Marta Altolaguirre L.
Desde el pasado martes 19, se celebra en Nueva York, una Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), con el fin de emprender un nuevo debate sobre el sistema internacional dirigido a la fiscalización y combate a las drogas.
En la sesión participa la Comisión Global de Políticas sobre Drogas (IDPC) creada en 2007. Su principal objetivo va dirigido a evaluar los resultados de las políticas asumidas por los Estados y a abrir la discusión para buscar la manera óptima que cumpla con la protección a la vida y la salud de los habitantes.
Esta Comisión la integran personalidades destacadas como los expresidentes de Colombia; César Gaviria Trujillo, de Brasil, Fernando Henrique Cardozo; de México, Vicente Fox Quesada y Ernesto Zedillo; escritores como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, el financista Warren Buffet y otras personalidades y expertos que integran la institución.
Cito buena parte del texto de la carta, porque su contenido lo considero acertado y necesario, especialmente para Guatemala, como país afectado por las bandas de narcotraficantes, y el cual se ha esforzado en implementar políticas y acciones que no solo han sido inefectivas, sino tremendamente costosas para sus ciudadanos.
La pérdida de vidas y la inversión de recursos en intentos fallidos contra los narcotraficantes, sumadas a la corrupción extendida en el sector público, han multiplicado la incapacidad del Estado para proveer los servicios básicos a la población. Y es que la práctica de la política establecida obliga a las naciones afectadas, a desviar sus recursos tan necesarios para cubrir la prestación de servicios a la comunidad —como salud y educación—, para atender la batalla en oposición a esas bandas, contra las cuales tampoco tienen posibilidad de alcanzar un éxito sostenible ante los enormes recursos con los que cuentan los capos de la narcoactividad.
La carta enviada al Secretario General de la ONU, señor Ban Ki-moon*, solicita que haga un llamado global para reformar el sistema internacional de control de drogas e indica que: El régimen internacional de control de drogas, surgido durante el siglo pasado, ha demostrado ser desastroso para la salud global, la seguridad y los derechos humanos. Centrado exclusivamente en la criminalización y el castigo, el sistema creó un mercado ilícito extenso, responsable por el enriquecimiento de organizaciones criminales, la corrupción de gobiernos, el crecimiento de una violencia explosiva, la distorsión de mercados económicos y el debilitamiento de valores morales básicos.
En tal sentido, cabe afirmar que si algún país ha sido víctima de semejante fracaso ha sido Guatemala, que con el paso de los días y los años ha sufrido los embates crecientes del crimen organizado, precisamente fortalecido por un incalculable poder económico, que también ha tomado control de espacios territoriales e incidido a través de la compra de voluntades de personajes incrustados en los poderes del Estado.
Asimismo, como bien indica la carta, cae por su peso que los riesgos en el uso de drogas prohibidas y utilizadas en condiciones de secretividad, han multiplicado enfermedades que podrían evitarse si se regularizaran locales específicos y supervisados para la aplicación de las drogas, lo que a la vez, permitiría el acceso a los usuarios o adictos para implementar programas de disuasión y tratamiento.
La humanidad no puede permitirse continuar apoyando una política de drogas tan inefectiva y contraproducente en el siglo XXI, como lo hizo a lo largo del siglo anterior. Se necesita una nueva respuesta global para las drogas, basada en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos.
De nuevo señalan aspectos puntuales, supuestamente valorados por los Estados, pero que en el caso de las drogas, se revierten los valores expuestos, formulándose presiones extremas en favor de la represión.
[…] Los esfuerzos por controlar las drogas nunca deben causar más daños que beneficios, o provocar más daños que el propio abuso de droga […].
Nuestro país está en la mira, y muchos ciudadanos consideran que ser decente y correcto, precisamente, obliga a sostener la criminalización de las drogas, aun cuando ellos mismos incurran en el consumo de alcohol, pastillas para dormir, etc.
La propuesta de esta Comisión sería una forma de enfrentar la tragedia de la drogadicción y las repercusiones destructivas que provoca; pero aflige que Guatemala y los países centroamericanos, tengan vedada cualquier reforma que modifique el enfoque desde la visión criminal hacia una política que aspire a salvar a la juventud de la esclavitud a la que quedan atados por el vicio de las drogas.
*Índice Político, Internacional. Mexico, 15 abril, 2015