Marta Altolaguirre
Los escenarios que se prevén para el corto plazo son alarmantes, ante la inminencia de las elecciones generales, que se perfilan atadas a las jugadas maléficas de figuras que han gastado a manos llenas en campañas perma-nentes y abundantes, ignorando los límites establecidos en la ley y que serán la extensión de un régimen perverso que aún con los controles ciudadanos y las acuciosas investigaciones de MP-CICIG, mantendrá a los ciudadanos sufriendo los efectos de la malversación de los recursos públicos y la consecuente ineficacia de los servicios básicos que debe prestar el Estado.
Pero lo que viene a complicar aún más el momento, es la resistencia del presidente Pérez Molina a presentar su renuncia, ante las nuevas evidencias compartidas una semana atrás por MP-CICIG.
Su mensaje fue autoritario y confrontativo, y su perdón se notó plástico y conveniente, con el fin de equilibrar sus demagógicos ataques al empresariado y a la comunidad internacional. Se conoce que ya hay intentos de movilizar masas para que le manifiesten públicamente su apoyo, lo que muestra su indiferencia a las demandas ciudadanas y una clara irresponsabilidad al alimentar posibles confrontaciones.
Ciertamente los operadores de La Línea tenían su contraparte en el sector privado, que habría incurrido en ilegalidad, pero olvida el gobernante que, al funcionario público, el pueblo le paga para velar por la legalidad y la eficiencia institucional, de manera que no podría haber corrupción empresarial si esta no fuera habilitada por las mafias del poder, que no solo corrompen (porque se sabe que en muchos casos chantajeaban a los empresarios), sino traicionan la confianza obligada en el ejercicio del cargo público.
Su mensaje también hizo alusión a la comunidad internacional y a los medios de comunicación, reiterando con ello su rabia ante el avance de una justicia imparcial e independiente y su desprecio por la expresión ciudadana ante la confirmación de sus vínculos con la grotesca mafia denominada La Línea y la inoperancia de su gestión. Ya mucha agua ha corrido bajo el puente, con la constante burla del propio presidente y demás funcionarios a la Constitución Política de la República, particularmente ofensiva ante la ignorancia al contenido del juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
En las circunstancias actuales, el presidente tendría que renunciar, pero, luego de escucharle, resulta poco probable. Solo queda ver, exigir y esperar que al menos por esta vez se le retuerza la vergüenza a un número suficiente de diputados del partido Patriota y de Líder, para ablandar un tanto sus trayectorias turbias, y lograr a la brevedad que el Congreso reúna los 105 votos requeridos para retirar la inmunidad del gobernante.
Ya no cabe la flexible comprensión para cuatro meses más de una Presidencia que no preside ni representa la unidad nacional. Tocaron fondo, vaciando su mandato de toda legitimidad, al sumarse las evidencias de su participación activa en la defraudación de los recursos del Estado y las frecuentes violaciones a la Constitución, que ya deben haber colmado cualquier tolerancia institucional.
El presidente de la República debe recordar que los funcionarios están al servicio del Estado y no de partido político alguno y que tiene asignada la función de proveer a la defensa y a la seguridad de la nación, así como a la conservación del orden público.
Si a lo anterior se agrega la solicitud de antejuicio planteada por el MP-CICIG contra el presidente, con base a nuevas evidencias de su participación en la red, no cabe ninguna duda que el gobernante ya no es idóneo para ocupar el cargo y que debe renunciar.
Pero debemos también señalar que si no se logra una depuración de los candidatos a la Presidencia, a dipu-taciones y también a las alcaldías, los guatemaltecos sufriremos otros cuatro años de batallas estériles, de deterioro institucional y nacional, ante el desvío de recursos hacia los bolsillos de estas figuras inaceptables.
Se sabe que hay inscritos candidatos que, para asombro de las comunidades, han dejado una trayectoria de ineficacia y de corrupción que ya los retrata como no idóneos para ser electos. Esa gama de figuras corruptas, que desconocen e ignoran el compromiso que conlleva el ejercicio de la función pública, son candidatos que atemorizan a los pueblos al proyectar una imagen empañada por la agresividad, la soberbia, y las muestras de riqueza súbita que denota sus los vínculos con redes criminales asociadas con la narcoactividad. Son candidatos a quienes se debiera cancelar su inscripción.
Esto sucede especialmente en los municipios costeros, en donde cada vez proliferan más los nuevos ricos, que armados hasta los dientes adquieren terrenos y se pasean luciendo sus armas y sus costosos vehículos.
Surge así la demanda de la ciudadanía, para que en el marco del art. 121 de la LEPP, el órgano supremo en materia electoral adopte las decisiones que salven a los guatemaltecos de la continuada autoridad de esos poderosos mercachifles de la política, que han sumido a la población en una situación desesperada.