La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) y la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) condenaron al Ministerio Público (MP) por la criminalización de fiscales anticorrupción.
La exmandataria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) Leily Santizo, fue capturada la mañana del pasado jueves por un caso bajo reserva. La unidad manifestó que se busca procesar a Santizo por su rol en la persecución penal del caso Odebrecht.
Además, también se giró una orden de captura contra la exsubjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Siomara Sosa.
Ambas organizaciones expresaron que las acciones del MP son un acto de intimidación y obstrucción al derecho de defensa y de hipocresía en el manejo de la reserva del caso.
“Se está poniendo en riesgo el ejercicio libre de la profesión jurídica y se está negando el derecho a la legítima defensa a los fiscales”, indicó Udefegua en su comunicado.
Mientras que FADS señaló que “se está señalando como crimen el libre ejercicio de la profesión del abogado y el uso de las acciones necesarias para asegurar el goce de las garantías constitucionales”.
Asimismo, refirieron que la persecución penal debe estar regida por los principios de la justicia, entre ellos independencia, objetividad e imparcialidad, “cuando estos quedan anulados, no se busca justicia, solo se busca satisfacer intereses personales o sectoriales”.
Agregaron que el predicamento en que se encuentra la exmandataria de la CICIG es similar al que experimentan jueces y fiscales en el exilio y quienes están en el país, “porque se trata de afectar con cárcel a quienes han participado y promovido el desmantelamiento de las estructuras de la corrupción y el crimen organizado; y han abierto brecha en la lucha contra los patrones históricos de impunidad”.
Por lo que condenaron las acciones antidemocráticas del Ministerio Público y demandaron al Organismo Judicial una resolución pronta, objetiva, independiente e imparcial de estos casos con motivaciones espurias.
Además, aprovecharon para demandar enfáticamente a la Comisión de Postulación de candidatos a Fiscal General, para el período 2022-2026, examinar a fondo a los aspirantes al cargo, para que las nominaciones garanticen la recuperación del rasgo independiente y democrático de la persecución penal en el país.