el candidato necesita obtener el 91% de los votos observados, según la consultora Enia, que analiza las estadísticas de la votación.
El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo a la AFP que el segundo escrutinio comenzará el martes a las 09H00 locales (12H00 GMT) y culminará como máximo el viernes.
Festejo y recriminación
Mientras Martínez se mostró exultante, bailando arriba de un escenario junto a varios dirigentes del Frente Amplio luego de una campaña en la que recibió duras críticas dentro de su propio partido, Lacalle Pou le recriminó que no reconociera su derrota ante un resultado que consideró «irreversible».
«Hay formas de aceptar los resultados (…) Formalmente lo sabremos en pocos días. Lamentablemente el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que desde nuestro punto de vista es irreversible», dijo Lacalle Pou pasada la medianoche.
«Además de gobernar un país, queremos tener una sociedad de paz y una sociedad unida, y lo que menos podemos hacerle es darle manija (provocar)», expresó al pedir paciencia y prudencia a sus partidarios.
Y agregó que a diferencia de Martínez, el presidente saliente, Tabaré Vázquez, cuyo republicanismo destacó, sí lo llamó.
«El presidente, como nosotros, nos vamos a atener a lo que dentro de pocos días la Corte diga, que la ‘coalición multicolor’ ganó la elección del 24 de noviembre», añadió el líder del Partido Nacional, en alusión a la alianza electoral alcanzada con partidos liberales, de derecha y socialdemócratas.
Martínez, que fue el primero en hablar, no quiso darse por derrotado, dijo ante sus partidarios que aún quedaban «algunos votos por contar» y que habría que «esperar todavía para saber el resultado final».
Dos mitades
Lo ajustado de la votación no solo marcó una remontada del Frente Amplio sobre sus resultados de primera vuelta el 27 de octubre. También dejó al electorado partido en dos, entre quienes quieren un cambio de rumbo y quienes prefieren la continuidad de la izquierda en el poder.
En una región que ha visto el ascenso de la ultraderecha en Brasil y la vuelta de la izquierda en Argentina, Uruguay daría un viraje si se confirman los resultados del escrutinio primario, luego de tres mandatos consecutivos del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda que reúne a socialistas, comunistas, socialdemócratas, exguerrilleros y ortodoxos económicos.
Uruguay formó parte de un grupo de países que viró hacia administraciones de izquierda en la década pasada, cuando gobernaron Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Luis Inácio Lula da Silva en Brasil, o Rafael Correa en Ecuador.
En sus 15 años de poder, la coalición izquierdista aprobó el aborto en 2012, yel matrimonio homosexual y la legalización de la marihuana en 2013.
Pero ha tenido que lidiar en los últimos tiempos con un desempleo del 9,5%, una economía estancada con un persistente déficit fiscal del 4,9% del PIB, y un aumento del 45% en el número de homicidios entre 2017 y 2018, en un país considerado seguro en el contexto latinoamericano.