- El máximo intérprete de la Constitución peruana determinó en su fallo que el proceso contra el presidente en el Congreso quede sin efecto.
- El Legislativo recomendaba inhabilitar a Castillo por cinco años al deslizar la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
LIMA — El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes dejar sin efecto el proceso por presunta traición a la patria abierto contra el presidente Pedro Castillo en el Congreso. La decisión se debió a que acogieron un hábeas corpus planteado por la defensa legal del mandatario ante este organismo.
En el fallo del tribunal se establece que sea anulado el informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaba acusar e inhabilitar a Castillo por cinco años del ejercicio de la función pública, por haber insinuado la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia.
Además, se recalca que el documento elaborado por la mencionada comisión del Parlamento no solo es una afectación a los derechos, sino también una «lesión» a la institución de la Presidencia de la República en Perú.
“No se efectúa ninguna precisión sobre en qué medida las declaraciones del presidente de la República puedan ser subsumidas en el delito de traición a la patria. No se específica en qué medida el desarrollo de una entrevista, en la que el favorecido expresa opiniones oscilantes sobre la materia, puede constituir un acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o hacer independiente una parte de la misma”, se lee en el documento al que la Voz de América tuvo acceso.
En enero pasado, el presidente Castillo ofreció una entrevista al periodista Fernando del Rincón de CNN en Español. En la conversación, el ex maestro rural expresó que estaba dispuesto a “consultar al pueblo” si Perú le debía otorgar una ruta para que Bolivia pueda tener acceso al mar. “Es un clamor de Bolivia… Ahora nos pondremos de acuerdo, lo consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, apuntó.
Su declaración provocó que un grupo de abogados y congresistas de la oposición denunciaran a Castillo por haber infringido los artículos 32; 54; 110 y 118 numerales 1; 2 y 11 de la Constitución. Se presentaron como una prueba de que el mandatario reivindicó una salida al mar en un evento al que asistió como dirigente en 2018 en La Paz.
En los últimos meses se llamaron a audiencias en el Parlamento para que los acusadores y el presidente expongan sus argumentos de la denuncia que, al final, terminó siendo aprobada el pasado 11 de noviembre.
Antes de que fuese anulada por el Tribunal Constitucional, la acusación iba a pasar a la Comisión Permanente, órgano integrado por el presidente y los vicepresidentes del Congreso y los voceros de las bancadas, donde se iba aprobar y pasar al Pleno, la última instancia.
El Pleno está conformado por los 130 congresistas, donde se iba a evaluar dos escenarios: el antejuicio político y el juicio político. Con el primero se permitiría levantar la inmunidad presidencial de Castillo para que sea procesado por la Corte Suprema del Perú. Por su parte, el segundo escenario tiene tres sanciones: destitución, inhabilitación o suspensión. En este caso, solo se necesitarían 66 votos para sacar al maestro de la presidencia.
De esta forma, Castillo logra salir de la denuncia por traición a la patria que lo ponía en jaque. Sin embargo, el presidente de Perú afronta otra acusación de la Fiscalía General que ya ha sido admitida también en el Congreso por presuntos actos de corrupción durante sus 16 meses de gestión.
La tesis del Ministerio Público es que Castillo sería el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Aparte también están involucrados sus exministros Juan Silva (Transportes) y Geiner Alvarado (Vivienda), quienes serían sus lugartenientes de esta red criminal.
Castillo también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.