Por: Enma Reyes
La Bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó este lunes una iniciativa para realizar diversas reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP). Entre las modificaciones está prohibir a un fiscal general su participación en la política durante los seis años siguientes de dejar el cargo.
De acuerdo con el subjefe de esa agrupación política, Carlos Barreda, la propuesta tiene dos elementos: “la primera, que no se vuelva a usar el MP con fines políticos ni mucho menos con las intenciones de ser candidato a la Presidencia, y la otra, buscar establecer el equilibrio, los pesos y contrapesos en esa institución”, aseguró el parlamentario.
El legislador, además, afirmó que las modificaciones a esa normativa establecen que el presidente de la República pueda hacer una evaluación al fiscal general del MP y de acuerdo con criterios técnicos pueda removerlo del cargo.
“La evaluación que realizará el mandatario de la nación es sobre la efectividad procesal de los diferentes fiscales, así como de la ejecución presupuestaria y de las políticas implementadas por el Ministerio Público”, explicó Barreda.
El diputado detalló que el Congreso de la República le podrá solicitar al presidente que realice una evaluación al jefe del MP para determinar si corresponde o no su remoción.
Barreda agregó que los niveles de impunidad siguen altos y, según él, los indicadores no han mejorado, por lo que se debe trazar una ruta para que esto mejores y los fiscales rindan cuentas.
“No podemos volver a fiscales todos poderosos que no rinden cuentas, que no se les puede destituir y que no rinden cuentas y abusan del poder; además, lo aprovechan con fines políticos”, expresó el parlamentario.
La secretaria general de la UNE, Sandra Torres, enfrenta un proceso penal por un Caso de Financiamiento Electoral Ilícito, por el cual guarda prisión preventiva en la cárcel de Mariscal Zavala.
No puede destituir al jefe del MP
En febrero de 2016, el Congreso aprobó el Decreto 18-2016 con el cual decidió que el Ejecutivo no podía destituir al responsable del ente investigador, sin ninguna causa justificada a menos que estuviera condenado judicialmente. Se acordó también que si era ligado a proceso se le suspendía, y si lo absolvían podría recuperar el puesto.
En esa oportunidad, el Legislativo avaló que desapareciera el Consejo del Ministerio Público y fue creada la Supervisión General que es el ente encargado de conocer todas las destituciones.
Asimismo, se instituyó las carreras fiscales, administrativas y técnicas para el personal del Ministerio Publico. El acuerdo que le dio vida a las reformas de la Ley Orgánica de la Fiscalía General fue aprobado, en ese entonces, por 140 votos a favor, dos en contra y 16 ausencias en el hemiciclo.