- El domingo 20 de agosto –dentro de apenas 10 días–, 9.3 millones de guatemaltecos están convocados a votar y decidir el futuro del país. En la papeleta habrá dos opciones de izquierda, la populista Sandra Torres y el socialdemócrata Bernardo Arévalo. Del voto de la mayoría depende si hay continuismo del sistema que ha imperado en el país durante los últimos años o se produce un cambio en la dirección política. Este es el análisis de Crónica.
El proceso electoral que vive Guatemala ha sido el de las íes, como lo describió Gabriel Medrano, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando dijo que ha sido incierto, insólito e inaudito.
La incertidumbre creada por el oficialismo luego de los resultados de la primera vuelta mantiene en zozobra el futuro de la democracia y, a pocos días del balotaje, el Ministerio Público (MP) insiste en su persecución contra el Movimiento Semilla, aunque parece poco probable que logre impedir la votación como pretendía junto al juez Fredy Orellana, quién intentó la cancelación de la organización política para impedir la participación de Bernardo Arévalo.
¿Acoso o persecución legal?
El Movimiento Semilla se convirtió en partido político en noviembre de 2018, luego de que el TSE, máximo tribunal en cuestiones electorales, verificara el cumplimiento de todos los requisitos legales que se requieren para la inscripción, entre ellos, la verificación de las firmas. El partido participó en las elecciones generales de 2019 y obtuvo 7 diputaciones.
Para las elecciones generales del 25 de junio, Semilla –como todos los partidos que participaron en la primera vuelta– realizó sus asambleas para proclamar candidatos de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos y nuevamente hubo una verificación del TSE, que las aprobó e incluyó en las respectivas papeletas.
Arévalo y Semilla no aparecían en la intención de voto de la mayoría de las encuestas, al menos no en las primeras posiciones, por lo que la noche de la votación la sorpresa general se produce cuando se confirma el segundo lugar, superando al menos a dos candidatos del oficialismo –Manuel Conde (Vamos) y Zury Ríos (Valor)–, pero detrás de otra de las aliadas al partido Vamos, Sandra Torres (UNE), perdedora dos veces en segunda vuelta.
De inmediato se ponen en marcha dos acciones: una de comunicación para desinformar sobre el partido y el candidato opositor, la otra seudolegal, para buscar mecanismos que pudieran impedir que Arévalo llegara a la segunda vuelta. El MP descubrió, ¡cinco años tarde!, la supuesta falsificación de firmas –una confirmada por el mismo partido las otras bajo investigación–.
Por esa única firma falsa comprobada, el juez Orellana, a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, ordena suspender la personería jurídica de Semilla, resolución ilegal, tomando en cuenta que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que no se puede suspender ninguna organización política una vez iniciado el proceso electoral.
Lo que se da desde el MP es acoso y no persecución legal. Ni siquiera se utiliza a la fiscalía de delitos electorales –como en todo caso correspondería–, sino que se utiliza a la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), que ha sido la encargada de acosar judicialmente a los opositores o críticos del oficialismo y la corrupción.
La acción del MP, avalada por los sectores más conservadores del país y los grupos que forman la alianza oficialista, produce una reacción en contra a nivel nacional e internacional. Esa presión, tras allanamientos y órdenes de captura espurios, permite que el TSE continúe con el proceso para la segunda vuelta como manda la ley.
Dos caminos: continuismo o cambio
La presión popular, sumadas a los fuertes mensajes de la comunidad internacional, con Estados Unidos, la Unión Europea (UE), la ONU y la OEA exigiendo el respeto a la voluntad popular y la democracia, hicieron que el oficialismo y el presidente Alejandro Giammattei cedieran –temporalmente– a su intención por impedir la llegada de un opositor a la presidencia de la República.
Aunque el MP no ha depuesto sus acciones, todo indica que el proceso llegará al día de acudir las urnas nuevamente, pero en el ambiente persisten dudas, sobre todo, luego de que trascendiera que Curruchiche y el juez Orellana, pretenden órdenes de captura para la totalidad de los directivos de Semilla por la firma falsa.
En todo caso, pareciera que es irreversible llegar al día de la votación, cuando los guatemaltecos tengan ante sí solamente dos opciones.
El partido de Sandra Torres ha sido uno de los principales aliados del oficialismo en el Congreso, aportando los votos necesarios para aprobar empréstitos y el Presupuesto de gastos de la Nación –con sus respectivas prebendas–, elegir juntas directivas y, principalmente, mantener inconstitucionalmente por más de tres años a los magistrados de la CSJ, uno de los bastiones del oficialismo y sus aliados para asegurar la impunidad, sobre todo, en los casos de corrupción.
La propia Torres y el partido se han beneficiado con fallos judiciales, lo que impidió que la organización política fuera cancelada y la candidata presidencial exonerada en casos de financiamiento ilícito y corrupción.
Ella representa el continuismo. De hecho, ha estado vinculada a la actividad política de manera continua desde que llegó al poder en 2008 con su entonces esposo Álvaro Colom. Aunque no fue nombrada para ningún cargo público, era reconocida como el poder detrás del trono y la persona que tomaba las decisiones del uso de los recursos públicos. Así lo denunció en el libro Rendición de Cuentas, el entonces ministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knigth, uno de los fundadores de Semilla y ahora en el exilio por la persecución del MP.
Luego, durante los gobiernos de Otto Pérez, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, la bancada de la UNE ha jugado un papel determinante por la influencia de Torres, al extremo de provocar un rompimiento interno, en medio de acusaciones de los ahora exmiembros de ese partido, que denunciaron incluso corrupción en la compra de votos de sus excompañeros.
En caso de ganar la presidencia, Sandra Torres llegaría con más poder que cualquiera de los gobernaste que le han antecedido, pues tendría bajo su control al MP, la CSJ, la CC, la PDH, la USAC, el IGSS, y hasta el deporte federado y olímpico. A ello hay que sumar que se prolongaría la alianza oficialista y controlaría el Congreso. Si bien se identifica como una política de izquierda, en realidad es más populista.
Por su parte, Arévalo representa el cambio y el antisistema. Se ha declarado a favor de respetar las libertades –prensa, empresa, organización, etc.–. Tiene como fortaleza estar en contra de la corrupción y la impunidad. Expone que su visión en promover mejoras socioeconómicas para la mayoría de los guatemaltecos, todo respetando los principios democráticos.
Ha sido diplomático y escrito varios libros. Actualmente es diputado al Congreso de la República y no ha promovido leyes a favor del aborto, matrimonio entre homosexuales, como se le acusa. Es hijo del expresidente Juan José Arévalo. Se ha comprometido públicamente a respetar la Constitución.
El apoyo del oficialismo “para Sandra”
Aunque al menos en apariencia, han disminuido los ataques judiciales contra Semilla, la estrategia del oficialismo sigue siendo la de hacer que el sistema de corrupción e impunidad se prolongue con la UNE y Torres. Para lograrlo se piensa volcar a su favor todo el aparato gubernamental y movilizar a los alcaldes de la alianza para que organicen e influyan para obtener votos para la candidata.
Esto, que no se reconocerá públicamente, se está estructurando en detalle, según ha podido confirmar a Crónicauna fuente vinculada con instituciones del Gobierno, en donde, asegura, hay ya directrices para que todos los recursos posibles se encaucen a favor de Sandra.
Para quienes siguen utilizando el término Pacto de corruptos, se puede decir que este es el Nuevo pacto, ya que el compromiso al que se ha llegado –según la misma fuente– es que, en caso de ganar, no habrá ningún tipo de persecución contra los funcionarios salientes, lo que les garantiza cuatro años de impunidad.
La campaña de desinformación
En el pasado se les llamaba campañas negras y estaban más enfocadas buscar el lado oscuro –real o ficticio– de los candidatos. Ahora, con la explosión de las redes sociales y los NetCenters lo que estamos viendo son campañas integrales de desinformación.
Desde el 26 de junio –un día después de la primera vuelta– se desató una intensa campaña de desinformación sobre Arévalo y el partido Semilla. Se ha indicado que se trata de un partido de izquierda radical y que el candidato presidencial pretende impulsar una serie de leyes para modificar leyes e incluso la Constitución.
Entre la desinformación se destacan los siguientes señalamientos sin fundamento:
– Se promoverá la expropiación de propiedades y empresas.
– Se legislará para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
– Se aprobará una ley a favor del aborto.
– Se abrirán las puertas al comunismo internacional.
En entrevistas a medios nacionales e internacionales, Bernardo Arévalo ha manifestado que nada de esto es cierto. Dijo que se respetará, como lo manda la Constitución, la vida desde su concepción, que no pretende ni él ni el partido legislar sobre el matrimonio entre homosexuales, aunque dijo que está favor de respetar las preferencias sexuales de las personas y a los homosexuales. Aclaró que no es comunista, por convicción democrática.
En lo que ha sido enfático, es que terminará con la asquerosa corrupción y combatirá la impunidad, promoviendo la independencia entre los poderes del Estado que, dijo, se ha perdido totalmente.
Indicó que, para diseñar una estrategia eficaz en la lucha anticorrupción, se dejará asesorar por exfiscales y jueces que han tenido que salir al exilio, pero que muestran una trayectoria en contra de este mal que tanto afecta a Guatemala.
También aseguró que, de ganar las elecciones, pedirá la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras señalada por diversos círculos en Guatemala y por el gobierno de Estados Unidos por ser una funcionaria corrupta y antidemocrática, razón por la que su nombre se incluye en la Lista Engel, en donde también están el fiscal Curruchiche y el juez Orellana.
Conclusión… ¿Habrá más?
En esta elección hay solamente dos opciones: o seguir igual y con lo mismo, aunque bajo otro partido político, o ir por el cambio, que siempre significa algún riesgo, pero difícilmente se puede caer más bajo de lo que ya se encuentra nuestra democracia, sin justicia, libertad de prensa ni libertad política.
Lo que no puede descartarse del todo es que, en caso de resultar ganador Semilla, el oficialismo agote sus opciones y se busquen salidas más radicales. La fuente de Cronica –muy bien informada–, asegura que se contemplan varias opciones, desde denunciar un fraude y buscar una salida democrática manipulada e ilegal, hasta promover lo que podría ser un golpe de Estado, para obligar a una repetición inconstitucional del proceso electoral en 2024. Todo puede pasar, están dispuesto a no ceder el poder, concluye el funcionario de muy alto perfil.