El Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (SIGA) desocupó sus oficinas centrales ubicadas en la zona 10 capitalina; después que la Procuraduría General de la Nación (PGN) indicará al Ministerio Público que no existe fundamento legal para que el Estado de Guatemala haya otorgado Q270 millones a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU).
Por medio de un oficio que la PGN envió a la Fiscalía Contra la Corrupción, estableció que no existe fundamento legal para que el Estado de Guatemala haya otorgado Q270 millones a la AEAU; fondos que sirvieron para la compra del equipo en la implementación de un sistema prepago en el transporte colectivo, el cual se le conoce como Transurbano, que pertenece al Siga.
Las según explicaciones de guardias de seguridad, en las oficinas centrales ubicadas en la 12 calle avenida reforma zona 10, desde la semana pasada se inició con el traslado de todo el personal y mobiliario.
Sin embargo, no se explica motivo del trasladó, por lo que usuarios exigen una respuesta tomando en cuenta que no se tienen letreros ni carteles indicando donde estarán ubicadas las nuevas oficinas.
El análisis jurídico que presentó la PGN señala que no existe una normativa específica que faculte al Estado a entregar dinero a una empresa privada para que invierta, ya que estas tienen fines eminentemente lucrativos.
Según la Procuraduría el pago de sueldos y alquiler del inmueble donde funciona el equipo del Transurbano le corresponde a la AEAU, porque la Constitución de la República y otras leyes ordinarias no le permiten al Estado sufragar ese tipo de gastos a empresas privadas.