La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Icela, informó este viernes de que una docena de candidatos electorales para las elecciones federales de junio han sido asesinados desde marzo en el país norteamericano.
Icela, quien presentó los primeros datos obtenidos gracias al plan de protección de candidatos y políticos durante el proceso electoral puesto en marcha por el Gobierno mexicano, agregó que 234 han denunciado amenazas o agresiones, mientras que 65 tienen escoltas federales o estatales.
Por sexo, de los 234 candidatos que han denunciado amenazas o agresiones, 133 son hombres y 101 mujeres, detalló. Además, para 113 candidatos se han valorado posibles medidas de protección y a 109 se les da seguimiento y atención por posibles amenazas o violencia.
Entre los asesinatos destaca el del candidato a regidor independiente a Tecate, Luis Roberto Don Feliz, o el del candidato a diputado local por el Partido Verde en Tamaulipas, Gerardo Rocha. La Fiscalía ya ha emitido órdenes de detención contra los presuntos responsables de sus muertes.
De acuerdo con las cifras oficiales, las peticiones de seguridad han ido en aumento conforme avanza el proceso electoral. «Tenemos la instrucción de proteger a quienes se encuentren amenazados por el crimen de cuello blanco u organizado», dijo Icela en la rueda de prensa diaria del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
«A los aspirantes les decimos que no están solos, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y otras dependencias estamos trabajando en conjunto con gobiernos locales a favor de la seguridad», insistió.
Plan de seguridad
A principios de marzo, cuando el Gobierno presentó su plan de seguridad, Icela ya alertó de que el crimen organizado «impone, quita, mata, presiona, coopta y chantajea» a candidatos electorales en nueve estados del país norteamericano –Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Baja California–, algo que pone en peligro las elecciones.
El 6 de junio están en juego más de 21,000 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados federales; 15 cargos de gobernador; 1,063 cargos en congresos locales; 17,000 en ayuntamientos; y más de 1,900 presidencias municipales, que es el sector donde se percibe más riesgo.
El plan del Gobierno de López Obrador, concebido para que los comicios se celebren de forma «limpia» y «libre», prevé proporcionar protección voluntaria a los candidatos y garantizará, además, que no se produce una intromisión por parte de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.