En una casa encaramada en una colina boscosa en el corazón de Alemania, Jörg Sprave construye sofisticadas ballestas y tirachinas… mientras defiende los derechos de los YouTubers contra los gigantes digitales.
En solamente unos años, este habilidoso hombre de 54 años ha hecho de su pasión por los lanzadores de proyectiles artesanales su actividad profesional, gracias a sus videos compartidos con sus 2.4 millones de suscriptores en YouTube.
Pero ante la disminución en los ingresos pagados por la plataforma estadounidense, Sprave se enorgullece de haber logrado federar a más de 26,000 usuarios de YouTube, con el inesperado apoyo del poderoso sindicato alemán IG Metall.
Aunque no estuviesen entre los más vistos –influyentes en la jerga–, muchos de estos YouTubers pudieron vivir de sus grabaciones hasta no hace mucho tiempo.
Sprave, quien por un tiempo tuvo casi 6,000 euros en ingresos mensuales, ahora apenas suele recibir unos 1,200.
YouTube, cuyo modelo de negocio se basa en anuncios publicitarios exhibidos antes o durante los videos, comparte estos ingresos con los creadores más populares, considerados como «socios».
Entre 2012 y 2017, «éramos completamente libres en nuestro contenido y eramos pagados sistemáticamente por lo que hicimos, siempre que tuviéramos gente que nos miraba», recuerda Sprave.
Reglas opacas
Pero después de haber sido cuestionado en 2017 por anunciantes que vieron sus publicidades asociadas con videos con contenido que podrían ser catalogados como mensajes de odio o conspirativos, YouTube paga significativamente menos por los videos considerados «controvertidos».
Sprave, algunos de cuyos videos han conocido este destino, lamenta la falta de «transparencia» en las nuevas reglas y la falta de un contacto en YouTube o su propietario, Google.
Es aquí donde aparece el sindicato IG Metall, atento a las formas de trabajo que nacen con la tecnología digital, y ansioso por «involucrarse desde el principio» en la regulación de estos nuevos estatutos, según uno de sus líderes, Robert Fuss.
Sprave dice por su parte que lucha porque «le gusta YouTube» y teme «que los errores de gestión pongan en peligro la plataforma».
Sin embargo, en octubre, Google se negó a reunirse con el neosindicalista, argumentando que no era representativo de los Youtubers.
En respuesta los activistas inundaron con cartas la sede de la compañía en California, pero sin resultado.
Pero los videastas descontentos tienen más de una bala en la recámara y algunas podrían costarle «muy, muy caro a YouTube», explica Robert Fuss.
En primer lugar, tienen la intención de invocar el Reglamento europeo de protección de datos (RGPD) para exigir a la empresa que transmita los criterios de calificación que controlan los ingresos publicitarios de cada video.
¿Empleados de YouTube?
Una segunda estrategia apuntaría a reclasificar su estatus legal, dados sus estrechos vínculos con la empresa y si los tribunales los consideraran asalariados, YouTube debería pagar retroactivamente sus contribuciones a la seguridad social.
«Hay una nueva clase de trabajadores, llamada ‘independiente’ por las plataformas, pero que no tratan con ellos en pie de igualdad», argumenta Fuss.
La reciente ley californiana que clasifica a los conductores de Uber entre los empleados –añade– muestra una «creciente conciencia, entre los líderes políticos», de la necesidad de «proteger mejor a estos trabajadores».
En términos absolutos, «no queremos ser empleados de Youtube, sino ser tratados como verdaderos socios», matiza Sprave.
Del lado de Google, rechazan la posibilidad de un juicio. «Los creadores de contenido en Youtube no son empleados desde un punto de vista legal», dijo a AFP un portavoz de la compañía.
En noviembre la directora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, afirmó que cada vez más creadores están haciendo sumas anuales de «cinco o seis dígitos» en su plataforma, pero no proporcionaron datos específicos.
Según ella, los videastas de contenido también se benefician de otras fuentes de ingresos, como productos derivados que venden a los seguidores.
E incluso Wojcicki habló de «experimentos» realizados por la plataforma para encontrar anunciantes adecuados para los contenidos más delicados, que representaban «cientos de miles de dólares» de espacio publicitario vendidos en el primer mes.