El relator especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, pidió al Gobierno de El Salvador que deje de utilizar los tribunales como «arma política» y deje de socavar las decisiones tomadas por las cortes.
En un comunicado, García insta al poder ejecutivo a «respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de socavar su autoridad». Además, insiste en que las decisiones judiciales deben ser «aceptadas» y no «interpretadas por otros poderes del Gobierno».
«Los tribunales tampoco deben desacreditarse a los ojos del público utilizándolos como un arma para atacar a los miembros de los partidos políticos de la oposición», dijo en una intervención que se produce tras un largo conflicto entre los dos poderes del Estado, que se ha intensificado a raíz de una serie de comentarios por parte del presidente, Nayib Bukele.
García ha alertado a su vez de que el mandatario salvadoreño estaría tratando de presionar al poder judicial para acelerar los juicios contra figuras opositoras, por lo que expresa su preocupación al respecto, especialmente en lo referente al «acoso judicial contra Sigfrido Reyes y su familia».
FMLN
Reyes es miembro fundador del partido opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y fue presidente de la Asamblea Legislativa entre 2011 y 2015.
La Corte Suprema de Justicia ordenó al Fiscal General que abriera un juicio contra Reyes en julio de 2019 a pesar de que la Sección de Probidad de la misma Corte informó de que no había pruebas de enriquecimiento ilícito por parte de Reyes y su familia.
Asilo
Para escapar de esta persecución política, Reyes buscó protección en México, que le ha concedido asilo, recuerda García.
«Estos procedimientos judiciales no tienen ningún fundamento jurídico; parecen formar parte de una estrategia sistemática de persecución de los opositores políticos», ha lamentado.
En este sentido, señaló que a través de investigaciones y causas penales que tienen por objeto «intimidar, desacreditar y aniquilar políticamente a los partidos políticos de la oposición y sus dirigentes», el Gobierno parece tener el objetivo de silenciarlos. «Esto es completamente inaceptable en una democracia», ha manifestado.
«El uso de los tribunales como instrumento de acoso político no tiene lugar en la democracia de El Salvador», ha insistido el relator, que ha indicado que la «independencia del poder judicial está consagrada en la Constitución y en la ley del país, y es deber de todas las instituciones del Estado, incluido el presidente, respetar y observar la independencia de los tribunales nacionales».
Para él, este no supone un episodio aislado.
Así ha advertido de que «en los últimos meses parece haberse producido una serie de violaciones de la independencia judicial como consecuencia de declaraciones hechas en la prensa o en los medios de comunicación social por miembros del poder ejecutivo, en particular Bukele».
García ha hecho hincapié en que los jueces «deben ser libres de decidir los asuntos que se les presentan de forma imparcial, sobre la base de los hechos y de acuerdo con la ley, sin ninguna presión».
Carta de la Onu
El pasado 23 de septiembre, un grupo de magistrados y jueces de El Salvador acusaron ante Naciones Unidas a altos cargos del Ejecutivo y al propio presidente de incurrir en graves violaciones de la independencia judicial del país.
En una carta enviada a García, detallaron que Bukele «invocaba de forma constante desobediencia a las resoluciones judiciales, provocando pronunciamientos deliberados contra las autoridades judiciales».
La misiva reflejaba así que las supuestas violaciones de la independencia judicial por parte del mandatario han ocurrido «de forma sistemática en todo el entorno de la pandemia de COVID-19, en la constante desobediencia, incitación agresiva y amenazas contra los miembros de la Sala de lo Constitucional».
Asimismo, denunciaban que Bukele tiene como «estrategia» acusar de corrupción a los magistrados constitucionalistas, lo que «deslegitima la función jurisdiccional y pretende descalificarlos ante la opinión pública».
Análisis
- Los jueces consideran que uno de los más recientes ataques a la independencia judicial por parte de Bukele se produjo a principios de septiembre
- cuando un grupo de militares impidieron la entrada del juez de instrucción de San Francisco Gotera al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para inspeccionar una serie de archivos de documentos sobre la masacre de El Mozote.
La denuncia de los magistrados y jueces ante la ONU se producía cinco meses después de que le pidieran lo mismo al presidente Bukele.
En abril, solicitaron al mandatario cumplir con la orden de la sala de frenar las detenciones contra quienes incumplían la cuarentena por la pandemia.