Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá mantienen una disputa sobre la finca El Alto
Varios muertos, alta tensión y constantes enfrentamientos es el resultado de un centenario conflicto territorial, que no se ha logrado resolver entre los pueblos de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá (Sololá), los que mantienen en disputa la propiedad territorial de la finca El Alto,de 10,830 metros cuadrados, situada en colindancia con ambas comunidades
Los choques armados, con saldo trágico se han repetido en los últimos años, cuando el enfrentamiento entre comunitarios se ha vuelto algo común, sin que las autoridades nacionales puedan encontrar un punto de entendimientos y los estados de Sitio decretados repetidamente han mostrado que tampoco son la solución.
El último suceso trágico ocurrió el pasado fin de semana, con un saldo de 13 personas fallecidas en el enfrentamiento armado que se produjo, lo que provocó que el presidente Alejandro Giammattei decretara un nuevo estado de Sitio, el cual ha sido ya ratificado por el Congreso de la República y suprime garantías constitucionales para los pobladores de ambas comunidades en este momento.
Caso histórico
Ambos municipios formaban un solo territorio y pertenecían a Totonicapán, hasta el año 1790, cuando fueron separados por las autoridades de la época y recibieron títulos por un área aproximada de 218 kilómetros cuadrados cada uno, de acuerdo con el Diccionario Geográfico Nacional de 1983, en donde se consigna que no ha habido «una estimación correcta del área de cada uno de los municipios».
Sin embargo, el foco de tensión ha sido la mencionada finca El Alto, ya que las autoridades civiles e indígenas de los dos municipios reclaman su propiedad y presentan títulos de respaldo, lo que complica la situación.
El presidente Jimmy Morales también decretó un estado de Sitio para ambos municipios en 2019, pero duró pocos días por no ser aprobado por el Congreso. Sin embargo, se iniciaron mesas de diálogo que tampoco prosperaron.
Giammattei ha dictado con este dos estados de Sitio, pero los vecinos no están de acuerdo con esa fórmula y exigen que funcionen las mesas de diálogo.
De acuerdo con fuentes de la vicepresidencia de la República, hasta hace cinco meses funcionaba una comisión a cargo del vicemandatario, Guillermo Castillo, quien contó el apoyo del ministro de Agricultura, José Ángel López y Arnoldo Noriega, la cual había logrado ya un primer acuerdo y avanzaba –aparentemente– en la dirección correcta.
Sin embargo las negociaciones se entramparon con el cambio de la comisión por parte de Giammattei, lo que hizo que las tensiones subieran de tono, hasta llegar a la matanza ocurrida entre el viernes y sábado anteriores.
Las autoridades civiles demandan del Estado que se llegue a una solución definitiva delimitando con exactitud ambos territorios. La postura de las partes apunta a que la mencionada finca sea dividida entre las dos partes, aunque no parece claro que esta sea la solución definitiva.
Lo que sí ha quedado evidenciado en cada uno de los estados de Sitio que se han decretado, es que, si bien terminan los enfrentamientos armados por la presencia de la PNC y el ejército, esto no lleva a ningún acuerdo y la tensión vuelve al terminar el período decretado, en este caso, los treita días.
Fuentes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hacen ver que el estado de Sitio solo limita los derechos de las personas, pero no hace que avancen las negociaciones, sino que más bien vuelve a colocar las posturas de uno y otro municipio en un punto de intransigencia.