- Este es un resumen de los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante los últimos doce meses. El año 2025 está marcado por múltiples crisis que, de fondo, solo se han puesto en pausa y no se descarta que vuelvan a explotar después de la llegada del Año Nuevo.
Guatemala cierra 2025 con una sensación difícil de ocultar: el país vive en un paréntesis prolongado. Las promesas de renovación institucional del presidente Bernardo Arévalo chocaron de frente con un aparato estatal corroído por viejas resistencias, mientras el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras mantuvo una ofensiva judicial que marcó el pulso político de todo el año.
En los grandes temas —corrupción, pobreza, seguridad, educación, salud— el país no caminó lo suficiente. El Gobierno tuvo pequeños logros puntuales, pero la estructura de fondo permaneció casi intacta. Fue, en muchos sentidos, un año en pausa, sostenido por tensiones más que por avances.
A continuación, un recorrido narrativo mes a mes por los acontecimientos más significativos que definieron este 2025.
Enero — Mes de malos presagios
El año abrió con un fuerte rechazo popular al nuevo salario de los diputados, que prácticamente se lo triplicaron, alcanzando niveles superiores a los Q60.000 mensuales, mientras el trabajo legislativo es deficiente.
También se ven fricciones en la bancada oficial. El partido Movimiento Semilla seguía suspendido por orden del juez Fredy Orellana, lo que debilitaba su accionar legislativo y lo dejaba vulnerable frente a la oposición.
Un grupo de diputados rompió filas y semanas después se conformó el bloque Raíces, encabezado por congresistas que cuestionaban la conducción interna. El distanciamiento anticipó un rasgo que acompañaría a la administración Arévalo: gobernar sin un apoyo parlamentario sólido.
Mientras tanto, el MP intensificaba acciones, consolidando un clima institucional adverso para un Ejecutivo muy dubitativo en su actuar.
El 20 de enero llega Donald Trump a la Casa Blanca y de inmediato se anuncian medidas radicales en contra de los migrantes ilegales, situación que podría afectar a más de un millón de guatemaltecos en EEUU. El miedo a deportaciones masivas provoca un incremento desde enero en el envío de remesas, el cual continuará hasta el fin de año, alcanzando los USD25,000 millones a diciembre. Hay incertidumbre en comunidades que dependen de los dólares que les envían sus familiares
Febrero — Postergada ley ambiental
El Gobierno intentó poner en marcha la normativa para la clasificación de desechos sólidos (basura). Sobre el papel, una reforma moderna; en la práctica, un choque con la realidad: municipalidades sin recursos, recolectores preocupados por su supervivencia y vecinos que denunciaban falta de información, provocan que el Gobierno pueda imponer una ley que data de 2021.
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, defendió la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles, pero la resistencia municipal y social, sumado al mal manejo por parte de las autoridades ambientales, obligó al Ejecutivo a reconsiderar.
La ley quedó en pausa, y meses después su entrada en vigencia sería oficialmente postergada.
Marzo — Rumores en la cúpula
Marzo estuvo marcado por una narrativa inesperada: el posible distanciamiento entre Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
Ausencias compartidas en ciertos actos, silencios prolongados y el hermetismo del Ejecutivo alimentaron especulaciones.
El Gobierno salió a desmentir, pero la incomodidad era visible. Con el paso de los meses ambos reaparecerían juntos en actividades relevantes, especialmente en eventos internacionales, disipando los rumores, aunque la oposición aprovechó para destacar debilidades del Gobierno.
Abril — La USAC, conflicto interminable
El conflicto universitario volvió a la agenda. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó avanzar en los procesos internos que la administración del rector Walter Mazariegos mantenía estancados para la integración de un nuevo Consejo Superior Universitario (CSU). El rector ignoró el mandato y mantuvo su postura. Estudiantes y profesionales exigieron elecciones legítimas; la USAC vive uno de sus peores momentos de zozobra institucional. Arévalo evita intervenir directamente por temor de que, cualquier gesto suyo, sea aprovechado por el MP para abrirle otra causa.
Mayo — Más presión del MP
Consuelo Porras intensificó acciones judiciales contra funcionarios y actores vinculados a la lucha anticorrupción. El Ejecutivo denunció un patrón de persecución y pidió acompañamiento internacional.
La tensión entre el Gobierno y el MP se consolida como uno de los ejes centrales del año: dos legitimidades enfrentadas en un Estado dividido.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Gobernación alerta sobre un preocupante repunte de la violencia armada en zonas urbanas.
Junio — Violencia y deterioro institucional
En distintos puntos del país aumentaron los ataques armados, secuestros y disputas territoriales ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, reconoce que la presencia de estructuras criminales en áreas rurales seguía siendo un desafío enorme.
Julio — La huelga magisterial estalla
El líder del STEG, Joviel Acevedo, convocó a una huelga que paralizó una pequeña pero importante parte del sistema educativo del país.
Exigía mejores salarios y el mantenimiento de privilegios sindicales en la toma de decisiones del Mineduc.
La ministra Anabella Giracca se convirtió en el rostro de la resistencia oficial. Argumentó que el país la educación no se negocia y se opuso a ceder espacios al sindicato de maestros en la toma de decisiones. El conflicto escala y llega a una huelga de los maestros del STEG, con un plantón que duró varias semanas frente al Palacio Nacional.
El 29 de julio se cumplen tres años de la captura del periodista José Rubén Zamora tras una investigación espuria del MP para acusarle de lavado de dinero, causa que no se ha podido probar durante todo ese tiempo. Suspensión de audiencias, pérdida de expedientes y acciones de retraso por el MP para impedir su salida de la cárcel han marcado el caso.
Mientras, el MP y jueces cercanos a la fiscalía y grupos antidemocráticos, favorecen a exfuncionarios corruptos acusados por la antigua FECI de Juan Francisco Sandoval, un trabajo que contrasta con el que realiza con sesgo el fiscal Rafael Curruchiche.
Agosto — Giracca vence a Acevedo
Tras semanas de pulso, el Gobierno no cede. Giracca salió fortalecida y Acevedo debilitado.
La población reconoce que el Ejecutivo había defendido el interés público. Nunca antes Acevedo había claudicado en sus huelgas y protestas. claudicar en sus huelgas y protestas. Es la primera vez que una ministra le derrota. Acevedo es visto como un obstáculo para mejorar la calidad educativa del país, pues utilizaba su puesto para obtener plazas y que su voz fuera tomada en cuenta por las autoridades del Mineduc.
Fue una de las pocas victorias políticas claras del Gobierno en 2025, aunque algunos analistas anticipan que el conflicto volverá en 2026.
Septiembre — Mes patrio y críticas por red vial
Septiembre transcurrió entre las celebraciones patrias y un aumento en la presión de los entes fiscalizadores hacia el Gobierno. La falta de ejecución presupuestaria en ministerios clave se convirtió en el tema central de debate, reforzando la narrativa de un año en pausa donde los recursos estaban disponibles pero la gestión era ineficiente. Se destaca el tema por la falta de mantenimiento a la red vial, que el Ministerio de Comunicaciones no pudo atender adecuadamente.
Octubre — El mes de terremotos políticos
El día 11 de octubre se conoce la fuga de 20 reos de Fraijanes II, de la cuál nunca se supo exactamente cómo fue que ocurrió, se convirtió en uno de los golpes más severos del año para el sistema de seguridad y para el Gobierno. No fue solo el escape en sí —que expuso fallas de control, protocolos vulnerables y grietas operativas dentro del sistema penitenciario—, sino el mensaje político: en un país donde las cárceles suelen ser territorio disputado por redes criminales, el episodio reabrió la discusión sobre la falta de autoridad del Gobierno. La indignación pública creció por la sensación de impunidad y por la sospecha de complicidades internas, mientras se activaban operativos y se exigían resultados inmediatos.
El impacto llegó al gabinete. La crisis derivó en la salida del entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, convirtiéndose en una de las primeras consecuencias políticas directas de un hecho de seguridad en 2025.
Como si esto fuera poco, el MP presentó una solicitud de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo, aunque por un tema diferente.
La acusación se enmarcaba en el caso que el MP llamó Caso UNOPS: corrupción presidencial. Arévalo respondió con su declaración más fuerte desde la toma de posesión: denunció un golpe de Estado judicial en curso. La frase recorrió el continente.
Gobiernos, organismos internacionales y misiones diplomáticas expresaron preocupación y manifestaron su apoyo al gobernante. La OEA llevó a cabo una sesión de urgencia del Consejo Permanente, que respaldó la institucionalidad.
Fue el momento más tenso del año y el que dejó más claro que la disputa por el control institucional del país continúa abierta y que la confrontación entre Arévalo y Porras continuará el próximo año, pues tampoco hubo vencedor ni vencido.
Noviembre — El presupuesto 2026: realpolitik en acción
El Ejecutivo logró los votos necesarios para aprobar el presupuesto 2026, pero el costo político fue alto.
Para asegurar apoyos, pactó con bancadas que exigieron incluir obras y asignaciones que analistas denominaron “bolsones de corrupción”.
Arévalo justificó el acuerdo como necesario para evitar la parálisis administrativa; sus críticos señalaron que el oficialismo terminó utilizando las mismas prácticas que prometió desterrar.
El episodio reveló el peso del multipartidismo y las limitaciones del Ejecutivo para avanzar sin negociar con fuerzas alejadas de su proyecto.
Diciembre — Nahualá: el cierre más doloroso
El país terminó el año envuelto en una de las crisis más sensibles.
Comunitarios de Nahualá denunciaron que 13 pobladores fueron asesinados por el Ejército durante un incidente armado en la zona.
El ministro Marco Antonio Villeda afirmó que fueron 6 los muertos, producto de un ataque de grupos criminales contra un destacamento militar.
El entierro colectivo exhibió 13 féretros, profundizando la desconfianza.
Las autoridades ancestrales exigieron una investigación independiente.
El Gobierno negó la versión de masacre, pero la contradicción entre los relatos abrió una herida profunda, especialmente por el largo conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.
El episodio cerró un año marcado por tensiones, dudas y un Estado que aún no logra explicar convincentemente lo que ocurre en su propio territorio.
Entre crisis que no se cierran
2025 no resolvió los grandes problemas nacionales.
Las instituciones siguen fracturadas, la lucha anticorrupción continúa atrapada entre intereses enfrentados, el oficialismo gobierna con una fragilidad estructural y el MP mantiene un rol central en la disputa por el poder.
Guatemala termina el año sin grandes victorias estructurales, pero con múltiples señales de que los conflictos pendientes volverán a imponerse en 2026.
Por eso, más que un año de transformación, 2025 fue un año que tan solo deja las crisis en pausa.