Editorial
Un gobierno de transición marca el momento en que se pasa de un estado o a otro, casi siempre después de una crisis política como la que estamos viviendo en Guatemala, producto del agotamiento y desgaste a causa de la corrupción del sistema de partidos políticos, que nos han llevado al punto en que se requiere de cambios radicales, si verdaderamente deseamos enderezar el rumbo del país.
El presidente Alejandro Maldonado tiene ante si la disyuntiva: cumplir con lo mínimo que le corresponde –mantener operando el aparato de Gobierno– o asumir el reto de las necesidades nacionales y aportar su mejor esfuerzo para dejar como legado las bases que puedan promover el cambio que se necesita.
Por supuesto que ‘tan solo’ mantener operando las dependencias gubernamentales no es tarea fácil –prueba de ello, la crisis financiera, lo sucedido en Presidios, y la reorganización de autoridades–, porque la situación que se ha vivido ha creado un virtual caos que arrastra múltiples secuelas y problemas que se deben atender en diferentes instancias y niveles.
Cierto es que muchas veces, lo urgente hace que lo importante quede relegado, pero en este caso hay que destacar que el país demanda que se aprovechen al máximo los cuatro meses que tenemos por delante. ¿A qué nos referimos? Pues sencillamente a que este Gobierno puede dejar un legado muy importante si impulsa las reformas y cambios de fondo que se necesitan para superar este momento tan oscuro.
No hay que perder de vista que si no se cambia el sistema de partidos políticos –por medio de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos–, de poco servirá todo el esfuerzo ciudadano que hemos visto, porque la clase política sabrá recuperarse de este mal momento, para retomar el poder que parcialmente ha perdido.
Otro cáncer que hay que atacar, es el de la corrupción, y en esa dirección se pueden hacer dos esfuerzos fundamentales: una nueva ley de compras y contrataciones, y la depuración de las empresas que prestan servicios o son proveedoras del Estado. Dos tareas vitales que, bien elaboradas, servirán para que la administración que asuma el 14 de enero encuentre un aparato más transparente.
Y finalmente, la reforma al Servicio Civil, que requiere también de nueva ley, ya sea reformada o redactada de nuevo.
La propuesta debiera ser que se saque del Congreso la discusión de estas tres leyes –de Partidos, de Compras y Contra-taciones y del Servicio Civil–, para que los proyectos sean discutidos, bajo el liderazgo del Gobierno de Maldonado, por expertos y la sociedad civil, con el fin de entregar las iniciativas de ley al momento de concluir la transición.
Ese sería un legado verdaderamente importante y trascendente. En Chile, por ejemplo, el Ejecutivo creó una comisión de notables y expertos, incluso algunos extranjeros, quienes elaboraron el proyecto de ley de partidos políticos. Luego, el Con-greso la sometió para su aprobación.
Hay que tener presente que en la medida en que se deje menos discrecionalidad para cambios a los políticos, mejor puede ser el resultado. Por supuesto que el Congreso tendrá el poder de hacer modificaciones, pero la sociedad también tiene la fuerza –y calidad moral– para exigir que se apruebe una iniciativa que busca fortalecer la democracia y no mantener un sistema político que se ha visto inmerso en la corrupción.
Los gobiernos o autoridades de transición suelen preocuparse únicamente de mantener la parte operativa en el mejor nivel posible y no buscan ni provocan grandes cambios. Esto suele ser comprensible y, de hecho, es lo que se espera de ellos casi siempre. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es evidente que si no se aprovecha esta oportunidad, el país y los guatemaltecos podríamos ver que no se producen los avances y cambios necesarios.
No hacerlo es concederle también a esa caduco sistema de partidos políticos el chance de mantener una posición dominante en la que no se respeta al pueblo, sino más bien, se mantienen los privilegios, componendas y el acceso a la corrupción y a promover la impunidad.
Muy pronto sabremos si se escoge el camino de lo mínimo o se busca responder al clamor ciudadano.