- Tradicionalmente es uno de los meses más relajados del año, principalmente por las fiestas navideñas. Este diciembre 2023 promete sorpresas… nada agradables por antidemocráticas.
La democracia es un bien que se debe cuidar y cultivar. Cuando no se atiende o se atiende mal, el resultado es que se pierden los principios y valores hasta el punto de un peligroso debilitamiento o su total destrucción. Tras vivir un noviembre de “paquetazo” en el Congreso de la República, Guatemala enfrenta ahora un diciembre lleno de nubarrones.
Análisis de Crónica
Las cartas están sobre la mesa.
A dos meses y medio del cambio de gobierno establecido constitucionalmente, el Ministerio Público (MP) intensificó en noviembre sus movimientos oscuros, mientras el Congreso aprobó de manera acelerada un “paquetazo” de acciones que iniciaron con la elección exprés de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), la aprobación del Presupuesto’2024 y el retiro de inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Tras cuatro años de sostener una mascarada para no elegir magistrados de la CSJ y de salas de apelaciones, los diputados lo hicieron en tan solo unas horas, para poner en marcha una estrategia que luce tenebrosa y apunta a impedir o entorpecer la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo, ganador de la elección de segunda vuelta por un amplio margen de votos.
Eso sí, antes de la elección recibieron instrucciones directas de Miguel Martínez, el más cercano personaje al presidente Alejandro Giammattei, de acuerdo a fuentes del propio Congreso, quienes le vieron ingresar al edificio parlamentario.
Luego vino una seguidilla de antejuicios a los que la CSJ dio trámite y el Congreso conoció con una celeridad impresionante. En pocos días se integraron las comisiones pesquisidoras para quitar inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo y a varios magistrados del TSE, algunos de los cuáles recurrieron en amparo a la CC y fueron protegidos por la resolución del alto tribunal constitucional.
Elecciones en la mira
Los magistrados que quedaron en manos del oficialismo y sus aliados en el Congreso fueron Ranulfo Rojas, Elizabeth Palencia, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, quienes tuvieron pocas opciones de defensa, pues la comisión pesquisidora solamente necesitó pocos días para concluir que había que retirarles la inmunidad. La premura del tiempo se debió a que, si no se hacía antes del 30 de noviembre, el Congreso entraba en receso y ya no se podía utilizar su caso por parte del MP en diciembre.
Hoy, los magistrados han salido al exilio, pues se conocía la intención del MP de obtener una orden de captura en su contra y proceder contra ellos, pues se contaba con la complicidad del juez Fredy Orellana para dictar la aprehensión.
Si bien el caso trata sobre la supuesta corrupción en la compra de una plataforma digital para trasladar datos, lo que en realidad se busca es el pretexto para hablar nuevamente de un fraude inexistente y, eventualmente, hacer que se declare la nulidad de las elecciones, lo que llevaría al país a un auténtico caos e impediría que Arévalo asuma. Se consumaría entonces el golpe de estado judicial denunciado por el presidente electo hace meses.
El propio presidente de la pesquisidora, Enrique Montano (Unionista), denunció haber recibido amenazas y presiones para acelerar el procedimiento de antejuicio. Una de las partes acusadoras, la abogada Karen Fisher, dijo ante la comisión que había que hacerlo pronto, porque debía estar todo listo antes del 14 de enero, una fecha que no tiene que ver con cualquier investigación puramente penal si se tratara solamente de investigar la supuesta compra anómala.
La frase inoportuna de la profesional reveló que el fin no era solo perseguir el caso de corrupción, sino dar al MP elementos para actuar antes del cambio de gobierno.
En diciembre se espera también la reaparición del fiscal de la Feci, Rafael Curruchiche, quien advirtió a la OEA desde octubre pasado que presentaría las pruebas de un fraude electoral, aunque luego desapareció de la prensa y actividades públicas, en medio del Paro Nacional promovido por las organizaciones indígenas ancestrales, el cual reclama hasta la fecha la destitución de Consuelo Porras, el propio Curruchiche, y el juez Orellana, quien es el seleccionado para perseguir a magistrados y todos a quienes se les pueda imputar algo para fortalecer el caso.
El Presupuesto… por si acaso
En caso de que las circunstancias no permitan impedir que Arévalo asuma, el oficialismo y sus aliados se cubrieron las espaldas al aprobar el Presupuesto´2024 con toda clase de trampas, candados y demás, que complicarían en demasía, al menos, el primer año de la administración del grupo Semilla, que difícilmente podría cumplir con las aspiraciones de su plan de gobierno.
Los expertos, tanques de pensamiento y analistas, advirtieron a la Comisión de Finanzas del Congreso que no se diera dictamen favorable al proyecto de presupuesto por las ilegalidades y trampas que contiene, pero de nada valieron los señalamientos de todas las deficiencias que mostraba. La Comisión todavía incluyó modificaciones para hacer que lo que se aprobara fuera peor de lo que llegó.
Ni siquiera se tomaron en cuenta los puntos de vista de los enviados a la Comisión por parte del partido que debe convertirse en oficial. Luego el pleno, aunque tuvo que negociar con muchos diputados –en medio de rumores de pago por voto–, logró la deseada aprobación. Este sería, de acuerdo con algunas opiniones de oficialistas, el plan b, por si el 14 de enero Arévalo se convierte en presidente.
La respuesta de los prodemocracia
La premisa de los integrantes de la alianza oficialista contempla dos aspectos relevantes: 1) Se puede soportar la presión internacional –al mejor estilo de Nicaragua y Venezuela, que simplemente la ignoran– y se hará la correspondiente denuncia de “injerencia extranjera contra la soberanía nacional”; y 2) La reacción popular será débil en la ciudad por las fiestas navideñas y los grupos indígenas no tienen la fuerza suficiente y si es necesario se utilizará la fuerza.
Sin embargo, la primera reacción internacional que se ha producido llegó apenas unas horas después de que se quitara la inmunidad a los magistrados y se aprobara el Presupuesto: Estados Unidos sancionó fuertemente a la pareja del presidente, Miguel Martínez, señalado de recibir soborno por la compra de las vacunas Sputnik V, que representaron una pérdida de no menos de Q400 millones por su vencimiento por mala entrega de parte de los rusos.
El mensaje es claro. Se actuará en contra de los corruptos y antidemocráticos, como antes se ha hecho con cerca de 60 funcionarios, empresarios, magistrados fiscales y jueces, incluidos en la Lista Engel.
En el caso de Martínez, las sanciones son más severas, pues se le aplicó la Ley Global Magnitsky, que le afecta a él, sus empresas y propiedades en Estados Unidos de una forma muy amplia e incluso en Guatemala, pues se le cerrarán cuentas bancarias y tendrá otros efectos paralelos.
Este caso de las vacunas rusas fue denunciado por el diario elPeriódico en su oportunidad, pero el MP y Porras se negaron a investigarlo, a pesar de las claras evidencias de que la venta se hizo con sobreprecio y que Guatemala no tenía ningún tipo de garantías en la negociación. Las vacunas se pagaron aceleradamente de forma anticipada, algo inusual las compras del Estado.
El caso cobra mayor relevancia por tratarse de un acto en el que se lucró con la salud del pueblo en medio de la pandemia por covid-19.
Las fuerzas del pulso
Lo que veremos en diciembre y los primeros días de enero, es un choque entre las fuerzas de la corrupción y las que defienden la democracia y el Estado de Derecho.
La alianza oficialista se muestra aún poderosa, sobre todo, por el control de los tres poderes del Estado. Además, tienen el MP y la fiscal Porras como mazo para reprimir a los opositores.
Sin embargo, hay algunas de sus fuerzas que se ven debilitadas o dubitativos con todo lo que está sucediendo y está por venir. La alianza cuenta con magistrados, jueces, fiscales, partidos políticos, funcionarios, militares, mafias, estructuras criminales, empresarios y medios de comunicación. Sin duda es de gran poder.
Hay fisuras claras. Los magistrados del TSE que fueron afines se separaron antes, algunos empresarios empiezan a verse dubitativas. El sector azucarero teme que, en caso de concretarse el golpe de estado podría perder la cuota de Estados Unidos. Igual ciertos sectores de la industria, que estarían por ser sancionados como respuesta del principal socio comercial del país, así como de la Unión Europea y México.
El CACIF ha mostrado menos subordinación al oficialismo, pero hace falta que termine de definir si estará del lado del golpe de estado o de la democracia. Los analistas piensan que solamente los más radicales se sostendrán en apoyo al sistema político, pero lo ven, en todo caso, en una posición gallo gallina, buscando quedar bien con Giammattei y con los estadounidenses, aunque esto no sucederá.
Dentro del Ejército se teme que oficiales comprometidos con el oficialismo acepten participar en una eventual represión de la población, lo que les hace apartarse de esa línea y estar atentos a lo que suceda.
El presidente Giammattei se verá obligado a asumir una postura más definida y abandonar su papel de actor neutral. Las cortes, hasta ahora serviles, no podrán aparentar ser ecuánimes y legalistas, pues el sistema les exigirá más para consolidar la fachada legal del movimiento golpista y antidemocrático.
El peor momento de la democracia
Desde el retorno de la democracia en 1986, este es el peor momento que se ha vivido y también el más prolongado. Vinicio Cerezo superó tres momentos complicados. Un Paro Nacional encabezado por el sector empresarial organizado que se oponía a una reforma fiscal, y dos intentos de golpe de estado de grupos militares.
Luego vino el Serranazo, un golpe de estado que dio el propio presidente Jorge Serrano en contra del Congreso y las cortes (CSJ y CC). El pueblo y la comunidad internacional se opusieron y el mandatario tuvo que huir a un exilio dorado en Panamá. Después de eso hubo otras coyunturas difíciles, pero la democracia no pareció estar en discusión. Esta vez es diferente.
Actores importantes
Este es un recuento de actores que jugarán un papel importante en este diciembre negro:
ANTIDEMOCRÁTICOS
- El presidente Giammattei, con su compañero Miguel Martínez.
- La fiscal general Consuelo Porras y sus subordinados.
- En el Congreso: los diputados Shirley Rivera, Manuel Conde y Allan Rodríguez, pero también los jefes de bloque de los partidos aliados.
- Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
- Los jueces comprometidos como Fredy Orellana.
- La televisión oficialista: Canales 3-11-7-13, Canal Antigua, y algunas radios.
- El sector empresarial del CACIF.
- El ejército.
POR LA DEMOCRACIA
- Las autoridades indígenas ancestrales.
- Las organizaciones populares.
- Estudiantes universitarios.
- Ciudadanos democráticos.
- Prensa independiente.
- Departamento de Estado de Estados Unidos.
- México.
- Unión Europea (UE)
- OEA
- Jueces y magistrados independientes (…sí los hay)