El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destaca con frecuencia la eficacia de su operativo para poner freno a la violencia de las pandillas, realidad que coloca al país como uno de los más peligrosos del mundo, aunque analistas advierten que todavía es temprano para hablar de éxito.
Muy activo en Twitter y alentado por la aprobación que tiene en las encuestas, Bukele saca pecho al informar, por ejemplo: «Hoy no se ha registrado ningún homicidio», un dato excepcional en un país que apenas el 1 de junio -cuando asumió el cargo- registraba 10 muertes violentas por día, según cifras oficiales.
El mandatario lanzó su plan de seguridad en comunidades controladas por pandillas el 20 de junio y, según los datos ofrecidos esta semana por su ministro de Seguridad y la policía, los homicidios se redujeron más de la mitad: 3.8 por día.
Sin embargo, para el investigador universitario Carlos Carcach, «es muy temprano» para decir si la baja de los homicidios es resultado de las acciones del gobierno o parte de una evolución «natural» del fenómeno pandillero.
Una visión más comedida que el triunfalismo mostrado por el Ejecutivo.
«Estamos acorralando a las estructuras criminales que solo tienen dos caminos: la cárcel o la muerte», escribió en Twitter esta semana el ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas.
Tendencia variable
La tasa de homicidios en el país suele sufrir variaciones pronunciadas, como advierten los analistas. Durante su mandato, el presidente Mauricio Funes (2009-2014) rebajó de 60 a cerca de 40 los homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 y 2013, según datos de la ONU, gracias a facilitar una tregua entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18, las dos pandillas principales del país, nacidas en los años 1980 en Los Ángeles.
Su sucesor, Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), acabó con esa política y apostó por la mano dura. En su primer año completo como presidente, en 2015, se registraron 105 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, un 160% más.
«Hay que saludar la reducción de los homicidios en un período corto», reconoce a la AFP el analista y profesor universitario Roberto Cañas, aunque matiza: «Lo que tenemos que ver es si a la vuelta de seis meses o un año se vuelve tendencia sostenible».
Para Cañas, la variabilidad en la cifra de homicidios depende de «infinidad de factores», como la coyuntura y las medidas tomadas, ya sea mediante represión, pactos de tregua o controles en las cárceles.
Control territorial
El operativo de Bukele se centra en operaciones sorpresa de policías y militares en zonas dominadas por los 70 mil pandilleros del país, controles en carreteras y traslados de algunos de los 17 mil miembros de maras encarcelados a otras prisiones para cortar su comunicación con el exterior.
Para el analista político Juan Ramón Medrano, el giro que marca el nuevo plan de seguridad es que, además de la represión del delito, enfrenta el «problema grave de la falta de control territorial».
Ante este despliegue policial y militar, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos (no gubernamental), Miguel Montenegro, advierte que las autoridades deben tener «mecanismos de prevención» para evitar que los jóvenes sigan siendo reclutados por las pandillas.
También alertó que las autoridades, en el desarrollo de sus operaciones, deben evitar «estigmatizar a jóvenes» para no caer en «detenciones injustas».
En todo caso, la presión sobre las zonas controladas ha dado «un respiro» a muchas comunidades de las que los pandilleros han tenido que emigrar, reconoce Medrano, quien considera que esta lucha es de «largo aliento».
«Si tenemos 30 años de que (las pandillas) comenzaron a fortalecerse, a crecer y crecer, ¿cuánto tiempo nos va a llevar desmantelar ese fenómeno? Lo importante es que se empieza la tarea y que se continúe en el rumbo de no aflojar», subraya Medrano.